Justicia y la fuerza pública, el rezago democrático
En el último trimestre de 2019 se mostró viejas prácticas de uso político y arbitrario, y abuso de la fuerza.
El punto sobre la i
En las conclusiones de su exhaustivo informe (471 páginas en el formato final), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que si algo no ha acompañado el desarrollo democrático boliviano, que se ha rezagado en su contribución a la democracia y al Estado de derecho, es el sistema judicial y las fuerzas de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas); tal es una de las mayores certezas a que llegan los Expertos tras estudiar la crisis de 2019, durante el último cuatrimestre. Ciertamente, la parte del informe del GIEI que acaso genere más debate sea su capítulo 4, “Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”. Sección polémica porque aquí el GIEI examina los temas macro, estructurales, que hoy día menoscaban el sistema democrático; son cinco áreas: Funcionamiento del sistema de justicia; Seguridad pública y estabilidad democrática; Racismo y desprecio a símbolos indígenas; Violencia sexual y de género; y, Protesta social y libertad de expresión. Las dos primeras partes ocuparán las siguientes líneas.
En el “funcionamiento de la justicia” los cuatro grandes problemas, según el GIEI, son: a) la falta de independencia de la administración de justicia; b) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; c) el uso abusivo de la prisión preventiva; y, d) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.
Y es aquí donde los Expertos arriesgan advertencias directamente de política pública: “Al respecto de estos cuatro elementos, se advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la Judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales”.
DELITOS. Es más, en este diagnóstico que el GIEI hace del estado de la justicia boliviana, concentra su observación en al menos tres delitos penales cuya sola presencia en la legislación penal del país es, por lo menos, anómala: “Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.
Ahora, ya aterrizando un poco más, el GIEI apunta que la anhelada “independencia de los jueces” de principio dependerá de “un adecuado proceso de contratación, inamovilidad en el cargo, y la garantía de que no tenga presiones externas”.
Otro tanto hace con relación al Ministerio Público (Fiscalía): para conseguir su “independencia e imparcialidad”, de nuevo vuelve sobre el adecuado nombramiento y condiciones de trabajo que “garanticen la seguridad en el cargo”.
La injerencia política es evidente, dice el informe, y ésta se facilita tanto por el carácter transitorio de los cargos de jueces y fiscales, como por la falta de independencia de las instituciones encargadas de los nombramientos (Consejo de la Magistratura); pero si hay algo de fondo y estructural para la vulnerabilidad política del Órgano Judicial es el “presupuesto restringido para el sector justicia”.
“Con base en información sistematizada por la sociedad civil, entre 2014 y 2019, el presupuesto para este sector se mantuvo en menos del 0,5% del presupuesto general consolidado del Estado. Para la gestión 2019, el presupuesto asignado al sector justicia correspondía al 0,49%”, refiere el documento del GIEI.
La precariedad alcanza a la Fiscalía: “En su entrevista con el GIEI, el Fiscal General indicó que, debido a la reducción del 15% en el presupuesto para 2021, el Ministerio Público no ha podido contratar personal nuevo y se ha visto obligado a reducir los niveles salariales de todos sus funcionarios”.
En lo relativo a la institucionalidad del Órgano Judicial, según información presentada por Bolivia a la CIDH en 2018, ese año en el país había 118 vocales, 1.039 jueces ordinarios y 63 jueces agroambientales; de ello, “solo 163 serían jueces de carrera, lo que representa menos del 14%.
La transitoriedad en el cargo también afecta a los y las fiscales. “Según la información proporcionada al GIEI por el fiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce, de los 570 fiscales de materia en todo el país, solo un 20% fueron institucionalizados en gestiones anteriores. Al respecto, por primera vez en los últimos años se realizó una convocatoria pública para la designación de fiscales departamentales, la cual, sin embargo, no logró éxito y fue declarada desierta”, refieren los Expertos.
PENAL. Pero si hay un ámbito predilecto para la presión política mediante el sistema judicial, éste es la justicia penal, el uso de la “persecución penal con finalidades políticas”; de aquí que “una tendencia” que los Expertos aseguran haber encontrado es el constante recurso a usar la acusación por sedición y terrorismo: “Una tendencia que se observó en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019 fue el uso frecuente de las figuras penales de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición”.
Recordando la amenaza que hiciera el ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, de una “cacería” de las autoridades salientes y dirigentes del MAS (14 de noviembre), el GIEI deplora el “uso indebido” de terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición.
Ahora, cuando desde la oposición se señala que esta dependencia política de la justicia sobre todo ocurrió en los gobiernos del MAS, todos los ejemplos que describe el documento del GIEI se refieren a los cometidos bajo la presidencia de Áñez, los actos infligidos contra militantes, exfuncionarios o personalidades relacionadas con el MAS, especialmente entre septiembre y diciembre de 2019.
El informe revela que la Fiscalía General emitió la investigación de los vocales del TSE el 10 de noviembre, el mismo día en que por la madrugada la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió su informe de auditoría preliminar, dando indicios de “una manipulación dolosa” (un fraude) en la elección del 20 de octubre de 2019.
ABUSO.Cuando los exvocales del TSE eran presentados a la prensa con al menos dos policías embozados, con el traje de camuflaje completo y portando armas largas, el GIEI cuestiona dicho trato: “Con base en la información obtenida, se advierten diversas irregularidades y arbitrariedades por parte de la Fiscalía, la Policía y las instancias judiciales en los procesos referidos, particularmente debido a la falta de criterios objetivos en la determinación de su situación jurídica, al trato que recibieron por parte de las autoridades y a las serias irregularidades procesales que obstaculizaron su derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Un mismo patrón de persecución fue identificado en básicamente la totalidad de casos en contra de vocales electorales en el país”.
El GIEI también deplora la inacción o actuación de negligencia selectiva de la Policía durante los conflictos de fines de 2019. “Preocupa que la Policía no intervino ante las amenazas y la quema de las instalaciones de diversos tribunales departamentales, lo que afectó considerablemente al personal, patrimonio y material electoral”.
En la vulneración de los derechos humanos con fines generalmente políticos, el GIEI vio el “abuso de la detención preventiva” y que, por ejemplo, para acusar a sospechosos de los delitos electorales, solo se recurría, una y otra vez, al informe preliminar de la OEA (del 10 de noviembre), donde no se individualizaba a nadie como responsable; los fiscales, para acusar, critican los Expertos, incluso recurrían a información publicada en los medios de prensa.
Entre los patrones de uso político de la persecución penal, el GIEI encuentra:
– Uso arbitrario de la tipificación legal de los crímenes de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
– Los expedientes investigativos y judiciales presentan “graves deficiencias” en la fundamentación de los ilícitos, “los elementos de convicción y el nexo causal con la calificación penal de las conductas para la fundamentación de imputaciones”.
– Y, la detención preventiva es utilizada rutinariamente sin los requisitos legales y, en algunos casos, como “medio de coacción de personas para la incriminación de terceros”.
– Se detiene preventivamente incluso a quienes de forma voluntaria se presentan a declarar, no tomando en cuenta esta disponibilidad a colaborar en el proceso.
– Se legalizaron “aprehensiones” efectuadas por personas no facultadas para hacerlo, “situación que no fue cuestionada o examinada por la autoridad jurisdiccional competente. Un ejemplo es el caso de las personas detenidas irregularmente por civiles en El Alto, el 11 de noviembre de 2019”.
– El GIEI no deja de observar el decreto de amnistía del gobierno del MAS. Cuestiona que se lo haga solo a quienes fueron detenidos durante el gobierno de Áñez; lo mejor, dice, era revisar los casos y resolverlos individualmente; y es que la amnistía está muy relacionada, asegura, al olvido del delito, y a su repetición.
SEGURIDAD. En cuanto a la actuación de menoscabo del Estado de derecho por parte de las fuerzas de seguridad, el GIEI encuentra que “durante la crisis política de 2019 las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos”.
Específicamente en relación a la Policía, el documento del GIEI destaca:
– Los acontecimientos de la crisis de 2019 refuerzan la perspectiva de que la Policía actúa bajo la influencia de objetivos políticos.
– El motín policial, iniciado el 8 de noviembre en Cochabamba, y que luego se extendió a todos los departamentos, fue, sin duda, “un factor relevante, tanto porque ocurrió justo cuando la espiral de violencia se ampliaba, lo que dejó desprotegida a la sociedad durante los graves sucesos de la crisis, como porque en la lista de reivindicaciones incluyó la renuncia del presidente Evo Morales Ayma”.
– El análisis de los hechos revela que, por procesos externos e internos, la institución policial fue instrumentalizada durante las disputas políticas.
– La grave situación de enfrentamientos e inestabilidad política, reclama el GIEI, luego de las elecciones del 20 de octubre “demandaba que la institución actuara con imparcialidad, de forma preventiva y asumiera un liderazgo en la contención de la violencia.
Sin embargo, la identificación del movimiento policial con planteamientos de los grupos políticos que antagonizaban en las calles perjudicó su capacidad de actuar resolutivamente para evitar la violencia”.
– “Por otro lado, también se advierte complicidad entre los miembros de la fuerza policial con los grupos de choque de las ‘resistencias’ civiles, que en algunos incidentes operaron como fuerzas parapoliciales. Hay elementos de prueba que revelan que funcionarios policiales incentivaron y participaron en actividades de la RJC durante el periodo del amotinamiento”, deplora el GIEI.
FFAA. En lo relativo a las Fuerzas Armadas, el GIEI lo primero que observa es la desproporción del uso de la fuerza; la intervención de la institución armada, dice, “debe reservarse a las situaciones de extrema gravedad y descontrol intenso del orden con conflictos armados. Las situaciones de protesta social no pueden ser consideradas de alto peligro y tampoco un conflicto armado, por lo que se evalúa que la movilización de las Fuerzas Armadas para participar de actividades de represión a grupos que se manifestaban, aunque con alguna violencia, es desproporcionada”.
El GIEI también cuestiona el escaso acceso a información que rutina en las Fuerzas Armadas; especialmente en lo relativo a los derechos humanos, este acceso no puede seguir siendo restringido: “Por lo tanto, es un imperativo para el refuerzo democrático de Bolivia que las Fuerzas Armadas brinden toda información requerida por las autoridades civiles a cargo de las investigaciones de violaciones de los derechos humanos relatadas en este informe, así como en cualquier caso de naturaleza semejante”, reclama el informe.
Y, claro, el GIEI directamente señala que “para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran”.
Y es que es fatalmente obvio: “La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón