La crisis del impuestazo de ‘febrero negro’, hace 20 años
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
Hubo al menos 33 muertos, producto de las balaceras. La protesta contra un impuesto anunciaba lo que vendría después: octubre de 2003
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El impuesto al salario en 2003 fue vista como una agresión porque al mismo tiempo se anunciaba que ese año no iba a haber aumento salarial...
El punto sobre la i
El detonante lo puso el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el domingo 9 de febrero de 2003, en un mensaje por televisión, cuando anunció el envío al entonces congreso de un proyecto de ley que reformaba la Ley Tributaria, estableciendo el impuesto al salario, en una proporción que iba de 4,2% a 12,1%, según el monto ganado: quedando libre del impuesto el salario que llegaba hasta Bs 880, por ejemplo, a quien ganaba Bs 1.320 se le iba a descontar Bs 55; descuento de Bs 140 al salario de Bs 2.000; Bs 515 al sueldo de Bs 5.000; Bs 1.140 al de Bs 10.000; Bs 3.628 al de Bs 29.000, según recogió el periódico digital Econoticias.com, fuente incorporada junto con otras en el libro Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, Miguel Pinto Parabá (coordinador) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Biblioteca Laboral Nro. 17, febrero de 2016).
Pero el efecto que tuvo el impuesto al salario, que inmediatamente se lo bautizó como “impuestazo”, solo es comprensible teniendo en cuenta el contexto: el déficit fiscal en 2002 había llegado a 8,5% del PIB (“un nivel insostenible para una economía tan diminuta y endeble como la boliviana”, apunta Econoticias); el gobierno de Sánchez de Lozada se había comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a bajarlo a poco más de 5%; y, como dice el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) (en Para que no se olvide. 12 y 13 de febrero de 2003, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y otros, Plural, febrero de 2004), el Gobierno acudía a la “recaudación fácil”: el impuesto al consumo y, ahora, al salario.
En el mismo mensaje al país, Sánchez de Lozada anunciaba: “Hay un sacrificio adicional (…), no vamos a aumentar sueldos ni salarios”, tampoco se iba a incrementar el presupuesto a las universidades; y si bien iba a haber un recorte de 10% a los gastos del Gobierno nacional, del Congreso y del Poder Judicial, Econoticias.com hace notar que se daba un “tratamiento favorable a los empresarios al disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 a 12,5% y al Impuesto a las Transacciones de 3 a 2,5%”, que habría sido para hacer más competitivas a las empresas, que mejorando su crítica situación, luego podrían “rebajar los precios de sus productos”.
Era la “crisis fiscal”, producto “de la insolvencia del Estado neoliberal” (Cedla), en la que los protagonistas sin duda fueron los policías, que se acuartelaron, amotinaron, en el GES (Grupo Especial de Seguridad), detrás de la Cancillería, casi al frente del Palacio de Gobierno y del Legislativo.
Pero, al margen de los hechos, en lo que sigue se propone otro recuento, el contenido en el texto ya citado Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero. Y es que este texto es especial: recoge una evaluación “en caliente” de la crisis y desde el punto de vista de las organizaciones laborales.
Como informa su Presentación, llegando lo más alto de la crisis el miércoles 12 y jueves 13 de febrero de 2003, apenas tres días después, el domingo 16 hubo la “reunión conjunta de emergencia” en Cochabamba de la Central Obrera Departamental de La Paz, el Bloque Sindical Antineoliberal y el Estado Mayor del Pueblo, para analizar lo que estaba sucediendo; esta cita dio lugar a que la COD La Paz luego organizara el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero” en La Paz, el 25 y 26 de febrero. Un encuentro que inesperadamente reunió a “más de 350” personas, entre los que estaban, aparte de “dirigentes de todo el país”, “intelectuales, universitarios, trabajadores de base, militantes de partidos políticos, policías, militares”.
Es lo discutido allí, en pleno luto por 33 muertos, que se recogió en el mencionado libro, el cual, por otra parte, en su primera edición, se presentó el 15 de abril de 2003.
En la reunión del 16, cuenta el coordinador del texto, el periodista Miguel Pinto Parabá, si alguna coincidencia hubo entre los dirigentes sindicales fue que la sublevación del 12 y 13 fue “espontánea”, “porque no hubo dirección sindical ni política organizada”; los dirigentes obreros y políticos fueron “sorprendidos” por el motín policial; los dirigentes Evo Morales (MAS), Óscar Olivera (Coordinadora del Agua), Estanislao Aliaga (Magisterio urbano) y Genaro Torrico (de la COD), reconocieron “autocríticamente” que “ninguna de las organizaciones a su mando ni la progubernamental COB coordinaron acciones para dirigir este movimiento”. En el propio MAS y el Estado Mayor del Pueblo (de influencia masista) reconocieron que sus cuadros políticos “no estuvieron a la altura de los acontecimientos”.
En la reunión del 16, cuenta Pinto Parabá, se criticó “acremente” al Mallku Felipe Quispe y a Álvaro García Linera, “quienes en el momento del conflicto, se encontraban de visita en México”.
Ya en la reunión del 25-26 el análisis fue más variado: Por el MAS, Román Loayza, dijo en la misma que “si el Estado Mayor del Pueblo hubiese estado bien organizado, hubiésemos tomado el poder (el 12 y 13 de febrero)”.
El Mallku, por su lado, quiso justificar la relativa ausencia de las organizaciones campesinas en la revuelta de febrero: “En algunos sectores del agro estamos aún en tiempo de cosecha, los compañeros están metidos en sus cultivos, pero en dos o tres meses estaremos listos para actuar”.
“La Policía, uno de los brazos armados del Estado, que casi siempre sirvió para doblegar la resistencia popular, se dio la vuelta y puso patas arriba la gobernabilidad”, apuntaba Óscar Olivera, dirigente cochabambino; añadiendo que “en La Paz no hubo una organización social o popular capaz de convocar a la población. Fue una acción espontánea”. Édgar Ramírez, viejo dirigente minero (ya fallecido), había dicho que “se está derrumbando el poder económico y social de la burguesía, pero aún no hay una contraparte del poder popular”.
La COB, además, estaba dividida, cooptada su dirigencia, con Saturnino Mallku al frente, se denunciaba. Sus adversarios acusaron a la dirección de entonces: de 26 dirigentes de la COB, 12 eran militantes del MIR, 7 de ADN, y 4 del MNR. El congreso de marzo de 2002 se realizó con 20% de las organizaciones miembros.
Febrero también fue significativo, aunque no siempre justificable, por la violencia espontánea que hubo contra al menos nueve edificios oficiales, sedes partidarias y negocios privados.
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“Durante horas, a la cabeza de una masa de jóvenes provenientes de los más disímiles oficios, todos los sistemas previos de autoridad, tanto estatal como social, se resquebrajarán dando paso a un actor colectivo portador de una intencionalidad política claramente manifiesta en la quema simbólica de los edificios del poder estatal y de las privatizaciones”, dirá en un análisis posterior García Linera.
Acerca de la imagen que se quiso dar al levantamiento de “actos vandálicos”, el periodista Ricardo Zelaya protestaba contra ello: “Los acontecimientos de febrero no son sucesos aislados o fruto del ‘vandalismo’, (…) se inscriben en un terreno mucho más amplio, el del creciente enfrentamiento entre un mundo neoliberalizado y decadente y el surgimiento de movimientos sociales que se le oponen a escala planetaria”.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón