Defensor pide a la Justicia y Régimen Penitenciario ‘respuesta oportuna’ sobre traslado de Camacho
Pedro Callisaya señaló que, de acuerdo con la norma, ambas entidades tienen 10 días hábiles para responder.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, brinda una conferencia de prensa.
Imagen: Archivo
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió este jueves al Tribunal de Sentencia N° 8 de Santa Cruz y la Dirección de Régimen Penitenciario una “respuesta oportuna” sobre el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro de La Paz hasta el de Palmasola, en Santa Cruz, para su juicio oral que empieza el lunes.
“Estamos exigiendo una respuesta para que nos puedan dar oportunamente. Hemos recibido una denuncia del abogado del señor Camacho, denunciando algunos aspectos de una orden judicial. Inmediatamente hemos emitido un requerimiento de informe al Tribunal de Sentencia de Santa Cruz para que nos informe cuál es el estado de cumplimiento de su propia orden, pero también hemos emitido un requerimiento de informe a la Dirección de Régimen Penitenciario para que nos informe acerca de esta situación del cumplimiento de esa orden judicial”.
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Callisaya señaló que tras esa información, se emitirá una posición institucional. Agregó que, de acuerdo con la norma, ambas entidades tienen 10 días hábiles para responder.
“Estamos todavía dentro de plazo, lo que estamos haciendo es el camino correcto para exigir una información a la autoridad judicial, para que nos diga qué está haciendo para lograr el cumplimiento de su propia decisión”.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, están a la espera de los informes de Inteligencia de la Policía para ver si “existen condiciones” para el traslado del gobernador a su audiencia en Santa Cruz por el caso Decretazo.
El lunes 11, a las 13.30, comenzará el juicio oral. Los antecedentes datan de marzo de 2022, cuando Camacho viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región y encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.
Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien denunció que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.
El miércoles, Martín Camacho, abogado del gobernador encarcelado, señaló que el gobernador en suplencia, Aguilera, será convocado como testigo en el caso, tanto por el Ministerio Público como la defensa.