Después de un proceso de negociación y de compra a la antigua dueña Sumitomo Corporation, los activos de la empresa Minera San Cristóbal (MSC) pasaron a manos de San Cristóbal Minning Inc. (SCM) y el geólogo Quinton Hennigh se puso a la cabeza de este consorcio que pretende convertir a la empresa en la mayor productora de plata del mundo.

Uno de los primeros mensajes que la nueva administración quiere entregar es que los 1.300 trabajadores que hoy en día tiene la empresa gozarán de plena estabilidad y serán parte importante de los nuevos planes que la empresa tiene para el futuro.

Pese a que ya dio mucho desde sus entrañas, la mina San Crostóbal tiene aún bastante por entregar al país y en sus alrededores hay un gran potencial por explorar —dice Hennigh— quien abrió las puertas de San Cristóbal Mining Inc. a LA RAZÓN para tener una larga y explicativa conversación.

Hennigh tiene más de 25 años de experiencia y una extensa trayectoria en Estados Unidos, Canadá y Australia. Cuenta con un doctorado en Geología Económica de la reconocida Escuela de Minas de Colorado en los Estados Unidos. Con su experiencia y preparación, asesoró la exploración de varios proyectos con resultados de éxito.

—¿Cuál fue su impresión al llegar a Bolivia?

—La primera vez que vine fue a principios del año pasado, pronto después de que me enteré de esta oportunidad de adquirir la mina. Conozco a mucha gente de Sumitomo hace muchos años y tenía buena referencia, pero la primera impresión que tuve al llegar me terminó de convencer.

—¿Cuánto tiempo tomó la negociación con Sumitomo?

— Tomó aproximadamente 14 meses negociar y cerrar el trato de negociaciones.

—¿Cuándo se cerraron las negociaciones?

—Hemos cerrado el 10 de febrero de este año el contrato.

—¿Se conoce cuántos años más de vida útil tiene el yacimiento?

—La reserva oficial es de siete años aproximadamente, pero no compramos por ser una mina que tiene siete años, nosotros vemos la potencialidad a largo plazo.

—¿Cuál es ese potencial?

—Hay tres cosas que vemos como oportunidades alrededor de la misma mina: hay potencial de explorar y de crecer, en segundo lugar, tenemos un proyecto de óxidos que es muy grande y esperamos que habrá material nuevo, se necesita un molino SAG, y el proceso que se hará acá pensamos que será más de 14 años, entonces, vemos oportunidades de explorar, soy geólogo de exploración y vemos que hay mucho potencial en explorar alrededor de la mina San Cristóbal.

—¿Se podría trabajar en la exploración de otros minerales?

—La minera San Cristóbal ahora se concentra en zinc, plata y plomo, pero vemos buen potencial. Entonces, tenemos oportunidad de encontrar más de lo que ya exportamos. A futuro hay oportunidades nuevas como ser el cobre.

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—¿Tienen otros proyectos en Bolivia?

—San Cristóbal está ahora enfocada sobre San Cristóbal, pero en el futuro sí consideramos pensar en otras oportunidades.

—¿Cuál será el trato que los nuevos administradores tendrán con los trabajadores?

—La fuerza laboral queremos que se mantenga desde la oficina hasta los trabajadores de la mina, queremos mantenerlos a todos, que tengan el mismo trato que tuvieron con Sumitomo y que no haya irrupciones en el trabajo. Queremos que no haya ningún cambio a ese nivel.

—¿Desde cuándo comienza a trabajar la nueva administración de la mina?

—Toda la administración se queda de Bolivia, el único cambio que hay es mi persona y un par de geólogos más y quizás un experto financiero. Entonces, es importante entender que soy geólogo y también trabajamos con más geólogos y la visión es explorar nuevos depósitos, nuevas oportunidades desde ese conocimiento. Este equipo operativo es uno de los mejores que he visto en toda mi vida y un nuevo aporte como se puede alcanzar con visión.

—¿Habrá nuevas inversiones?

—Estas son empresas de inversiones internacionales grandes e importantes y el apoyo financiero nuestro crece con los nuevos depósitos, con los proyectos de óxidos, todo está creciendo y estas son inversionistas grandes. San Cristóbal Mining es una sumatoria de varios inversionistas que ya han efectuado una inversión importante para la adquisición de la posesión de Sumitomo dentro de la estructura de capital en San Cristóbal.

—¿Cuál será el objetivo de las nuevas inversiones que tiene previstas para el país?

—El objetivo es realizar inversiones de exploración para mejorar e incrementar las reservas probadas y probables en nuestra zona de influencia, entonces, hay una política y una decisión por parte de San Cristóbal Mining de efectuar las inversiones vinculadas a la exploración para nuevas áreas de exploración dentro de la zona.

—¿Qué nos puede decir sobre la empresa?

—San Cristóbal Mining Inc. es una empresa minera privada formada bajo las leyes de la Columbia Británica en Canadá. Está compuesta por profesionales de exploración, minería, operaciones y finanzas con amplia experiencia internacional en la industria.

La compañía tiene la visión de llevar a la empresa minera a consolidarse como productor de plata líder mundial a través de la operación continua, la inversión en el futuro de la compañía y la consolidación de activos de alta calidad a nivel mundial.

PERFIL

Nombre: Quinton Hennigh

Empresa: San Cristóbal Minning Inc. (SCM)

Profesión: Geólogo, con doctorado en Geología Económica.

Geólogo Minero Quinton Hennigh tiene más de 25 años de experiencia y una extensa trayectoria en Estados Unidos, Canadá y Australia. Cuenta con un doctorado en Geología Económica de la Escuela de Minas de Colorado en los Estados Unidos. Asesoró la exploración de varios proyectos mineros.

Quinton Hennigh: La empresa San Cristóbal Minning Inc. toma el control de una de las minas más grandes que tiene el país, San Cristóbal. Y el desafío de sacar adelante este proyecto recae en este geólogo con gran experiencia en minería. Hennigh tiene una visión positiva, dice que la mina tiene potencial incluso con el cobre y le augura muchos años más de vida útil.

Empiezan los preparativos y las ofertas. Semana Santa se acerca y los mercados empiezan a surtirse de mariscos y pescados, tradicionales para esta fiesta religiosa. En La Paz, la Alcaldía alista operativos y comenzó ya las capacitaciones para las vendedoras, que ofrecen los mariscos desde Bs 80 el kilo.

El intendente municipal de La Paz, Raúl Salta, informó que en la semana se realizó la capacitación a las asociaciones de vendedoras de mariscos. Se les instruyó en torno al buen manejo de los productos, el cumplimiento de la cadena de frío. Los puestos que reúnan las condiciones recibirán un certificado.

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“No solamente nos vamos a dedicar a la capacitación; vamos a hacer los controles y en cada puesto de venta se verificará que cumpla con las condiciones. Si el puesto tiene su carnet sanitario, de manipulación y ha recibido la capacitación específica, se le va a otorgar esta certificación; de lo contrario, los productos pueden ser decomisados”, dijo Salta.

El funcionario añadió que los productos de mar son comercializados frecuentemente en los mercados de la calle Rodríguez, Valentín Navarro y Achumani. Allí se concentrarán los controles, empero, no se descarta asistir a otros sectores donde ofrezcan los productos durante la próxima semana.

MARISCOS

La representante del Sector de Mariscos del mercado Rodríguez, Rosario Valdez, señaló que en Semana Santa la venta de mariscos sube. En ese sentido, invitó a las amas de casa a visitar el lugar para adquirir productos para la preparación de diferentes platillos tradicionales, libres de carne roja, como señala la costumbre de esta fiesta religiosa.

“Para Semana Santa tenemos camaroncillo, bacalao, cochayuyo, langostinos precocidos y crudos, tenemos pacú, surubí y también paiche, tenemos toda clase de mariscos y pescados”, explicó Valdez.

Los precios, según la comerciante, están “al alcance de los bolsillos” y garantiza que se mantengan para cautivar a la clientela.

“Tenemos desde 80 bolivianos el kilo de langostino hasta 120. Los más grandes, jumbos, que pesan 14 colas por kilo, los tenemos a 180 bolivianos; tenemos pulpo, chorito, almejas, surtido de mariscos tenemos una gran variedad”, indicó.

La oficina del Banco Mundial en Bolivia lanzó la convocatoria del segundo concurso de microcuentos sobre racismo denominado «Mi alma no tiene color».

En la presente versión se tomará en cuenta una nueva categoría, que contempla participantes de entre 13 a 17 años, informó la representante del organismo en Bolivia, Indu John Abraham.

«Es un concurso nacional que realizamos la primera edición en 2021 y estamos, en esta ocasión, ampliando el concurso para incluir a los adolescentes», dijo a La Razón.

El certamen contará con tres categorías. La primera, para adolescentes de 13 a 17 años; la segunda, de 18 a 23; y la última, desde los 24 años en adelante.

John Abraham añadió que, durante un mes —a partir de este 21 de marzo— se recibirán los trabajos a través de su plataforma digital, donde los participantes deberán llenar un formulario, además de la obra que no debe contener más de 3.000 caracteres.

«Esperamos que hasta junio tengamos a los ganadores, pero depende mucho del número de microcuentos que recibimos. Esperamos que esta versión haya más de 600 y será el trabajo del jurado que deberán enfocar la selección», dijo John Abraham.

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Premios

El concurso de microcuentos tiene el objetivo de propiciar en la opinión pública la reflexión respecto del racismo y sus efectos negativos, y la necesidad de erradicarlo tanto para el goce de una vida plena basada en el respeto a las diferencias como para promover la inclusión como un factor clave del desarrollo. Asimismo, busca fomentar la producción literaria nacional.

Los tres primeros lugares en cada una de las categorías serán premiados con la ilustración y traducción de sus obras a los tres idiomas indígenas predominantes en Bolivia (quechua, aymara y guaraní) y al inglés. Además, los cuentos se publicarán y difundirán en la página web oficial del Banco Mundial Bolivia, en las redes sociales regionales de la entidad y en los principales medios impresos del país.

Adicionalmente, los ganadores recibirán material de escritorio y libros por un equivalente a Bs 2.500 (primer lugar), Bs 2.000 (segundo) y Bs 1.500 (tercero). Los autores que obtengan los tres primeros sitios en las categorías B y C recibirán un premio en efectivo de Bs 3.500 (primero), Bs 2.500 (segundo) y Bs 1.500 (tercero).

La calificación de las obras estará a cargo de un jurado integrado por los escritores Liliana Colanzi, Mauricio Murillo y Rodrigo Urquiola.

La cárcel de San Pedro en La Paz tiene una población carcelaria actual que alcanza a los 3.300 privados de libertad, de los cuales el 70% es detenido preventivo, según el director departamental de Régimen Penitenciario, Franz Laura.

“La capacidad de cuando se ha construido obviamente era de 300, pero a lo largo del tiempo, también San Pedro, si bien no ha ido creciendo en infraestructura a lo ancho, ha crecido en lo alto y eso ha aumentado la capacidad del recinto”, señaló Laura.

En relación al centro penitenciario más antiguo de La Paz, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, enfatizó que por mandato de la Ley 494 de 2014 se debe trabajar en la ejecución del proyecto complejo penitenciario del departamento de La Paz. En el documento se autoriza al Ministerio de Gobierno la transferencia a título oneroso de los predios donde funciona actualmente la cárcel de San Pedro al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Estamos trabajando sobre el marco del cumplimiento de esta ley que establece el cierre del penal de San Pedro, que es propietario el Ministerio de Gobierno para ver una nueva alternativa y la alternativa se la está trabajando con un complejo penitenciario, esperemos que se pueda consolidar, los financiamientos son la parte más álgida a momento de ejecutar, pero hay una decisión de refinanciar y resolver el tema de infraestructura”, puntualizó Limpias a este medio.  

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En los últimos 13 meses (enero 2022-enero 2023), la población carcelaria en el país subió de 18.000 a 25.000 personas. Esa situación no se veía en gestiones anteriores. Es decir, en promedio 18 personas por día fueron recluidas en los recintos carcelarios.

La población recluida en las 40 cárceles que existen a nivel nacional, en los últimos 13 meses, creció considerablemente. Juristas atribuyeron al sistema judicial por la sobrepoblación preventiva.

Los delitos que prevalecen en estas detenciones corresponden a robo agravado, narcotráfico y violación, según informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Ha subido la población privada de libertad, estamos hablando que en más de un año 7.000 privados de libertad llegaron a las cárceles, es un número importante, nunca históricamente se ha subido a una cifra tan alta como ésta”, explicó Limpias a LA RAZÓN.

Actualmente, las 40 cárceles de Bolivia albergan a una población total de 25.000 privados de libertad, de los cuales una cifra importante está en condición de detenidos preventivos, acusados por diferentes delitos, indicó.

“Ya tenemos al momento 16.500 privados de libertad en detención preventiva de los 25.000, es un número alto, lo que representa el 65% más o menos a nivel nacional. Seguimos teniendo un número alto de detenidos preventivos. Por eso, llama la atención y por eso nuestra preocupación de buscar reuniones interinstitucionales con el Órgano Judicial para intentar resolver de manera pronta la incertidumbre que tienen estos 16.500 privados de libertad”, dijo Limpias a este diario.

En criterio del funcionario, la recarga procesal en estrados judiciales continúa siendo el principal factor que provoca retardación en la aplicación de la justicia y, por ende, hacinamiento en los recintos penitenciarios del país.

“Sigue siendo parte de la falla el sistema judicial, nosotros administramos lo que el Órgano Judicial nos envía o las disposiciones que ejerce. Justamente, con este órgano, queremos coordinar para buscar alternativas y soluciones”, explicó el funcionario.

Asimismo, Limpias puntualizó que por día el Estado destina al menos Bs 24 por cada recluso, tomando en cuenta el prediario de Bs 8 a los cuales se suma los servicios básicos, pago al personal de reinserción social y salarios de los funcionarios policiales que custodian los recintos penitenciarios.

Tomando en cuenta la cantidad de privados de libertad que llegan a 25.000, diariamente solo para el prediario se destinan Bs 200.000, lo que representa al menos Bs 6,2 millones al mes y Bs 72 millones anualmente.

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En torno a esta problemática, el abogado constitucionalista Jorge Quiroz señaló que existen debilidades en el sistema judicial, atribuidos a jueces y fiscales que ven como primera opción la detención preventiva. En su criterio, los casos deberían pasar un filtro antes de llegar a ese extremo.

El jurista resaltó que desde la gestión pasada se estén llevando a cabo al interior de las cárceles audiencias de descongestionamiento. Aquella acción en poco tiempo pudo bajar el porcentaje de detenidos preventivos. Quiroz dijo que la acción debe ser fortalecida.

“A fines del año 2022 se conocía que había un 75% de detenidos preventivos, para este año las autoridades comprendidas como el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y Régimen Penitenciario han programado audiencias de descongestionamiento penal, éstas se están llevando a cabo y se están observando los resultados”, sostuvo Quiroz a LA RAZÓN.

Para el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP), Edson Foronda, las cárceles están llenas de personas que no tienen sentencia ejecutoriada, lo que desencadena en una sobrepoblación carcelaria.

La sobrecarga procesal ralentiza la capacidad física de los investigadores policiales, lo que a su vez provoca que los operadores de justicia no cuenten con los elementos necesarios para agilizar un proceso judicial.

“Los señores policías, los investigadores deben realizar la labor investigativa, pero recordemos que a ellos los cambian cada año y a veces dejan una investigación a medias, los fiscales que deben realizar la dirección funcional del proceso y los jueces que reciben los insumos de investigadores y fiscales, bajo este criterio la falta de capacidad física y material para resolver estos asuntos es el principal de los problemas”, dijo Foronda a este medio.

La norma vigente establece que un caso debe apegarse a plazos procesales, pero no se cumple, provocando retardación de justicia.