Retorno del Wayna Bus: La Alcaldía alista la rehabilitación de 16 buses municipales
La alcaldesa Eva Copa anuncia otro proceso contra Soledad Chapetón.
La flota de 60 Wayna Bus fue parqueada desde abril de 2021 en un garaje de la zona Santa Rosa, en el Distrito 1 de El Alto.
Imagen: gamea
Tras dos años de paralización del servicio de los Wayna Bus, la Alcaldía de El Alto anunció la rehabilitación de las operaciones con solo 16 de los 60 buses. Los restantes 44 presentan desperfectos. En nueve años, la subvención alcanzó a más de Bs 82 millones.
El anuncio se realiza en medio de protestas de los vecinos por la nivelación de los pasajes y el cuestionamiento al gobierno municipal sobre la falta de funcionamiento de los buses municipales.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, responsabilizó a su antecesora, Soledad Chapetón, por la falta de mantenimiento de la flota, lo que derivó en su deterioro. Afirmó que la Alcaldía no cuenta con recursos para la reparación de los motorizados ni para la subvención que requiere para operar.
Desde el resecamiento de llantas hasta el desgaste de la carrocería por el sol y la lluvia, además del deterioro de los motores, los vehículos requieren reparación técnica con una inversión de al menos Bs 21 millones.
El secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares, explicó a La Razón que en reunión de gabinete se analizó los informes de auditoría que dejó la anterior gestión local y los elaborados en la actual administración, y con el resultado de ambos decidieron iniciar los procesos penales contra la exautoridad, aunque no especificó estos resultados.
“No han hecho el mantenimiento a estos buses, los han dejado a su suerte”, afirmó.
Balladares afirmó que en el informe que dejó la exalcaldesa se menciona que el servicio de transporte era insostenible y fue el motivo para dejar los buses guardados en un garaje de la Subalcaldía del Distrito 1, en Santa Rosa.
Adelantó que la actual gestión municipal pondrá en funcionamiento 16 buses a través de rutas estratégicas y una inyección de recursos propios para el mantenimiento y puesta en marcha.
“Estamos proyectando la cobertura de rutas estratégicas; por ejemplo, de teleférico a teleférico y del teleférico a la Terminal Metropolitana, a Senkata y a San Roque. Serán rutas que no afecten las rutas del transporte público”, explicó Balladares.
Adelantó que el costo de los pasajes será de Bs 1,50.
SUSPENSIÓN.
El servicio fue paralizado el 28 de abril de 2021. Aquella vez, la Alcaldía de El Alto emitió un comunicado en el que alegó que la suspensión se debía al resguardo de activos por la etapa de transición, por el cambio de autoridades, y al cierre de descargos.
La flota de 60 buses fue adquirida en 2014 en la gestión del exalcalde Édgar Patana, con una inversión de Bs más de Bs 91 millones. En ese entonces se nombró a los buses como Sariri y cubrían ocho rutas. (Ver cuadro).
La gestión de Chapetón vio por conveniente el cambio del denominativo de los vehículos a Wayna Bus (Bus joven). Se alegó que el nombre de Sariri estaba registrado como propiedad de una entidad bancaria. De las ocho rutas en la gestión de Patana se redujo a solo tres.
Según un informe que solicitó la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Fabiola Furuya, a cuatro meses de funcionamiento los buses sufrieron daños; además, el costo de los pasajes de Bs 1,50 para adultos, Bs 0,70 a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, y Bs 0,50 a estudiantes era insuficiente para cubrir, incluso, el combustible.
En 2019, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de 21 personas, entre ellos concejales, exfuncionarios ediles de El Alto y la representante de la empresa brasileña CIBO que se adjudicó la venta de los 60 buses en 2014, por el presunto sobreprecio que superaba los Bs 12 millones.
En septiembre de 2013, la firma Fabros Motors se adjudicó la licitación de venta de la flota de 60 buses a un costo de Bs 72,6 millones (Bs 1.211.000 por unidad), empero el Concejo Municpal observó a la empresa y se lanzó otra licitación en la que CIBO se adjudicó la venta, pero con un costo de Bs 91,4 millones (monto unitario de Bs 1.524.233).
La Contraloría General del Estado revisó el proceso de licitación y detectó irregularidades, por eso interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público contra las 21 personas. El gobierno municipal y la Procuraduría General del Estado también fueron parte querellante.
De los 21 investigados, tres fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, dos concejales y un exdirector. El caso aún no está resuelto del todo.
Una ley permitirá la concesión de los buses
Ante la imposibilidad económica que tiene el gobierno municipal de El Alto para la reparación de los Wayna Bus y subvencionar el servicio, se alista una ley municipal para entregar en concesión el servicio a una empresa privada.
El anuncio fue realizado por el secretario de Gestión Institucional, Rury Balladares, quien sostuvo que al ser imposible la subvención del total de la flota de buses, el Ejecutivo municipal ultima detalles para presentar el proyecto de ley ante el Concejo para viabilizar la entrega en concesión.
“Estamos elaborando una ley municipal para dar el servicio en concesión para que una empresa privada pueda hacer funcionar el total de los buses”, sostuvo.
En tanto, la Alcaldía anunció el funcionamiento de 16 buses desde el siguiente mes.
El funcionario sostuvo que para las operaciones de los 16 buses municipales, la Alcaldía invertirá cerca de Bs 5 millones y que no afectarán al Programa Operativo Anual (POA) de los distritos.
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Explicó que el servicio será con “austeridad”; es decir, que se destinará el personal necesario para cada bus sin descuidar la calidad de atención a los usuarios.
Una inspección técnica realizada por las autoridades municipales fue determinante para evidenciar el estado de los buses municipales, que están inoperantes y con esas pruebas se anunció procesos penales contra la exalcaldesa Soledad Chapetón y algunos de sus colaboradores, ya que no hicieron el mantenimiento y los dejaron en abandono.
A través de la concesión se cederá los derechos a favor de una empresa privada para brindar los servicios de transporte público.
