Luego de la sesión encabezada por Andrónico Rodríguez como presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, donde se aprobó una resolución para que las comisiones mixtas continúen con el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, los titulares de las mismas ya buscan retomar sus labores.

“Vamos a poner en consideración los amparos de los postulantes (…); tenemos que avanzar, ya tenemos resolución de la Asamblea (…), en base a eso, hemos convocado a sesión el día de hoy (martes); en unos dos, tres días más podríamos iniciar con las preguntas o la citación a los postulantes para que puedan apersonarse a la ciudad de La Paz y podríamos comenzar con las preguntas”, afirmó Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, en conferencia.

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Amparos

De acuerdo con el senador, se presentaron más de 28 amparos constitucionales de postulantes que fueron inhabilitados en la etapa de revisión de documentos. Ahora que las comisiones vuelven a tener facultades, se deben evaluar los amparos.

La sesión de la Asamblea del pasado jueves, sin el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la presidencia interina del evista Rodríguez, aprobó una resolución para que las comisiones continúen con la preselección.

Cuando la acción popular paralizó todo el proceso, el 30 de abril, las comisiones quedaron sin competencia legal para retomar la evaluación, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo.

Rejas criticó al ala arcista, pues, en su criterio, buscan inviabilizar las elecciones judiciales.

“Ellos han sido los que han promovido todo el trabajo de boicotear el proceso de preselección (…), no venían a las sesiones, no hacían quorum”, cuestionó.

Por su parte, la Comisión Mixta de Justicia, cuyo presidente es el evista Roberto Padilla, anunció que este miércoles retomarán una sesión, aunque no se informó que temas se tratarían. Sin embargo, se estima que esta comisión también anunciará que retomará la etapa de evaluación oral y escrita.

No obstante, las decisiones que se tomaron en la polémica sesión del jueves pasado podrían quedar nulas, luego de que el arcismo recurriera al TCP y alegara que a Rodríguez no le correspondían las competencias que se atribuyó.

Por el otro lado, el evismo, sustentado por la oposición, asegura que la sesión fue legal y constitucional; dieron al presidente Luis Arce un plazo de 10 días para que promulgue las resoluciones de la sesión.

A más de un año de las elecciones nacionales, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) y exalcalde de La Paz (1999-2010), Juan Del Granado, presentó su propuesta; el proyecto que se debe perseguir para construir “una verdadera alternativa democrática” que restablezca la “vida democrática”.

“En primer lugar, restablecer plenamente la vida democrática. (en) segundo lugar, generar la institucionalidad que contiene nuestra Constitución, la independencia de poderes. En tercer lugar, necesitamos encarar la crisis económica; con medidas que nos permitan disminuir el déficit fiscal, el gasto público”, expresó a La Razón.

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Bolivia enfrenta un contexto económico cada vez más complicado, altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogados, elementos que, en criterio del exalcalde de La Paz, deben ser superados.

Narcotráfico, corrupción y contrabando

“Es un tiempo en el que tenemos que consolidar la transparencia, la ética en la función pública, la lucha contra la corrupción, el enfrentamiento del narcotráfico y del contrabando”, complementó.

En los últimos meses, el viceministerio de Sustancias Controladas informó que el narcotráfico se intensificó en los últimos años y cada vez se “rompen récords” en la destrucción de fábricas, pistas clandestinas, etc.

En criterio de Del Granado, el proyecto que presentó contiene las “tareas básicas” que un próximo gobierno electo en 2025 deberá enfrentar.

‘Desafío enorme’

Del Granado considera que las elecciones nacionales son “un desafío enorme” y estima que el proyecto que plantea solo podría constituirse si se reúnen todas las fuerzas democráticas del país.

Sin embargo, con sus declaraciones, afirmó que no se debe “volver al pasado”, descartándose a sí mismo como candidato; a la vez que afirmó que no es bueno quedarse “empantanados en el presente”.

Previamente, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, informó que su partido se encontraba ´cabreado´. Sin embargo, también reconoció que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) logró avances importantes.

Anunció que el MSM buscará redirigir a la izquierda política boliviana en 2025. Empero, su partido perdió la personería jurídica y deberá iniciar un proceso ante el Órgano Electoral para convertirse en un partido de alcance nacional.

En medio de bloqueos de carreteras, amenazas y medidas de presión, la Cámara de Diputados anunció que sesionará esta semana para la aprobación del proyecto de ley 348, construcción de la Carretera Norte Integrado-Yapacaní.

“Vamos a convocar esta semana, seguramente nos vamos a sentar con la Directiva, para convocar y evaluar los puntos más importantes a tratar, yo estoy en la obligación de sesionar (…); nos sentamos mañana (miércoles)”, afirmó el presidente de Diputados, Israel Huaytari, en conferencia de prensa.

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El Comité Pro Camino de Yapacaní inició el bloqueo el pasado viernes, cortando el paso entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Su demanda es la aprobación del proyecto de ley 348, que se encuentra aplazado desde marzo de 2024, cuando la Asamblea, por el conflicto político existente, no remitió el proyecto al Ejecutivo para su promulgación.

Proyecto

El proyecto de ley 348 busca la aprobación de un crédito por $us 35 millones para la construcción de la carretera Norte Integrado – Yapacaní, que se encuentra con un pavimento incompleto.

Según Huaytari las medidas de presión tienen el objetivo de buscar protagonismo político de los dirigentes, pues el proyecto, afirma, ya está en agenda.

“Es fácil botar piedras cuando sabemos que el proyecto está en la puerta de la Asamblea (…), esta semana lo vamos a agendar (…); utilizan a la gente para después decir “hemos ganado la batalla” y buscar protagonismo político”, criticó.

Amenazas

La diputada arcista Deysi Choque también criticó las “amenazas” de los dirigentes en Yapacaní y les pidió paciencia.

Este martes, las medidas se radicalizaron, en número y en intensidad; se advirtió con el cierre de válvulas de la planta de producción Sirari, operada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en caso de que el crédito no se apruebe.

Pese a la sesión convocada, los dirigentes y comunarios de Yapacaní, que llegaron a predios de la Asamblea este martes, anunciaron que no levantarán las medidas de presión hasta tener certeza de la promulgación del proyecto.

El exalcalde de La Paz y jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, afirmó que pretende ser impulsor de la renovación y construcción del Estado Plurinacional como parte de la República.

«Tenemos que retomar la construcción del Estado Plurinacional como parte y el contenido esencial de la República democrática; de la independencia de poderes, de la representación ciudadana, del Estado autonómico», dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El político afirmó que, desde la renovación de su partido, se debe retomar el Estado Plurinacional y autonómico. “Ojalá, con otros liderazgos con los cuales estamos conversando, le puedan ofrecer al país una alternativa electoral el próximo año».

Aseguró que el regreso del MSM se plantea el equilibrio entre el Estado con el mercado y la República con el Estado Plurinacional. “La República es el Estado de derecho y el Estado Plurinacional es el Estado de derecho abarcando al conjunto de la sociedad”.

Indicó que la democracia es el escenario en el que los bolivianos formularse “las mejores maneras” de gobernarse. “Estamos otra vez cabreados. Éramos los cabreados de los 90 y estamos otra vez con ese sentimiento contra un sistema político que se está engullendo peligrosamente”, afirmó.

¿Desde la izquierda?, preguntó la directora de La Razón, Claudia Benavente. “Claro que sí”, respondió el político.

“Hay que recuperar la visión de la izquierda que es profundamente democrática, participativa de transformación. Este es un país a medio hacer no podemos estar en una posición de derecha”, acotó Del Granado.

Consultado sobre si será candidato, dijo que ese momento no es suyo. Recordó que ya fue candidato en la década como diputado y la otra década como alcalde de La Paz.

En medio del momento complicado por el que atraviesa el país debido a la crisis política y económica, el también exdiputado afirmó que el Bolivia está en un «momento decadente» por el agotamiento de una “fase estatal”, que se implementó en 2006 con la llegada de Evo Morales a la presidencia.

“En 2006 se abrió un nuevo momento que entusiasmó a muchos. Tuvo logros, jalones importantes de la vida nacional hacia adelante, pero se fue deteriorando por unas peligrosas pérdidas de rumbos”, lamentó.

En su criterio, el modelo gubernamental impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) se convirtió en estatismo secante. “Lo que debió ser un rol de los pueblos indígenas, se devino en un prebendalismo”.

Afirmó que ese periodo se redujo a un “estatismo, prebendalismo y centralismo”. Según Del Granado, ese agotamiento está dando lugar a la decadencia y debe ser resuelto por una propuesta estatal distinta. 

Por ello, planteó la «remoción del cambio» en el marco democrático. Aseguró que las elecciones generales de 2025 deben ser el momento de cambio.

Del Granado fue diputado en 1993 y desde esa ocasión fue promotor de reformas en materia de justicia y de derechos humanos, entre ellas, la creación del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo.

Dirigió la Alcaldía de La Paz, por primera vez en 1999; pasado su mandato de cinco años, fue reelecto otra vez, hasta el 31 de mayo de 2010. Luchó como abogado unos 14 años para procesar al dictador Luis García Meza Tejada, y a sus principales colaboradores, por delitos económicos, genocidio y violación a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de facto de 13 meses entre 1980 y 1981.

El economista Armando Ortuño consideró que la crisis del país empeora cuando se bloquea la inversión pública a raíz de los desacuerdos en la Asamblea Legislativa que impiden la aprobación de créditos multilaterales, que —según dijo— son los más baratos del mercado.

“Es una barbaridad que no podamos aprobar créditos externos multilaterales. Son los más baratos. Si de algo te tienes que endeudar, es de los multilaterales”, dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Debido a conflictos entre los bloques de oficialismo en la Asamblea Legislativa, nueve créditos, por un valor $us 920 millones, están bloqueados desde hace más de un año, a pesar de estar contratados ante organismos financieros internacionales.

Seis créditos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y otros tres fueron presentados recientemente por el Órgano Ejecutivo. La Cámara de Senadores sancionó solo dos de esos créditos.

Las diferencias entre el oficialismo y la oposición —Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— incluso derivaron en la toma del control de la Asamblea Legislativa el pasado jueves. Entonces, bajo serias objeciones de parte del MAS arcista, la oposición instaló una polémica sesión que ahora se encuentra a escrutinio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

A eso se suma la crisis económica y nerviosismo de la población por la escasez de dólares, la caída de exportaciones y la ausencia de alternativas que contrarresten la situación compleja.

En criterio de Ortuño, la crisis en el país deriva de la “incapacidad” del sistema político, que se ha “metido” en un bloqueo desde hace más de un año. “Éste es un bloqueo en el que están como protagonistas los del MAS, pero también está el Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Afirmó que el bloqueo político está impidiendo que la administración gubernamental tome decisiones respecto de la gestión económica. «El Gobierno no tiene elementos para manejar razonablemente los desafíos económicos».

¿Cómo no podemos tomar decisiones?, cuestionó.

Se preguntó cómo el Gobierno puede funcionar sin acuerdos legislativos y sin proyectos o créditos aprobados un año. Consideró que en el momento en que el Gobierno perdió la mayoría legislativa, apeló a jueces para bloquear al rival. “Puedes bloquear al otro con las cortes, pero no puedes gobernar”, concluyó.

Aunque destacó que, en los primeros dos años de gestión (en términos económicos), el Gobierno pudo contener los precios de la canasta familiar, la administración “se descarriló” por el problema político. “En gran medida los problemas económicos tienen un origen político. Es una barbaridad que no podamos aprobar créditos”, dijo Ortuño.

Según el economista, la crisis decisoria permite que el gobierno del presidente Luis Arce sea percibido como débil y, por ello, distintos sectores han empezado a movilizarse y manifestarse sus demandas. 

“Un gobierno que está en incertidumbre es un gobierno débil, o es percibido como débil, y los gremios están defendiendo sus peleas e intereses”, aseguró.

Aseveró que detrás de las movilizaciones de pequeños grupos sociales de transportistas o gremiales en contra de decretos o escasez de dólares están «grandes intereses», que aprovechan la “debilidad” del Gobierno.

También, criticó a los medios de comunicación que, en su criterio, alarman a la población con el alza de precios de algunos productos de la canasta familiar. “Hay histeria mediática. Los medios están a punto de inmolarse; son altamente histéricos por razones políticas”, cuestionó. 

Sin embargo, reconoció que la población también empieza a sentir los problemas cuando no encuentra ciertos medicamentos o percibe el incremento de precios y, además, ve presiones de distintitos sectores sociales. “Todo eso configura un escenario de crisis. El problema económico está empezando a sentirse en la cotidianidad”.

Desde febrero del año pasado la escasez de dólares es un asunto nacional, además de la carencia de combustibles. En las últimas semanas, el alza de los precios, especialmente, del tomate, causa preocupación nacional.