Economía

martes 20 abr 2021 | Actualizado a 04:12

APG frena consulta sobre Río Grande

Pueblo guaraní paralizó la consulta porque se plegó a la marcha por el TIPNIS

Por La Razón

/ 20 de septiembre de 2011 / 05:00

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) paralizó la consulta indígena que permitirá a YPFB obtener la licencia ambiental para la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, Carlos Villegas, explicó anoche en Santa Cruz que la demora en la aprobación de la licencia ambiental afectará el cronograma de trabajo.

Dijo que esta situación podría representar un «alto costo económico» para la petrolera estatal. «Estamos haciendo gestiones con la APG para que nos permita y nos autorice iniciar las obras civiles. Hemos terminado el desmonte de los árboles de 12 hectáreas, ahora tenemos que hacer obras civiles, fundamentalmente movimiento de tierras», explicó.

De acuerdo con el cronograma de la Gerencia Nacional de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, el proyecto Río Grande debe ser entregado en diciembre del 2012. Al momento las obras registran un avance del 100% en cuanto a la validación de la ingeniería básica y 35,2% en la ejecución de la ingeniería de detalle, la que está a cargo de la empresa argentina Astra Evangelistas SA.

El complejo producirá cerca a 361 toneladas métricas diarias de GLP, alrededor de 350 barriles por día de gasolina natural y 195 BPD (barriles de petróleo por día) de isopentano. «Tenemos un retraso de horas, esperemos que las horas no se conviertan en días, semanas o meses, por eso solicitamos a través de los medios a la APG que nos permita iniciar estas obras», exhortó el presidente de YPFB.

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CEPB plantea mecanismos de articulación empresarial para enfrentar la crisis por la pandemia

Este lunes se inició el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará de manera virtual hasta el martes.

Por Yuri Flores

/ 19 de abril de 2021 / 16:32

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Luis Barbery, que participa del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra de manera virtual, planteó a las organizaciones internacionales de empresarios trabajar de manera conjunta en mecanismos de articulación para enfrentar la crisis económica debido a la pandemia del COVID-19.

“Hoy más que nunca se hace necesario implementar mecanismos de comunicación y articulación de programas conjuntos y experiencias exitosas, no solo entre los sectores público y privado de los países, sino entre organizaciones internacionales de empresarios que nos ayuden a enfrentar una crisis que pone a prueba todos los valores que hemos proclamado desde el inicio de la modernidad, pero especialmente aquellos que nos congregaron para crear este foro y los que suscribimos en 2015, en ocasión de adherirnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo en su intervención en el evento internacional.

El encuentro se celebra entre hoy y mañana en el Principado de Andorra, en Europa, y que este año tiene como lema: “Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.

Barbery señaló en su mensaje a los asistentes que “el encuentro de este año tiene una importancia particular, porque se realiza en medio del mayor desafío que ha tenido la humanidad en las últimas décadas y que debemos enfrentar unidos”.

En la cita empresarial que se realiza en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, participan más de 100 ponentes entre autoridades, presidentes de organizaciones empresariales, representantes de instituciones y empresas, además de expertos en diversas materias.

Los debates giran en torno a temas como la innovación empresarial como pilar para la recuperación; la sostenibilidad corporativa y las estrategias de creación de valor; la energía y la transición ecológica; la transformación digital y la industria 4.0: nuevos productos, procesos y modelos de negocio; el reto de la recuperación del turismo para la región; la resolución de conflictos en el nuevo paradigma de desarrollo sostenible; y la innovación y la tecnología como catalizadores para la igualdad de género.

El encuentro culminará con un Conversatorio con Jefes de Estado y de Gobierno, a quienes se entregarán las conclusiones de los distintos paneles. Como parte del programa, se ha planificado la realización de la XXXI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, y de la Organización Internacional de Empleadores, que este año versará sobre la situación económica y el papel de las cúpulas empresariales en el escenario de recuperación post COVID. (19/04/2021)

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Revilla: Sería muy peligroso hacer el censo de población cerca de un año electoral

El Gobierno aclaró que no existe ninguna definición de fecha para realizar el estudio y que el INE solo dio una sugerencia técnica para hacerlo en 2024.

Foto: APG

/ 19 de abril de 2021 / 16:14

El alcalde saliente de La Paz, Luis Revilla, sugirió este lunes al Gobierno realizar el censo de población y vivienda en 2022 y no en 2024, que está cerca de un año electoral y así correría el riesgo de sufrir una “distorsión” y confrontar a regiones del país.

“Creo que sería muy peligroso hacer el censo cerca de un año electoral porque entonces todo se va a distorsionar, no nos olvidemos que el censo es una información técnica, un instrumento para ver cómo el conjunto del Estado proyectará las soluciones y atender las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía”, dijo Revilla.

La polémica surgió cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que debido a la pandemia del COVID-19 durante 2020 existieron retrasos en la preparación del censo y que por esa razón se realizará mínimamente en 2024.

Pero el Gobierno salió a aclarar el viernes, a través de un comunicado del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población y Vivienda. “Yo personalmente creo que debe realizarse en 2022 y el Gobierno debería tomar todas las previsiones para que así ocurra cumpliendo la ley  que dice que debe hacerse cada 10 años y evitar mezclar el tema del censo en un momento electoral. Podemos generar confrontación entre las regiones de manera equivocada, creo que el censo debe hacer lo más lejos posible de un proceso electoral”, remarcó Revilla.

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Oscar Ortiz declaró en la Fiscalía por el caso Fundempresa en calidad de testigo

La exautoridad aclaró que él no firmó el cuestionado decreto porque ya no estaba en el consejo de ministros.

/ 19 de abril de 2021 / 13:20

Oscar Ortiz, exministro del gobierno de Jeanine Áñez, se presentó este lunes en la Fiscalía de Santa Cruz para declarar en calidad de testigo por el caso Fundempresa en el marco de una proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Ha concluido mi declaración como testigo; atendí todas las consultas del Ministerio Público e indiqué, primero, que el decreto que se está cuestionando no fue firmado por mi persona porque ya no formaba parte del consejo de ministros y, segundo, ese decreto tampoco llegó a aplicarse porque el presidente Luis Arce ya lo derogó varios meses antes (de que entre en vigencia)”, dijo.

El 15 de marzo, Lima presentó cuatro proposiciones acusatorias en la Fiscalía General del Estado contra autoridades del gobierno transitorio, para que se analice la apertura de juicios de responsabilidades, y entre ellas está el caso Fundempresa.

En este proceso, la proposición fue presentada porque el gobierno de Áñez, a través del Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió, según el Ministro de Justicia, de manera “irregular” la concesión del registro de comercio por 15 años adicionales en favor de Fundempresa.

“Vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y, subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo (…) la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no solo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215”, precisó entonces el Ministerio de Justicia, a través de una nota informativa.

Es así que “la proposición acusatoria se presentó contra la expresidenta Áñez y los exministros de Desarrollo Productivo, Abel Martínez y Adhemar Guzmán. (Pero) es difícil entender qué se está investigando porque (reitero que) el propio presidente Arce derogó el decreto que ampliaba la administración del registro de comercio (y ahora) Fundempresa seguirá administrando este registro hasta octubre de 2021 cuando vencerá los 20 años que había recibido como concesión, entonces, aquí se está haciendo un proceso por un decreto que ni siquiera se llegó a aplicar”, insistió Ortiz.

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La Fiscalía cita al exministro Parada por el polémico crédito del FMI en el gobierno de Áñez

La exautoridad tiene que presentarse en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a las 14.00 de este 19 de abril.

/ 19 de abril de 2021 / 12:25

El Ministerio Público emitió una citación para que José Luis Parada, exministro de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se presente este lunes a declarar en calidad de investigado por una proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima, por el polémico crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La citación, para que presente su declaración informativa la exautoridad, fue firmada por el propio fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, el 12 de abril, pero recién se conoció de manera pública en las últimas horas.

En el documento se precisa que el exministro debe presentarse “portando su documento de identidad u otro que lo identifique y acompañado de su abogado defensor (…) en dependencias de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz este 19 de abril a horas 14.00”.

Además, Lanchipa advierte que en caso de desobediencia se expedirá mandamiento de aprehensión. En la citación se da a conocer que en este mismo proceso están involucrados la expresidenta Jeanine Añez y el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte.

El 15 de marzo, el Ministro de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias en la Fiscalía General del Estado contra el gobierno transitorio de Áñez para que la Fiscalía analice la viabilidad de juicios de responsabilidades.

Una de ellas tiene que ver con el crédito de $us 327 millones del FMI, que Áñez y su equipo avalaron bajo el discurso de que los recursos eran necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus y el pago de un bono. Sin embargo, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) se opusieron y advirtieron que los recursos eran condicionados y que el préstamo era ilegal porque no tenía la aprobación de la Asamblea Legislativa.

El actual gobierno de Luis Arce (MAS) tomó la determinación de devolver el crédito. El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el préstamo le representó al Estado $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

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Gestora inició 10 procesos administrativos para detectar irregularidades de anterior administración

Durante el año pasado se vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones y por este hecho una persona está aprehendida en el penal de San Pedro de La Paz.

/ 19 de abril de 2021 / 11:05

La nueva administración de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició unos 10 procesos administrativos al interior de esa instancia con el objetivo de identificar hechos irregulares que habría cometido la anterior gerencia durante el gobierno de transición de la entonces presidenta Jeanine Áñez.

El gerente General de la Gestora Pública, Pablo Salazar, informó este lunes que una vez se tengan los resultados de esas auditorías las mismas serán remitidas al Ministerio Público para iniciar las acciones penales en contra de los responsables.

“Estamos en auditorías, tenemos procesos administrativos que, una vez los tengamos en la Fiscalía, los vamos a dar a conocer. Son como 10 procesos más o menos, algunos están en la parte final, están saliendo con diferentes tipos de sanciones”, dijo Salazar en entrevista con La Razón Radio.

La autoridad reiteró que durante el año pasado se vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones y por este hecho una persona está aprehendida en el penal de San Pedro de La Paz y otras cinco son investigadas, entre ellos el exgerente de la Gestora Pública.

Lamentó que esas irregularidades cometidas en 2020 hayan afectado al pago de la renta dignidad y gastos funerales de unos 122.000 adultos mayores.

Para resarcir ese daño, explicó que se toman las acciones necesarias en la Gestora para que no afecte al Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV). Estamos “haciendo negociaciones en la bolsa, trayendo inversiones a presente, entones si bien ha habido una pérdida en el Fondo se están tomando precauciones en el Fondo para no afectar al fondo y menos al pago de la Renta Dignidad”, apuntó. (19/04/2021)

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