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Saturday 13 Aug 2022 | Actualizado a 07:58 AM

Rómulo Calvo aclara que solo tiene seis procesos penales en contra, uno de ellos reciente

El titular del Comité pro Santa Cruz afirmó que cree que no tiene problemas en su relación con Luis Fernando Camacho, aunque aclaró que cada quien tiene sus roles.

/ 2 de diciembre de 2021 / 20:41

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y su abogado Martín Camacho precisaron que a la fecha el cívico tiene solo seis procesos penales “activos”, de los cuales uno data de hace 15 años, de 2005, cuando aquél fue acusado, junto con otros cinco concejales, por contratos lesivos al Estado.

El resto, cinco, fueron denunciados en 2019, y el último es de 2021. En todos estos casos, dijo el abogado, los denunciantes fueron personas afines a la Movimiento Al Socialismo (MAS) o autoridades del Gobierno.

“Todos esos procesos están relacionados a su liderazgo como presidente del Comité pro Santa Cruz”, destacó Camacho en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta desde Santa Cruz.

Son procesos en curso; en ninguno se ha podido completar el caso en la Fiscalía hasta el punto de imputar a Calvo, dijo su abogado.

El “más antiguo”, de 2019, es la acusación a Calvo del entonces diputado Rolando Cuéllar por el desbloqueo de la carretera a San Ignacio de Velasco en que participó el cívico. En este proceso, dijo su abogado, hasta la fecha no se ha logrado arribar a la imputación fiscal.

La más reciente causa, por la que el lunes pasado Calvo fue citado a declarar, es la que interpuso el diputado del MAS Hernán Hinojosa, por “contribuciones ilegítimas y ejercicio indebido de la profesión”. En el caso, la primera parte es un ilícito que ya no existe como figura legal, y en lo relativo a la profesión, es una “verdad material” —dijo Camacho— que Calvo es un médico reconocido en Santa Cruz.

Por su parte, Calvo defendió el ejercicio pleno de su profesión. Soy cirujano especializado en proctología, aclaró.

El cívico citó como uno de los mayores avales a su profesión el paro de labores que el Colegio Médico cruceño llevó adelante el martes.

Lo mismo, Calvo se defendió afirmando que cuenta con un fuero sindical.

Sobre su destitución de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Calvo dijo que el directorio de la entidad es uno “designado a dedo” desde la administración central de gobierno, que incluso no concluyó con el proceso administrativo que se le sigue para desvincularlo, y que por su parte más bien iniciará acciones legales contra miembros de dicho directorio.

En relación a la dirección del Comité y la circunstancia que pasó la noche del martes 16 de noviembre, cuando tras suspender el paro cívico un grupo de personas cercó la sede de la organización pidiendo su renuncia con el argumento de se sentía traicionado, Calvo reconoció que se trata de “personas radicales” y no “sectores radicales”, y algunos infiltrados. Su abogado dijo incluso que era gente que llegó “en camiones” para tomar el Comité.

Calvo reveló que salió del Comité cuando fue cortado el suministro eléctrico y se apagaron las luces. Este apagón, sin embargo, fue provocado por los manifestantes en su contra, no por el Comité. Dijo que todo el momento estuvo tranquilo.

Sobre su relación con el gobernador Luis Fernando Camacho y que hubiera alguna rivalidad con él, Calvo dijo que cree que ambos juegan en arenas distintas, aquél en la política y él en la cívica; que tratan de no interferirse y cada cual conserva su autonomía.

En cuanto a la figura de “round” que utiliza para designar a las movilizaciones contra el Gobierno, dijo que si hay que salir a uno tercero se lo hará. El primer round fue contra el “fraude” de la elección de 2020, dijo; el segundo, contra las leyes antidemocráticas, y si “podría haber un tercer round será (para) seguir defendiendo nuestra democracia, para que en Bolivia no ingrese el socialismo”.

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Colombia con Petro, la posibilidad de los ‘cambios concertados’ hacia un Estado de paz

Los analistas Armando Ortuño y Javier Calderón cifran la esperanza en la experiencia y realismo del presidente de izquierda.

La directora de La Razón, Claudia Benavente, junto a Armando Ortuño y Javier Calderón.

/ 11 de agosto de 2022 / 13:03

Con la expectativa que ha creado el nuevo gobierno de izquierda en Colombia, analistas ven que buena parte de su futuro se jugará en la capacidad que tenga el presidente Gustavo Petro de concertar los cambios institucionales en el país.

En entrevista con Piedra, papel y tinta, el economista boliviano Armando Ortuño y el sociólogo colombiano Javier Calderón, apuntaron a que lo que empieza con Petro es un largo y complicado proceso de transición hacia la institucionalización de la democracia en ese país.

Calderón, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), habla de «las próximas décadas» en que Colombia deberá superar la época de un «neoliberalismo violento», de una fuerte presencia del narcotráfico en el Estado, incluso de unas Fuerzas Armadas y Policía formadas en la Guerra Fría, primero, y en la lucha contra el narco, después.

Para Calderón, más bien hay un grande consenso de la necesidad de dichos cambios, de los cuales incluso se beneficiarán sectores empresariales, la inversión privada, o los propios Estados Unidos, en el sentido de superar el estado de guerra en que el país vivió durante décadas.

De aquí la importancia de materializar los acuerdos de paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos, destacó Calderón.

Para Ortuño, el gobierno de Petro tiene una enorme ventaja en la solidez del liderazgo del nuevo presidente.

A diferencia de Pedro Castillo en Perú o Gabriel Boric en Chile, Petro es un dirigente de izquierda de larga trayectoria, «con ideas mucho más claras», en el sentido de realistas, de hasta dónde y cómo se pueden encarar los importantes cambios que anunció en su campaña electoral.

Una muestra de esto, por ejemplo, dijo Ortuño, es la forma de «coalición interesante» que Petro pudo componer en el Legislativo colombiano, donde además de la izquierda sumó a sectores de centro y hasta de derecha, bajo un programa relativamente moderado pero efectivo. La idea de proceder con cambios graduales y concentrarse allí donde se puede ser más eficaz, remarcó el analista boliviano.

Calderón añadió que uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno son las Fuerzas Armadas y la Policía colombianas.

Con las primeras, el tercer ejército más grande de la región, dijo, toca llevar adelante su profundo «cambio doctrinal y misional» y que de fuerza de guerra interna contra guerrillas y el narcotráfico transite a la Fuerza Armada de defensa de la soberanía nacional, como sus similares en otros países.

En lo relativo a la Polícia, continuó, lo fundamental es la desmilitarización de esta fuerza pública, acaso que adquiera un carácter más de “gendarmería”.

Ya el presidente Petro en su discurso de posesión anunció estos cambios en las fuerzas de seguridad de Colombia, en el sentido de «dignificar» su labor.

También es una cuenta pendiente en Colombia, dijo el sociólogo colombiano, la lucha contra la corrupción en estas Fuerzas Armadas.

La mayor resistencia estará, previó Calderón, en la «ultraderecha asociada al narcotráfico», que precisamente promovió la guerra como una forma de mantener intereses oligárquicos.

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Los vocales suplentes del TSE analizan si se procesa a los titulares por el caso Cuéllar

Cuatro suplentes consideran este jueves si abren proceso disciplinario a los titulares por el caso del diputado suplente del MAS.

El diputado suplente Rolando Cuéllar. Foto: APG

/ 11 de agosto de 2022 / 11:50

Este jueves, desde la mañana, sesionan los vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para considerar la denuncia que hay contra los titulares porque no habrían quitado el curul al diputado suplente Rolando Cuéllar (MAS).

Los vocales suplentes convocados a sesión por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufeil, son: Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martín Crespo, Carlos Eduardo Gómez Rojas y Pablo Christian Zuleta Sánchez.

Se trata de una sesión de Sala Plena, convocada para las 09.00 de este jueves en instalaciones del TSE en La Paz, para que los vocales suplentes consideren cinco denuncias.

Las denuncias presentadas por Hermo Pérez y Pascual Choque el 7 de julio de 2022, Fernando Torrijos Negrete el 14 de julio, Joel Guarachi Morales y Juan Pozo Valdiviezo el 28 de julio, y otra de Hermo Pérez y Pascual Choque del 4 de agosto.

Hay que recordar que el proceso comenzó en marzo, cuando la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió despojar del curul de diputado suplente a Rolando Cuéllar, a quien se expulsó del partido.

Luego, la defensa de Cuéllar presentó una acción de inconstitucionalidad concreta contra al menos seis artículos del Estatuto Orgánico del MAS y un artículo de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

El TSE rechazó dicha demanda y, por norma, derivó el caso para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 3 de mayo anunció que ratifica el rechazo a la denuncia a los artículos del Estatuto del MAS, pero acepta considerar el recurso contra la Ley 1096.

De modo que a la fecha está en suspenso el artículo 38 inciso c de dicha ley, que se refiere a lo que se considera “transfugio politico”.

Según fuentes del TSE, este jueves los vocales suplentes deben decidir si procede o no una acción disciplinaria contra los titulares a raíz de las referidas denuncias.

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Urge volver a pensar la elección judicial

Se vienen los comicios judiciales. Los nuevos altos magistrados deberían empezar su gestión el primer día hábil de 2024. 

Un jurado electoral muestra la papeleta de la elección judicial de 2011. Un pr oceso complejo como pocos, cuestionado por muchos, pero todavía vigente

Por Iván Bustillos

/ 7 de agosto de 2022 / 16:44

El punto sobre la i

En julio ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó a Animal Político el vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas. Planificación que en general incluye “la definición de un presupuesto para la administración del proceso electoral”, y la previsión que hay que hacer para “presupuestar la difusión de méritos de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló Vargas.

La idea es, dijo, “solicitar el presupuesto requerido para administrar la elección con la antelación debida”; por eso, se tiene previsto “enviar (al Ministerio de Economía) el presupuesto hasta septiembre de este año”.

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017: la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos.

“Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señalaba en 2018 el investigador de la Fundación para el Debido Proceso, Luis Pásara, en su informe Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Fue peor porque “la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%”, destacó entonces Pásara.

Ante la interrogante de si aparte del presupuesto, la próxima elección judicial no amerita otros preparativos, el vocal Vargas señaló que justo ahora el TSE está evaluando “la administración del proceso electoral” para modificar o complementar su trabajo.

REGLAMENTOS.

Además de diseñar un Plan Integral Electoral para cualquier elección, pero ahora enfocado en la Judicial, Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de Material Electoral, el Específico para las Elecciones Judiciales, y los protocolos de la Cadena de Custodia y de Medidas de Seguridad Sanitaria, entre otros.

“También consideramos que será necesario revisar el Reglamento de Difusión de Méritos, en este caso se deberá evaluar si los 45 días que establece la ley para la difusión de méritos de los y las candidatas son suficientes, el uso de las redes sociales en campaña, entre otros”, destacó el vocal.

Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2017; teóricamente, las de 2023 deberían ser por la misma fecha. Con todo, Vargas aclara que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la Asamblea Legislativa convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Pero he aquí el límite: ambas convocatorias deben garantizar que las nuevas autoridades electas deben ser posesionadas “antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes”, y las actuales autoridades “terminan su gestión el 31 de diciembre de 2023”; de modo que las funciones de los nuevos altos magistrados empezarán “el primer día hábil de 2024”, precisa fechas el vocal del TSE.

En cuanto a los plazos, Vargas indicó que la fase de preselección, “a cargo de la Asamblea”, debe durar no más de 80 días calendario; y la organización de la “votación popular”, en manos del TSE, debe efectuarse en al menos 90 días calendario. Ahora, dada la complejidad de esta elección, Vargas se anima a afirmar que “lo óptimo” sería contar con el doble, 180 días.

Hay un hecho que en 2023 adquirirá un enorme significado, acaso trágico: los candidatos que al final designe la Asamblea Legislativa, para ir a la votación popular, deben ser designados por dos tercios del Parlamento.

Dado el encono político existente entre el MAS y CC-Creemos, que se vio en la hasta ahora fracasada elección del Defensor o Defensora del Pueblo, la dificultad prácticamente se multiplicará por 52 (candidatos a altos jueces, titulares y suplentes, que se debe elegir el próximo año). Si no pudieron lograr los dos tercios con una…

Y es que el mecanismo de los dos tercios funcionó para las dos anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017) porque el MAS contaba con este caudal de votos; ahora no para 2023.

Al margen del ideal “voto informado” con que la ciudadanía tendría que elegir a los altos magistrados, desde la primera elección, de 2011, el blanco de los cuestionamientos fue el mecanismo de la preselección, en manos de la Asamblea.

Como apunta el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Misión dirigida entonces por el excanciller de Ecuador Guillaume Long, “en 2016, se llevó a cabo la Cumbre Nacional de la Justicia Plural que convocó a la población a aportar ‘propuestas para construir un nuevo modelo de justicia’. Una de las conclusiones de la Cumbre fue fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección”.

AVANCES.

Con la experiencia de 2011, para las elecciones de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó un “Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales”. La MOE de la OEA destacaba tres novedades: 1) la participación de académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de las preguntas de los exámenes; 2) prohibiciones expresas para postular, como, por ejemplo, el parentesco cercano a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo; y, 3) requisitos de no militancia política de los candidatos.

Para 2017 también se tuvo que modificar sobre la marcha el reglamento y generar una ley que estableció un “régimen excepcional y transitorio para la preselección”, pues la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia tuvo que ser declarada desierta (en junio) porque en algunos departamentos no había la cantidad suficiente de postulantes que cumplieran los requisitos de paridad de género (50% debían ser mujeres) y representación indígena (al menos un candidato indígena en cada departamento); la norma fue flexibilizada. Este hecho motivó que la elección fuera postergada del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2017.

La preselección en manos de la Asamblea. Aquí no está demás la protes testa que al respecto hizo el exdiputado Fabián Yaksic en su libro Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales. (Muela del Diablo, La Paz, 2012).

Yaksic acusa al MAS y Podemos de haber pactado la introducción del sistema de preselección por dos tercios en la Asamblea, contra lo que señalaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007. Hay que recordar que en octubre de 2008, el Congreso de entonces asumió el rol de Constituyente modificando en parte el proyecto de Constitución de Oruro. Los acuerdos MAS-Podemos se dieron para viabilizar la ley de convocatoria al necesario referendo constitucional que debía venir para cerrar la reforma total de la Carta Magna.

El mecanismo de preselección que contenía la Constitución de Oruro, detalla Yaksic, era el “Control Administrativo Disciplinario de Justicia” (el actual Consejo de la Magistratura). Era esta instancia la que debía ser la que preseleccione a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, para luego remitir las listas al “Consejo Electoral Plurinacional”, el actual Órgano Electoral.

“Sin duda ésta era una alternativa institucionalmente interesante destinada a precautelar la independencia del Órgano Judicial y evitar la injerencia de los partidos políticos. Sin embargo, el pacto entre el MAS y Podemos modificó esta modalidad y se volvió al escenario de los partidos políticos estableciéndose hoy que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione las candidaturas”, remarca Yaksic en su texto.

Con respecto a la preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Constitución de Oruro ciertamente se contradice, afirma Yaksic: por un lado (artículo 199), dispone que se siga el mismo procedimiento efectuado con el Supremo de Justicia, pero el artículo 159 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

SOCIEDAD CIVIL.

Ahora, si la preselección de los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental estaba en manos del Control Administrativo Disciplinario de Justicia (actual Consejo de la Magistratura), ¿cómo se preseleccionaba a los miembros de dicho Control? Es aquí, como dice Yaksic, que los constituyentes “fueron más allá” del marco institucional estatal, pues “definieron que los candidatos a esta instancia del Órgano Judicial sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil” (artículo 195), aunque, no deja de apuntar el autor, el proyecto de Oruro “no especificaba ni la metodología ni quiénes serían las ‘organizaciones de la sociedad civil’”.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia Luis Arce Catacora (el 8 de noviembre de 2020), el ministro de Justicia, Iván Lima, y la alianza opositora Comunidad Ciudadana, a fines de noviembre coincidieron en que era urgente la reforma parcial de la Constitución apuntando, precisamente, al cambio de la forma de elección de las altas autoridades del sistema judicial.

Lima constituyó un Consejo de Notables (juristas), cuya principal labor sería elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual, se decía, incluso tendría que estar lista hasta antes de fin de año, para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y así adelantar el proceso. Lima apuntó entonces que la propuesta del Ministerio de Justicia era concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces. Aunque la propuesta ministerial no precisaba si se debía o no abolir la elección por voto ciudadano de los altos magistrados.

En el caso de Comunidad Ciudadana, su propuesta era volver la elección a la Asamblea Legislativa, pero modificando la preselección. El proyecto de ley de CC, explicó entonces su jefe de bancada, Carlos Alarcón, incluía establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, conformado por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. Según CC, sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envíe ternas a la Asamblea, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

Con todo, ni el Gobierno ni CC persistieron en materializar sus propuestas al punto de plantear un mecanismo o iniciativa concreta de reforma parcial de la Constitución.

Quienes sí están dando pasos prácticos en dicha reforma parcial son los denominados “Juristas Independientes”, que a fines de julio presentaron al TSE su propuesta de reforma a fin de que éste les entregue los libros para recabar alrededor de 1,5 millones de firmas, para que, mediante esta “iniciativa popular” de reforma parcial de la Constitución, su planteamiento sea puesto a referendo ciudadano. Su propuesta tiene tres pilares: 1) Establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, 2) La inscripción de un porcentaje mínimo de presupuesto para el Órgano Judicial, y 3) La revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz. Respecto al primero, proponen la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, compuesta por nueve integrantes, la cual deberá ser la que convoque, califique y elabore ternas de postulantes y las remita a la Asamblea Legislativa, misma que por dos tercios de voto debería designar a los candidatos a ser sometidos al voto ciudadano.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El MAS y su peculiar modo de ser partido

Por Iván Bustillos

/ 6 de agosto de 2022 / 02:04

Bolivia, 197 años de independencia

El Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), siempre se dijo, tiene la peculiaridad de ser un partido de los movimientos sociales, especialmente de los que constituyen el Pacto de Unidad (la CSUTCB, las Bartolinas, los interculturales, el Conamaq y la CIDOB). Sin embargo, con el expresidente Evo Morales ejerciendo la presidencia del partido, en los 21 meses de gestión del presidente Luis Arce, se vio con claridad la estructura autónoma que es el MAS como partido.

Este 6 de agosto menos mal que encuentra al MAS en un momento de tregua, esa que vino a mediados de julio, cuando al fin se reunieron las “tres cabezas”, léase Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales, junto a otras altas dirigencias, y tras lo cual de súbito cesaron las ácidas críticas que Morales hacía al gobierno de Arce, las denuncias de usar al MAS para crear otro partido con que se acusaba al vicepresidente Choquehuanca, el cuestionamiento al liderazgo de Morales que venía desde algunas regiones.

A raíz de un momento de euforia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo que, en una concentración, dijo que “hay dirigentes y diputados” del MAS “que se están llenando los bolsillos” con la hoja de coca, en marzo de 2022, se desató una verdadera tormenta interna entre el partido oficialista y el Gobierno. Desde la queja de no hacer caso a denuncias por corrupción en el Ejecutivo hasta abiertas críticas a la gestión económica del Gobierno, la niña de sus ojos del presidente Arce, acaso el momento de mayor resentimiento, resquebrajamiento, de la relación fue cuando Evo Morales en una entrevista en una radio de alcance nacional, el 7 de junio, dijera que “jamás Juan Ramón Quintana estaría con este gobierno, jamás”, Quintana, uno de los ministros y acompañantes más cercanos al expresidente. Resentimiento cuando un dirigente del transporte del Trópico amenazó que si Arce no destituía a Del Castillo, vendría el bloqueo de caminos…

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Persiste una lógica de guerra entre oficialismo y oposición

Las peleas en la Asamblea no son nuevas, pero preocupa cada vez el menos contenido ideológico que traen.

Por Iván Bustillos

/ 6 de agosto de 2022 / 02:00

Bolivia, 197 años de independencia

En estos días patrios, se cumple un tercio de la actual gestión, 21 de los 60 meses del periodo de mandato constitucional que hasta noviembre de 2025 tienen tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional, como Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la oposición parlamentaria.

6 de agosto, un tercio de la gestión en que oficialismo y oposición en muy pocas cosas han encontrado puntos en común; ese acumulado de distanciamientos con que este sábado se festeja los 197 años de la independencia de la república, hoy Estado Plurinacional.

Solo entendiendo este acumulado de enfrentamientos se puede explicar, por ejemplo, que para una parte del país, más que recordar el 6 de agosto, lo verdaderamente sustancial ocurrirá el 8 y 9, el segundo paro cívico del Santa Cruz, principalmente capitalino, de 48 horas contra la postergación de la fecha del Censo, del 16 de noviembre de 2022 a un día de entre mayo y junio de 2024.

Un paro departamental advirtió el Comité Interinstitucional cruceño por el Censo, con “cierre de fronteras”. Es una cosa de ver, pero muy difícil sin duda cuando la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz, todos los municipios menos la capital), “por congreso” decidió rechazar la medida.

Acumulado de desentendimientos también. Cuando para el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) hay razones para la postergación (las lluvias y la anegación de caminos, la migración interna por temporada de zafra, el COVID- 19, la no socialización de la boleta censal y, acaso lo principal, la ausencia de una cartografía estadística coordinada con los municipios), para la dirigencia cívica cruceña hasta ahora no hay una sola explicación válida para la postergación de casi dos años.

CENSO. Acumulado de contradicciones. Cualquiera duda: cuando hace menos de un mes del 12 de julio (cuando se decidió la postergación), el Gobierno aseguraba que todo iba en cronograma para llegar al 16 de noviembre, de pronto se revelaba que había muchos problemas, varias carencias, evidentes retrasos. Aunque hoy el Ejecutivo reivindica que la Comisión Internacional de Alto Nivel (cinco organismos de peso continental) le congratula haber pospuesto el proceso a 2024, remarcando que dicha comisión incluso recomendó hasta octubre de ese año, esto no hace más que revelar que en verdad faltaba mucho por hacer. Puede que se sobredimensione el problema, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) habría acabado hasta fines de octubre, pero en estas semanas recién se supo que la cartografía estadística estuvo avanzada solo en Cobija, Trinidad, Oruro y Potosí…

El aniversario patrio también llega “pescando” a la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio camino de elegir al Defensor o la Defensora del Pueblo.

Todos sabían que los dos tercios en la Asamblea eran la verdadera prueba para el MAS, el partido mayoritario, aunque no lo suficiente; pero no todos insistían con el mismo énfasis que esos dos tercios también debían ser una prueba para la oposición, minoritaria, pero con suficiente poder de veto.

Y pese a que el MAS, CC y Creemos tuvieron su tregua productiva durante la preselección de los candidatos, llegando a obtener siete aspirantes elegibles por la Asamblea, al final volvió la polarización: tras cuatro votaciones, los votos se concentraron en 99 para el aspirante apoyado por la mayoría masista y algunos opositores; 47 para la postulante por la que se inclinó CC; y 2 para una tercera candidatura; en tanto que casi la totalidad de Creemos, 16 votos, en todas las ocasiones optó por el rechazo a la elección, votando en blanco.

Lo peculiar era la construcción de los dos tercios que hacía cada quien: se necesitaba 110 para alcanzar los dos tercios, y el MAS acudía a las individualidades, a la suma inorgánica de adherentes; no pudo. En cambio, CC se aferraba a la idea de que la base de los dos tercios era su votación y que más bien debía ser la mayoría la que se le sume, se quiebre en pos de su postulante.

Pese a que el proceso de designación del Contralor está aún en la fase de preselección por méritos, se prevé el mismo empantanamiento cuando llegue la hora de la elección en el plenario.

JUSTICIA. Otro proceso que lo mismo este 6 de agosto se encuentra a medio camino es la reforma de la Justicia. Desde fines de 2020, el Gobierno intentó al menos tres iniciativas de reforma, desde la invitación a un consejo de notables hasta la realización de cumbres departamentales de reformas. Ahora mismo el último intento está en suspenso, desde abril de 2022, pues se necesitaría de la participación de los dos partidos opositores en la Asamblea; algo impensable a estas alturas de la polarización.

Por el lado de los opositores, si bien CC desde el principio tuvo su propuesta de reforma, lo principal, a modo de candado, era la remoción de, si no todas, casi todas las actuales altas autoridades de los órganos de Justicia y de la Fiscalía. Candado porque invariablemente la reforma debía empezar con esta suerte de borrón y cuenta nueva y porque para cualquier otro avance concreto, como la instalación de los juicios de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez en la Asamblea Legislativa (agosto de 2021), el partido de Carlos Mesa anteponía como condición que primero se reforme la Justicia desde su documento y perspectiva.

Otro hecho que siendo parte del ámbito judicial se atravesó en la esfera política fueron los procesos judiciales abiertos por los delitos cometidos durante el régimen de Áñez (2019-2020). Al margen de cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades que presentó la Fiscalía al Tribunal Supremo de Justicia y luego que este los remitió a la Asamblea para que esta los aprobara, hay al menos nueve causas por la vía penal ordinaria abiertas contra autoridades del régimen transitorio. Para la oposición, nuevamente, todo se trata de persecución política, que, otra vez, primero hay que reformar la justicia para proseguir. Lo que mejor ilustró esta tensión fue la negativa de varios personajes opositores a declarar como testigos en dichos procesos, desconociéndolos abiertamente.

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