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Wednesday 28 Feb 2024 | Actualizado a 11:53 AM

En 2019, Camacho contó con apoyo de policías y militares; llegó a La Paz para ‘deponer’ al gobierno de Morales

Esos son algunos argumentos que expone el Ministerio Público para fundamentar la “ampliación de imputación formal” que se presentó en contra de Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, quien es procesado por el delito de terrorismo, en grado de autoría.

Camacho recorrió las calles paceñas a bordo de un carro policial. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 29 de diciembre de 2022 / 21:54

Durante la crisis de 2019, el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho contó con el apoyo de policías y militares cuando llegó a La Paz, donde arribó con el objetivo de “deponer” al gobierno del entonces presidente Evo Morales.

Esos son algunos argumentos que expone el Ministerio Público para fundamentar la “ampliación de imputación formal” que se presentó en contra de Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, quien es procesado por el delito de terrorismo, en grado de autoría.

En el documento, al que tuvo acceso La Razón, la comisión de fiscales que investiga la causa detalla una serie de hechos que ahora se indaga, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I.

En el proceso se implicó a políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019, además de las protestas alentadas por cívicos liderados por Camacho.

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A esto se suma el motín policial y la “sugerencia” de la cúpula militar para la dimisión presidencial, lo que desembocó en la proclamación de Jeanine Áñez, primero, como presidenta del Senado y luego como mandataria del Estado.

“Un grupo de personas al mando de Luis Fernando Camacho Vaca, en fecha 5 de noviembre del 2019, llega a la ciudad de La Paz, donde el citado ciudadano emite declaraciones ante los medios de comunicación como Red Uno manifestando que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares, quienes le brindaron paso para sus hangares’”, refiere parte la imputación.

Policías de Cochabamba se amotinaron en instalaciones de la UTOP.

Ante ese antecedente, la Fiscalía “presume que un golpe de Estado estaba en desarrollo”, pues el arribo de Camacho a la sede de gobierno tenía “el objeto de deponer a un gobierno electo constitucionalmente en las urnas”, agrega el documento, en referencia al entonces presidente Morales.

Ese 5 de noviembre de 2019, Camacho llegó a La Paz con una «carta de renuncia» para Morales, que fue avalada por el cabildo realizado a los pies del Cristo Redentor, dos días antes.

En ese entonces, prometió retornar con la misiva firmada por Morales, a quien incluso le dio un plazo de 48 horas para que dimita a la presidencia.

Para entonces, el padre de Camacho, José Luis Camacho Parada, ya había establecido los contactos con miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y también con la Policía.

De acuerdo con la imputación fiscal, el nexo de las conversiones fue Luis Fernando López, quien días después fue nombrado ministro de Defensa por la entonces presidenta Áñez.

El Ministerio Público sustenta ese argumento sobre la base de una declaración que realizó Camacho, en diciembre de 2019, en el aeropuerto de Santa Cruz.

“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (para que renuncie Evo Morales)”, dijo Camacho en esa oportunidad.

De acuerdo con el entonces líder cívico, esa acción fue decisiva para trasladar la protesta de Santa Cruz a La Paz, pues de lo contrario Morales habría “estado mirando todo desde el palco”.

En función al “pacto” con los policías, Camacho les prometió una jubilación con el 100% de su sueldo, como sucede con los militares.

Es así que los policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, entre ellas, la renuncia de Morales.

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El mismo día, la policía de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron al motín, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.

A esto, se suma que el entonces comandante General de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, sugirió “al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, como también lo hizo el entonces comandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman.

En la imputación, la comisión de fiscales cita estos episodios y pone en evidencia que la Policía y las FFAA incumplieron su rol constitucional y acataron ordenes de personas que no eran autoridades.

El documento agrega que el pronunciamiento de Kaliman “suprimió, lesionó y que además se constituyó en una figura penal” por desconocer el artículo 245 de la Constitución Política, que señala que las Fuerzas Armadas son “esencialmente obedientes, no deliberan”.

Alto mando militar pidió la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

En consecuencia, para la Fiscalía se concretó “un presunto golpe de Estado” liderado por Camacho.

Se asume esa posición, en el entendido que ambas instituciones “que tienen armamento pesado y letal, se deben a los principios de mando y obediencia de sus subordinados, sin embargo deciden no obedecer a una autoridad electa, más, al contrario, obedecen, custodian y protegen a una persona que no tenía competencia ni facultad jurídica para mandar y ordenar a policías y militares”.

Asimismo, el documento legal establece que Camacho y otros actores se “arrogaron facultades que no les corresponden usurpando funciones públicas, sin ser ni siquiera este sujeto y sus coautores y cómplices servidores públicos, y menos demostrar ser autoridad con competencia para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”.

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En ese marco, el gobernador cruceño ahora comparece ante un juez de medidas cautelares, que definirá su situación jurídica, que inició cerca de la 18.00 de este jueves.

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Bolivia y EEUU hablan de comercio, embajadores y cooperación

Incluso, se abordó la posibilidad de reponer embajadores, sin embargo, no se llegó a una definición, aunque se coincidió en que ese proceso es parte de la reconstrucción de la confianza mutua.

El canciller Rogelio Mayta y el el Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Mark Wells. Foto: Embajada de EEUU

/ 17 de abril de 2023 / 19:07

Este lunes, el canciller de Bolivia Rogelio Mayta sostuvo un encuentro con   el Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Mark Wells.

En la oportunidad, los personeros abordaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, diferentes áreas de cooperación y otros temas económicos.

“Fue una reunión positiva en el proceso de construcción de confianza mutua guiados por el espíritu del convenio marco de relaciones bilaterales de mutuo respeto y colaboración, que suscribimos ambos países en el año 2011”, declaró Mayta.

Reveló que, incluso, se abordó la posibilidad de reponer embajadores, sin embargo, no se llegó a una definición, aunque se coincidió en que ese proceso es parte de la reconstrucción de la confianza mutua.

“Oímos con interés la información que compartió el subsecretario sobre los planteamientos de la administración Biden”, explicó el canciller.

“Para todos nosotros son prioridades la recuperación económica después del Covid-19, la desigualdad social, la cooperación, el comercio solidario e inclusivo y el interés de participar e invertir en Bolivia”, agregó la autoridad.

“Por otra parte, hicimos conocer los esfuerzos y logros del gobierno del presidente Luis Arce en estos dos años de gestión», enfatizó el canciller Mayta.

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Bolivia

Bolivia y Estados Unidos no tienen embajadores desde 2008, luego que el entonces presidente Evo Morales decidió expulsar al embajador Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno.

Además, Mayta reveló que Bolivia elevó una protesta diplomática a EEUU, luego que Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de ese país, expresó su preocupación por la ‘actividad maligna de nuestros adversarios’ en el ´triángulo del litio’.

Mayta insistió que ese tema también fue tratado en su reunión con el subsecretario Wells.

Richardson se habló del “triángulo del Litio”, en referencia a Argentina, Bolivia y Chile.

Según el Canciller, Wells señaló que se había descontextualizado las declaraciones de Richardson y que de ninguna manera Estados Unidos tiene afanes injerencistas.

“Le ratificamos que Bolivia tiene el ánimo de tener las mejores relaciones con todos los países y pueblos de la comunidad internacional, sobre la base del respeto a su soberanía y su autodeterminación”, explicó Mayta.

“Vamos a tomar las decisiones que sean necesarias aquí en Bolivia sobre nuestros recursos naturales para lograr su mejor uso en beneficio de nuestro pueblo”, agregó el Canciller.

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En tres años, Sepdavi duplicó la atención de casos por violencia

El Sepdavi tiene ahora una cámara Gesell para indagar los casos.

Luis Atanacio. Se brinda atención multidisciplinaria a todas las víctimas

Por Luis Mealla

/ 17 de abril de 2023 / 06:23

Entre 2020 y 2022, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) duplicó la atención de casos en todo el país, en las áreas de orientación, asesoría legal, trabajo social y psicología, señala un informe al que tuvo acceso La Razón.

El director ejecutivo del Sepdavi, Luis Fernando Atanacio Fuentes, informó que la entidad se encarga también de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social, a la población víctima de un delito que sea de escasos recursos económicos.

En ese marco, aseguró que se brinda una “atención multidisciplinaria” a las víctimas de esos delitos en los nueve departamentos.

“Los delitos que más frecuentan nuestro servicio son los delitos de agresión sexual, violencia, lesiones y delitos contra la vida”, explicó la autoridad.

Desde 2020 hasta el año pasado, la cantidad de personas atendidas por el Sepdavi se incrementó de manera proporcional, debido a la gratuidad de sus servicios y el plantel profesional de alto nivel que atiende los diferentes casos, explicó Atanacio.

En cuanto a las orientaciones legales, en esos tres años se atendieron 4.161 casos, siendo 2022 la gestión en que mayor cantidad de personas (2.884) fueron beneficiadas. (Ver el cuadro adjunto)

Respecto a los patrocinios legales gratuitos, en el mismo periodo se benefició a 4.451 personas en todo el territorio nacional y el 2022 marcó el récord en la gestión con los mayores resultados, es decir, 2.529 beneficiarios.

En el área de trabajo social, en tres años, se atendió a 3.276 personas. De ese total, el año pasado se llegó a 2.361 casos registrados.

COOPERACIÓN

Desde 2020 hasta 2022, un total de 4.758 personas acudieron al Sepdavi en busca de atención en el área de psicología. El año pasado también fue el periodo de mayor afluencia de personas, con 2.242 registros.

Según el Ministerio Público, de enero a la fecha se reportaron 25 feminicidios, de los cuales 14 son atendidos por el Sepdavi.

“Esto da cuenta que nuestra institución es reconocida para poder brindar resultados a la población”, afirmó Atanacio.

Ante esa situación y la alta demanda de la población, el Sepdavi logró adquirir su primera cámara Gesell, con el respaldo de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) y la Misión Internacional de Justicia (IJM).

“Se trata de un instrumento muy necesario. Nuestra intención es que podamos atender unos 70 casos por departamento, por año, con entrevistas informativas o anticipos de prueba”, explicó el director del Sepdavi.

El director Atanacio explicó que la importancia de contar con esa cámara radica en llegar con prontitud a la población que requiere estos servicios, pues muchas veces existen plazos muy largos en otras reparticiones, como la Fiscalía o la FELCV.

“Por ejemplo, la cantidad de casos que atiende la Fiscalía es muy grande, cuando alguien solicita la cámara Gesell de esa entidad, se le programa para un lapso de espera de tres meses”, añadió.

Atanacio explicó que al tratarse de una importante herramienta para llevar adelante una investigación efectiva y eficiente, urge que el Sepdavi coadyuve con la labor de agilizar estos casos, por lo que habilitó esta cámara en beneficio de toda la población.

Si bien esta cámara Gesell ya está funcionando en La Paz, la previsión es contar con una similar herramienta en las oficinas desconcentradas del Sepdavi en Cochabamba y Santa Cruz, hasta fin de año, con la cooperación de esos organismos internacionales.

LABOR.

Por ley, las entidades que cuentan con cámara Gesell son el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Desde el pasado 27 de marzo en Sepdavi La Paz tiene ese instrumento.

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La cámara Gesell es un ambiente dividido por un vidrio unidireccional, que permite que las víctimas puedan relatar el hecho que vivieron, sin que exista “perturbación de algún estímulo externo” y para precautelar el interés superior del niño, niña, adolescente, ya sea en calidad de víctima y/o testigo de un hecho.

En ese marco, Atanacio explicó que es una medida de protección, pues precautela la integridad de la víctima/testigo como persona y sujeto de derechos.

De esa forma, “se garantiza la privacidad y el resguardo de la víctima y/o testigo durante la entrevista; se evita la duplicidad o variedad de entrevistas y declaraciones que debe emitir la víctima y/o testigo y se resguarda a la víctima y/o testigo de un posible contacto con su supuesto agresor. Estas entrevistas deben ser hechas por personal calificado, un psicólogo forense”, complementó la autoridad, al indicar que esa cámara tiene equipo de última generación.

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Elecciones judiciales: Semana clave en la Asamblea para redirigir el proceso

La Comisión Mixta fue convocada para hoy a las 15.00.

La Comisión Mixta sesionó el sábado para analizar los ajustes al reglamento e ingresó a un cuarto intermedio hasta hoy.

/ 17 de abril de 2023 / 06:09

La Asamblea Legislativa inicia una semana clave para reencauzar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue anulado por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.

El diputado Juan José Jauregui (MAS), miembro de la Comisión Mixta, confirmó a LA RAZÓN que hoy, a las 15.00, se reanudará el debate para hacer los ajustes al reglamento y a la convocatoria, además de analizar nuevos plazos.

“Este lunes vamos a agilizar los ajustes del reglamento y la convocatoria, para luego remitir el informe correspondiente, el martes, a la presidencia de la Asamblea Legislativa para que se convoque a una sesión”, explicó el legislador.

Jauregui prevé que el miércoles pueda realizarse la sesión plenaria en la Asamblea y se consideren los elementos que fueron ajustados.

En ese entendido, anunció que hasta el viernes se pueda publicar la nueva convocatoria para recibir, otra vez, las carpetas de los postulantes para las judiciales.

MODIFICACIÓN.

“El 95% del anterior reglamento no va a tener mayor modificación, porque todos los contenidos están con respaldo constitucional”, explicó. “Con estos elementos vamos a garantizar la apertura de las oficinas para recabar de nuevo las carpetas de los postulantes”.

En ese marco, se analizarán también nuevos plazos, como el periodo para recibir las postulaciones, que se prevé sea de una semana.

“Estimamos en la comisión que la fase de recepción de postulaciones será por una semana”.

La anterior convocatoria, que fue anulada, establecía que el periodo para recibir la documentación iniciaba el 29 de marzo y concluía el 15 de abril, durante más de dos semanas (17 días).

Incluso, Jauregui mencionó que pueden darse otros ajustes. Como los 30 días establecidos para la entrega de credenciales a las autoridades judiciales, que serán elegidas por voto. “Consideramos que es demasiado tiempo para entregar credenciales a 56 ciudadanos, 28 titulares y 28 suplentes. Ese plazo podría ser objeto de ajuste”, remarcó el asambleísta del oficialismo.

El jueves anterior, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni resolvió dejar sin efecto la convocatoria para recibir postulaciones, en función a un amparo constitucional que interpuso el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz.

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La decisión se asumió hasta que la Asamblea resuelva las observaciones que se hizo a un artículo objetado en la normativa. Así, la Asamblea anuló la recepción de postulaciones para elegir a los candidatos, Estos deberán conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La convocatoria fue emitida el 28 de marzo y un día después se comenzó a recibir postulaciones.

No obstante, en medio de ese proceso, el abogado Balcázar Ruiz objetó el numeral 16, del artículo 19 del reglamento, que establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública”.

Ante esa situación, presentó un amparo constitucional en la Sala Constitucional del Beni. Al final, esta resolvió dejar sin efecto la convocatoria, mientras no se subsanen esas observaciones.

Ahora, el Legislativo busca reanudar el proceso de preselección, con las recomendaciones hechas por el juzgado del Beni.

Al respecto, la senadora opositora Silvia Salame (CC) afirmó que en lugar de poner “parches” al anterior reglamento, se debe aprobar una “ley reglamentaria” para garantizar la continuidad del proceso de preselección.

DERECHOS.

“A través de un reglamento no se pueden regular derechos, sino, tiene que ser mediante una ley bien fundamentada (…). Por eso presentaré un proyecto de ley”, pues así se blindará el proceso ante otros eventuales amparos, precisó la legisladora.

Salame espera que esta semana se pueda solucionar esta situación para reanudar el proceso de preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales.

No obstante, lamentó que no se vaya a considerar las propuestas de la oposición y que la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) avale el documento que presente el oficialismo.

“Se ha anulado un reglamento que ni siquiera fue aprobado por dos tercios y seguramente, ahora, tampoco lo va a ser”, cuestionó la legisladora de oposición.

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En la Comisión Mixta prevén solo una semana en el registro de postulantes para las judiciales

Ese y otros plazos serán ajustados en el marco del nuevo reglamento que será debatido entre lunes y martes, luego que el proceso iniciado en marzo quedó sin efecto, por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.

La reunión de la Comisión Mixta del sábado. Foto: Roberto Guzmán

/ 16 de abril de 2023 / 12:49

La Comisión Mixta de Constitución prevé que el registro e inscripción de postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales dure solo una semana.

Ese y otros plazos serán ajustados en el marco del nuevo reglamento a debatirse entre lunes y martes. Esto luego que el proceso iniciado en marzo quedó sin efecto, por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.

Lea más: Comisión Mixta da primer paso para elaborar nuevo reglamento y plazos de los comicios judiciales

El diputado Juan José Jauregui (MAS), miembro de la Comisión Mixta, explicó que tras el tratamiento en esa entidad, se remitirá el informe al pleno de la Asamblea, que deberá aprobar el documento y así abrir de nuevo el proceso para recibir las postulaciones.

“Se ha tomado la decisión de ajustar los contenidos de los puntos que fueron objeto de observación (…) Hay que emitir un nuevo reglamento que proteja los derechos fundamentales y las garantías constitucionales”.

La previsión es que hasta el viernes se publique la nueva convocatoria, “luego se abre la fase de recepción (…). Estimamos en la comisión que la fase de recepción de postulaciones será por una semana”, explicó Jauregui.

La anterior convocatoria, que fue anulada, establecía que el periodo para recibir la documentación iniciaba el 29 de marzo y concluía el 15 de abril, durante más de dos semanas (17 días).

Empero, ahora la previsión es ajustar los plazos, luego que el primer proceso quedó anulado.

Comisión Mixta

Incluso, Jauregui mencionó que pueden darse otros ajustes. Como los 30 días establecidos para la entrega de credenciales a las autoridades judiciales, que serán elegidas por voto.

“Consideramos que es demasiado tiempo para entregar credenciales a 56 ciudadanos, 28 titulares y 28 suplentes. Ese plazo podría ser objeto de ajuste”, agregó el legislador.

El jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni resolvió dejar sin efecto la convocatoria para recibir postulaciones.

La decisión se asumió hasta que la Asamblea resuelva las observaciones que se hizo a un artículo objetado en la normativa.

El fallo se ejecutó en el marco del amparo constitucional que interpuso el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz.

Así, la Asamblea anuló la recepción de postulaciones para elegir a los candidatos, Estos deberán conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La convocatoria fue emitida el 28 de marzo y un día después se comenzó a recibir postulaciones.

No obstante, en medio de ese proceso, el abogado Balcázar Ruiz objetó el numeral 16, del artículo 19 del reglamento.

La disposición establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública”.

Ante esa situación, presentó un amparo constitucional en la Sala Constitucional del Beni. Al final, esta resolvió dejar sin efecto la convocatoria, mientras no se subsanen esas observaciones.

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Comisión Mixta da primer paso para elaborar nuevo reglamento y plazos de los comicios judiciales

La Comisión Mixta reanudará el debate mañana, tras fallo de una Sala de Beni.

La Comisión Mixta de Constitución se reunió ayer por la tarde en una sesión extraordinaria.

/ 16 de abril de 2023 / 07:25

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer, por mayoría simple, ajustar la convocatoria para las elecciones judiciales, tal como ordenó la Sala Constitucional del Beni.

En una sesión de poco más de una hora, el Movimiento Al Socialismo (MAS) allanó el camino para reimpulsar los comicios, luego de que un amparo frenó el proceso de preselección de candidatos.

La presidenta de la Comisión Mixta, Patricia Arce (MAS), definió cuarto intermedio para mañana. En medio del debate, la senadora Silvia Salame y el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), presentaron propuestas para el nuevo reglamento y la convocatoria, y para discutir el proceso, no obstante, fueron rechazadas.

La previsión es que hasta el viernes se emita la nueva convocatoria para recibir otra vez las carpetas de los postulantes. “Se ha tomado la decisión de reencauzar este reglamento e iniciar el trabajo, y el lunes a las 15.00 nos constituiremos para poner en consideración los ajustes ante el pleno de la comisión para aprobar rápidamente”, informó el diputado Juan José Jáuregui (MAS).

El legislador, quien es miembro de esa comisión, explicó que luego de ese proceso, el pleno de la Asamblea deberá aprobar el informe y así abrir de nuevo el proceso para recibir las postulaciones.

El jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni resolvió dejar sin efecto la convocatoria para recibir postulaciones.

La decisión se asumió hasta que la Asamblea resuelva las observaciones que se hizo a un artículo objetado en la normativa.

DECISIÓN.

El fallo se ejecutó en el marco del amparo constitucional que interpuso el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz.

Así, la Asamblea anuló la recepción de postulaciones para elegir a los candidatos para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La convocatoria fue emitida el 28 de marzo y desde entonces se comenzó a recibir postulaciones.

También puede leer: Tras anulación de la convocatoria, el TSE perfila que las elecciones judiciales sean en noviembre

No obstante, en medio del proceso legislativo, el abogado Balcázar Ruiz objetó el numeral 16, del artículo 19 del reglamento.

La disposición establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública”.

Ante esa situación, presentó un amparo constitucional en la Sala Constitucional del Beni, que al final resolvió dejar sin efecto la convocatoria, mientras no se subsanen esas observaciones.

Con todo, ayer, la Comisión Mixta determinó dar el primer paso para reanudar el proceso de preselección de candidatos.

Durante el debate, la senadora Salame propuso que en lugar de un nuevo reglamento, se trabaje en una ley que regule la cantidad mínima de votos nulos y blancos.

“Ahora, hay ciudadanos que están ejerciendo la magistratura hasta con el 0,5% de votos. En la ley hay que poner candados que impidan que nadie pueda acomodar a su medida el reglamento”.

Por su parte, Alarcón propuso mantener los plazos, pues solo habría un desfase de tres días y no aplicar el requisito estipulado en el artículo 19 del reglamento. “Lo único que se debería hacer en el reglamento es corregir este detalle”. Planteó un debate macro sobre el proceso rumbo a las judiciales.

La previsión es que el miércoles se apruebe el reglamento y la convocatoria, en el pleno de la Asamblea Legislativa, para reanudar el proceso desde el viernes.

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