En una edición de verano de la revista de la Universidad de Harvard para América Latina (2011), Raúl Peñaranda Undurraga (RPU) intenta explicar las Razones por las que se creó un nuevo diario en Bolivia. Bobinas, rotativa y iPad, a propósito de la apertura de Página Siete. Con el entusiasmo característico de un principiante, se manifiesta ilusionado por dotar a sus potenciales lectores de tabletas digitales (iPads) como nueva manera de ofrecer contenidos periodísticos. El plan contemplaba la venta anual de 10.000 unidades. A 10 años de esta expresión de deseos, indagamos sobre qué habría sucedido con este objetivo y llegamos a la conclusión de que la idea quedó en intención. Es decir, Página Siete, como todos los diarios de la actualidad, puede leerse en sus ediciones impresas o en sus ediciones digitales. No encontramos hasta ahora los iPads que proyectaba Peñaranda para el diario que con el transcurrir de los años se convertiría en uno de los más acérrimos opositores a los gobiernos de Evo Morales.

Lo que sí existe es información acerca de que ahora es delegado del alcalde de La Paz, Iván Arias, exministro de Obras Públicas del gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, refugio a través del cual decidió huir para adelante suspendiendo sus tareas como operador mediático monitoreado por sus auspiciadores del norte imperial. RPU figura en un “mapa de poder” (Sputnik, El extremo sur de la Patagonia, y otros sitios web, 4 de diciembre de 2019) elaborado por los investigadores Silvina Romano, Tamara Lajtman, Arantxa Tirado y Anibal García, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que está referido a quién es quién en la estructura que facilitó la instalación del régimen de facto presidido por Jeanine Áñez. Publicado en distintos portales, RPU aparece vinculado en la misma infografía a Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Jhanisse Vaca (Ríos de pie) y hasta al general Williams Kaliman; a Interamerican Dialogue, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), organización de los empresarios de medios impresos de Bolivia; a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y, por supuesto, que a Página Siete.

La investigadora Silvina Romano, entrevistada por Sputnik (5 de diciembre de 2019), se refiere a estas ligazones que caracterizan a los actores entre los que figura RPU: «Este mapa de poder del golpe en Bolivia muestra la vinculación entre instituciones locales, regionales, transnacionales y trayectorias personales. Es un trabajo del tipo sociológico y ayuda en este caso a comprender un mínimo porcentaje, una partecita de cómo operan estas instituciones vinculadas a las derechas a nivel local y transnacional cuando no están de acuerdo en la deriva política y económica de un Gobierno». Romano es especialista en el análisis de este tipo de golpes, continúa Sputnik. Cabe recordar que el primero en la historia fue el que derrocó a Jacobo Árbenz de la Presidencia de Guatemala en 1954. «Cuando hablamos del poder, hablamos de la toma de decisión para convencer en el plano ideológico y favorecer su reproducción, al financiarla en términos materiales», afirma. El mapa se construyó siguiendo los esquemas de financiamiento a partir de dos instancias gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que a su vez, financia a la Fundación Nacional para la Democracia, un órgano vinculado desde su creación en la década de 1980 a la financiación de contrainsurgencia y que aparece ahora detrás de organismos claves en la promoción del golpe contra Evo Morales”, según la investigación.

Este contexto informativo permite apuntar que este operador mediático ha utilizado durante la última década una cortina de humo para justificar la existencia de un supuesto periodismo independiente del que él formaría parte. RPU está vinculado al Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) —fue su director, luego de renunciar a la dirección de Página Siete— del que forma parte la empresarial Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, financiada por la NED (en castellano Fundación Nacional para la Democracia) y que se caracteriza por promover acciones enmarcadas en una concepción liberal de la democracia desde los Estados Unidos y efectúa tareas de inducción e instalación de matrices de opinión contra gobiernos progresistas a los que considera “autoritarios y populistas”. Digamos que lo suyo es injerencia en asuntos internos de países en manos de gobernantes revoltosos y desobedientes.

FALACIA

Ya tenemos que RPU usa el membrete de independiente. Y sobre esa falacia ha querido sostenerse durante estos tiempos de “proceso de cambio” y la emergencia del Estado Plurinacional de Bolivia pretendiendo demostrar la existencia de una supuesta “red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente” en un libro titulado Control remoto, que sería más apropiado renombrar como “Persecución de un operador mediático”.

A través de Control remoto (abril, 2014), RPU quiere convencer a un público desprevenido y desinformado, acerca de “la conformación de una red paraestatal”, cuando en realidad su pretendida investigación está orientada a ejercitar una sañuda persecución contra medios como el diario La Razón por ejemplo, al que le dedica todo un capítulo tomándose la libertad de señalar qué es y no es correcto acerca del rol de los medios de comunicación en la vida pública de las sociedades. Con este propósito, el autor dice que Evo Morales y Álvaro García Linera serían unos desagradecidos porque en su momento se habrían valido de los medios para alcanzar notoriedad en su posicionamiento político. Redacta un capítulo de autoalabanza con respecto de la existencia del diario Página Siete y termina acusando al gobierno de Morales de acosar al “diario independiente” que alguna vez soñó con regalarles tabletas digitales a sus lectores.

Sobre la red que supuestamente habría creado el gobierno de Morales tampoco se encuentran pruebas que permitan comprobar que efectivamente los sindicados por RPU alcanzaron niveles de coordinación editorial, informativa y de opinión. La premisa de partida resulta errónea y fácilmente refutable, aunque Morales hubiera deseado que efectivamente sucediera como afirma RPU, esto es, medios afines tachados de paraestatales con privilegios para acceder al pedazo más grande de la apetecida torta publicitaria gubernamental que a Página Siete le va resultando esquiva desde su fundación, en la medida en que juega un abierto papel opositor y desestabilizador, con ingredientes de manipulación informativa, en el entendido de que el gobierno masista amenaza la libertad de expresión, persigue periodistas y conculca el derecho a informar y a opinar sin ataduras.

Con solo examinar el registro de ataques, insultos, descalificaciones y frases discriminatorias y racistas, tal como lo demostramos en esta misma serie con el artículo Evo Morales y el aparato mediático antimasista (27 de julio de 2021), resultará sencillo comprobar que no ha habido en la historia de nuestro país, presidente más maltratado por quienes, precisamente como RPU, reniegan por una supuesta persecución y acallamiento a periodistas y medios. Todo ello en el marco del uso ilimitado de la libertad o el libertinaje de opinión, según se vea desde la esquina que convenga a cada quién.

Seis años más tarde de su fallida investigación, RPU insiste. Pregunta en uno de sus artículos firmados en Página Siete, ¿Dónde se fueron las utilidades de La Razón? (30 de julio de 2020), y asume de manera abierta e indisimulable el rol de fiscal anticorrupción o de autoridad financiera porque el 22 de septiembre de 2020, juega su credibilidad firmando que “Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado (UIF), al que tuvo acceso Brújula Digital (dirigido por RPU), establece que el Gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares, a través del programa Evo Cumple de los cuales 4,5 millones de dólares fueron transferidos a las cuentas del grupo Prisa en España por medio de la empresa Flaba Trading, de propiedad de Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, según el informe de la UIF (…) Otros 10,02 millones de dólares fueron a parar a las cuentas de Jordán Silva Tugues en Estados Unidos, asistente del empresario venezolano Carlos Gill, para la adquisición de la televisora ATB. Para ello, se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado (Flaba Trading y Estrategias Energéticas) (…) Las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década, hasta que cayó detenido en enero pasado, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado, luego, fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía, que sigue la investigación, canal que el Gobierno anterior adquirió mediante extorsión, según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher”.

La transcripción textual de la nota que firma RPU evidencia dos cosas: La primera es que sus relaciones con el gobierno de Jeanine Áñez eran óptimas, haciendo notar que gozaba de un especial afecto para recibir información exclusiva, y que lo constituye en un auténtico operador mediático paraestatal. El segundo aspecto es que publicar información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), tal como lo hizo Brújula Digital en este caso, implica una vulneración de la normativa, ya que ésta se rige por especificaciones de reserva y confidencialidad. De esta manera la persecución mediática del renunciado director de Página Siete y en ese momento responsable editor de Brújula Digital, se fusiona con una persecución financiera sin bases sólidas, tal como refuta La Razón en su edición del 28 de septiembre de 2020, que publica una extensa explicación con el título de Es totalmente falso que La Razón y Extra se hayan comprado con dinero del programa ‘Evo cumple’ y que  termina aplastando las fantasías de este operador que en el gobierno de transición siente poder ilimitado, creyendo que por fin está en condiciones de demostrar todo lo que no pudo en su fallido Control remoto. El persecutor no volvió a referirse al tema a partir de entonces. Su silencio resulta elocuente: El informe que utilizó no tiene asidero, lo que pone en evidencia que la UIF durante el gobierno de Áñez fue otro brazo de persecución y criminalización de las administraciones de Evo Morales y de quienes antojadizamante consideraba sus afines, complementada en este caso por persecución mediática.  

Con todo lo hasta aquí expuesto, ya no hay dudas acerca de que RPU desmiente con su conducta la existencia de un periodismo independiente, pero que además tampoco asume con seriedad sus tareas investigativas, ya que su libro está plagado de suposiciones, conjeturas y algunos delirios de algo que nunca sucedió: El establecimiento de un aparato de medios alineado al oficialismo masista. Las presuntas afinidades entre los medios nombrados jamás se materializaron en acciones corporativas y empresariales coordinadas. A sus rebatidas afirmaciones hay que agregar que los artículos de opinión de RPU contienen lecturas sobre el acontecer político boliviano plagadas de predicciones erróneas. La prueba más evidente de ello es una nota que lleva el título de Mesa y Áñez deben pactar para que el MAS de Evo Morales no vuelva el poder, que todavía puede leerse en el New York Times (17 de julio de 2020), pero ya no en Página Siete, que eliminó el texto de su archivo. El párrafo principal del artículo dice lo siguiente: “Después de haber sido pospuestas las elecciones dos veces ya este año debido a la pandemia, el país avanza hacia una situación similar a la ocurrida en la campaña electoral de 2019. Arce (candidato presidencial del MAS) marcha primero, escoltado por el expresidente Carlos Mesa (Áñez, afectada por la crisis sanitaria y escándalos de corrupción, está tercera). Arce podría incluso ganar en primera vuelta si logra 40% de apoyo y 10 puntos de diferencia con el segundo. Si Mesa no logra ocupar un claro segundo lugar, eso es posible y por ello necesita algún tipo de acuerdo con Áñez. Se cree que si pasa a una segunda vuelta vencería los comicios en esa fase”.

Hay un frondoso archivo sobre los enfoques periodísticos de RPU. Sobre su apología a una persona sentenciada por feminicidio por ejemplo (1) o sobre su gelatinosa argumentación acerca de ese ilusorio periodismo independiente con el que en realidad quiere esconder operaciones político mediáticas encubiertas. El párrafo arriba transcrito nos conduce a las siguientes preguntas. ¿Un pacto para que el MAS no consiga un nuevo triunfo electoral pasaba por unir a la presidenta-candidata, que al final no fue candidata, con el que supuestamente se le podía ganar en segunda vuelta y terminó triturado con un 27% de diferencia? A estas alturas, no puede haber dudas acerca de la sobreestimación de los investigadores del CELAG acerca del “mapa de poder” boliviano durante el gobierno de facto, en el que por supuesto no hay evaluaciones sobre los desempeños posteriores de sus actores, por lo menos en lo que respecta a RPU. Con lectores de la realidad política y social de esta catadura, la dilapidación y el fracaso de la transición gubernamental, funcional a la rearticulación del MAS, estaban garantizados.

Hay que respetar la libertad de RPU para pensar y  tomar la posición ideológica y profesional que le parezca conveniente. Lo cuestionable es que quiera pasar por neutral y pretenda hacerle creer a la gente que lo suyo no tiene color político. A través de este informe periodístico acabamos de demostrar que ese periodismo “independiente, imparcial y objetivo” es una patraña surgida del catálogo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para marear la perdiz. Así como se ha prodigado con tanto entusiasmo queriendo descubrir oscuras tramas empresariales, tachando de “palo blanco” a quien se le ocurriera, sin pruebas para demostrarlo, desafío al ahora delegado del alcalde Arias a que investigue las relaciones non sanctas de los Garafulic, propietarios de Página Siete, en sus vínculos con el poder, a través de los medios de comunicación que han detentado, conectados con otros intereses corporativos. Podría servirle para recordar, en este caso, que ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, conduce casi siempre a dispararse repetidas veces en el pie derecho.

(1) “No cuadra que William Kushner sea un feminicida” escribió RPU el 25 de agosto de 2016, en su columna de Página Siete. Al día siguiente, la madre de la víctima (Andrea Aramayo), la periodista Helen Álvarez tituló su respuesta “El ‘periodismo’ de Raúl Peñaranda” y en sus cuatro primeros párrafos dice lo siguiente:

«Muere un bebé en violento operativo del gobierno de Evo contra indígenas” (26/9/2011); «Iglesia excomulga a 4 ministros por estar a favor del aborto” (19/8/2013). Estos son sólo dos ejemplos del «periodismo” que practica el «connotado periodista” Raúl Peñaranda. Lo que tienen en común estas noticias es que ambas fueron mentiras (…) La última «noticia” motivó que Raúl Peñaranda fuera «renunciado” de Página Siete para salvar la credibilidad del medio. El diario pidió disculpas a los cuatro ministros, a la Conferencia Episcopal y a sus lectores, pero el daño al prestigio de las y los periodistas del medio estaba hecho, lo que generó malestar. Él mismo tuvo que anunciar su alejamiento para salvar la credibilidad del medio (…) Ahora Raúl Peñaranda se planta como «juez” de un feminicidio, el de mi hija, y se alinea con el acusado William Kushner Dávalos, condenando de manera explícita a la muerta, quien no tiene la posibilidad de dar su testimonio. No puedo hacer sólo un análisis periodístico, porque soy la madre de la víctima y porque soy la abuela de una niña huérfana. Pero también soy periodista (…) Ninguno de mis editores me hubiera aceptado una nota como la que publicó Raúl Peñaranda el 25 de agosto del 2016 a través de la Agencia de Noticias Fides (ANF) en la que criminaliza a la víctima para liberar de responsabilidad a William Kushner Dávalos, quien conducía el vehículo que la atropelló.”

El 30 de agosto, la periodista Zulema Alanes, en la misma dirección de análisis de Helen Alvarez,  publica en la Agencia de Noticias Fides (ANF), de la que pocos meses después RPU sería director, “Rául Peñaranda y la apología de la violencia machista”. Dice en su primer párrafo: “Raúl Peñaranda sentenció que William Kushner Dávalos “no es un feminicida”. Decidió constituirse en juez, y emitir un fallo con argumentos que apuntan a Andrea Aramayo Álvarez como la única responsable de su muerte.”

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.