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sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 01:19

El MAS que conocí

/ 23 de octubre de 2020 / 03:34

Cuando se consumó el golpe de Estado de 2019, hasta el más optimista dentro del MAS-IPSP consideraba la posibilidad de que su partido tardaría más de una década en volver a levantarse, si lograba sobrevivir hasta las siguientes elecciones. Tiempo después, cuando quedaba patente el terco afecto del mundo popular por el partido azul, todavía primero en las encuestas electorales a mediados de este año, hasta el más pesimista de los masistas pensaba que era posible una victoria, pero nunca como efectivamente se dio el domingo pasado. No es posible predecir Bolivia; sí, tal vez, explicarla, quizá comprenderla.

Lo que sí podemos hacer con seguridad es reflexionar y adoptar una posición frente al mundo que se presenta ante nosotros, ejercitando nuestras capacidades valorativas permitidas por la razón. En ese sentido, me gustaría destacar lo que considero es rescatable en el MAS, y también señalar aquello que debería, a mi juicio, descartarse y superarse. Más allá de caudillos y mesías, éstas son las razones por las que creo que este partido es el único capaz de resolver los persistentes traumas colectivos de nuestro país.

Primero, intenta comprender y valora la identidad indígena boliviana que las clases privilegiadas del país rechazan visceralmente; segundo, entiende y se resiste, al menos en discurso, a perpetuar un orden internacional donde la división internacional del trabajo condena a Bolivia a producir materias primas y subordinarse a potencias extranjeras; y tercero, ensaya formas de distribución social de la riqueza en favor de los más pobres, a partir de la propiedad y control soberano de los recursos naturales y una decidida intervención estatal sobre la economía. Inclusión política, soberanía nacional y redistribución de la riqueza son, en suma, elementos que nos inclinan a muchos a favor del MAS, al menos el MAS que conocí.

Pero también debo indicar, negativamente, que este partido no pudo superar críticas deficiencias que hicieron posible la sedición “pitita” de noviembre pasado, tutelada por policías y militares: primero, no pudo articular las diferentes corrientes ideológicas que cohabitaban en su interior en una doctrina coherente capaz de ser transmitida y aplicada; segundo, permitió que las organizaciones sociales que posibilitaban su existencia fueran desplazadas en su conducción del Proceso de Cambio por clases medias que muchas veces justificaban su primacía en el manejo del Estado a partir de los excluyentes criterios del capital cultural y educativo; y tercero, concentró demasiado poder de decisión en un líder, Evo Morales, que tampoco trató de contrarrestar los nocivos efectos del culto a la personalidad, que de hecho fomentó.

Todo esto, lo bueno y lo malo, hizo que, durante 14 años de gobierno, contrastaran en Bolivia incipientes procesos de democratización socioeconómica e inclusión social frente a instituciones políticas informales como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, que fueron minando el respaldo popular al mencionado Proceso de Cambio. Un estancamiento que inadvertidamente se tornó en decadencia, y luego, en aparente extinción.

No sé si el MAS que describí y juzgué acá sigue existiendo. Tal vez es ya otro partido, mejor, peor, solo el tiempo y la calidad de sus líderes lo dirá. Más del 50% del electorado boliviano considera que merece otra oportunidad. Yo creo que la política es la solución colectiva a los problemas que enfrentamos como sociedad, y ésta no es posible sin ideas ni principios. He tratado de señalar algunos.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Reyes chiquitos

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:43

El libro Inclusión Social en Bolivia: Avances y Desafíos (2006-2014), coordinado por Verónica Paz Arauco, señala que en dicho periodo la economía del país creció a un ritmo del 5% anual, la diferencia en el ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo en más de 100 veces, y la pobreza extrema disminuyó en más de 20 puntos porcentuales. Ciertamente el modelo económico del MAS-IPSP —caracterizado por la propiedad soberana sobre los recursos naturales, la distribución social de la riqueza y la intervención activa del Estado en la localización de recursos— ha demostrado ser efectivo. No obstante, queda mucho por recorrer. Estudios recientes demuestran que los logros alcanzados carecen de profundidad suficiente y sostenibilidad en el tiempo.

En una investigación cuyo título puede ser traducido como Desigualdades persistentes en tiempos de bonanza: analizando variaciones en los servicios públicos locales (2001-2012), el politólogo Marco Just Quiles da cuenta de las profundas diferencias inter regionales en Bolivia en cuanto a disponibilidad de bienes y servicios, mediante la aplicación del Índice de Densidad Estatal, desarrollado para medir la presencia del Estado a lo largo del territorio mediante los siguientes servicios públicos: salud, educación, identificación personal, agua potable y electricidad.

Los resultados, poco halagadores, demuestran que, a pesar de las reformas emprendidas durante el gobierno del MAS, poco ha reducido la desigualdad entre municipios en cuanto al acceso a servicios y bienes públicos, debido más a factores estructurales como historia, geografía y demografía, que a razones institucionales y políticas. Así, un boliviano nacido en una ciudad capital de departamento tiene mayor acceso a ciertos servicios que uno proveniente de Charaña, Puerto Rico, San Ramón o Magdalena. En Bolivia, influye mucho sobre el curso de una vida haber nacido en un lugar y no en otro.

En regiones alejadas de los centros políticos y económicos del país, como por ejemplo Pando o Beni, grupos reducidos de familias controlaban hasta hace poco (quien sabe si todavía) la asignación de recursos y oportunidades, generalmente bajo la autoridad de hombres fuertes o caciques locales. Me viene a la mente Leopoldo Fernández, cuya élite regional fue desplazada en septiembre de 2008 después de un intento de golpe de Estado, una masacre y un Estado de Sitio.

La descentralización municipal como proyecto político debió haber contribuido a superar estos problemas, y aunque muchos de sus efectos fueron positivos, es innegable que la Ley de Participación Popular de 1994 no solo democratizó elecciones y presupuestos desde el centro hacia las secciones de provincia, sino también prácticas informales como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, dando paso a la emergencia de cientos de reyes chiquitos que confundían sus jurisdicciones con haciendas desde las cuales aspirar a otros espacios de poder.

Esta reflexión es importante debido a que en los últimos días la atención de la opinión pública se ha concentrado en los posibles candidatos para las venideras elecciones subnacionales, en las cuales se debe combatir justamente esta lógica todavía imperante de discrecionalidad para los reyes en miniatura. Una forma de hacerlo es reformar la transferencia de recursos fiscales desde los gobiernos subnacionales hacia los propios servicios, tal como propuso Iván Finot hace ya algunos años en la presentación de su texto Pacto Fiscal: cómo conciliar equidad con eficiencia.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Sentido común

/ 20 de noviembre de 2020 / 00:35

Para ejercer el mal, nos advierte Arendt, a veces no es necesario estar guiado por malos pensamientos, sino simplemente no pensar. Millones de alemanes se sumaron sin objeción alguna al esquema genocida ideado por los nazis en la Solución Final, y sus principales ejecutores demostraron no sufrir ningún remordimiento tiempo después: Adolf Eichmann, criminal de guerra del Tercer Reich y uno de los principales organizadores de la matanza de judíos durante los estertores de la Segunda Guerra Mundial, se defendió de los cargos que pesaban contra él ante un juzgado en Israel señalando que “solo cumplía órdenes”

¿Qué ordenes eran esas? “Matarás”. Muy pocos objetaron.

¿Cómo pudo todo un pueblo ser indiferente ante tal monstruosidad? Filósofos como Hannah Arendt pasarían casi toda su vida explicando aquello que no debió suceder, pero sucedió. Una de las respuestas: para que tales hechos se dieran, se tuvo que perder primero el sentido común, y luego, toda preocupación por tener que vivir con uno mismo. Solo la muerte de la conciencia nos liberará de la culpa y así podremos dormir tranquilos: Sacaba, Senkata…

Pocas horas después de que Jeanine Áñez fuera posesionada inconstitucionalmente como presidenta transitoria, decenas de convoyes militares y policiales se desplegaban por todo el país contra las revueltas provocadas por el golpe de Estado bajo la tutela del Decreto 4078, una licencia para matar. Primero en Sacaba y luego en Senkata, las fuerzas represivas abrieron fuego contra multitudes desarmadas, provocando una veintena de muertos. Cientos de residentes de las clases medias urbanas de La Paz y Cochabamba aplaudían a los uniformados antes y después de que se perpetraran las masacres, mientras medios como Página Siete y Unitel denigraban a las víctimas llamándolas “hordas” y “terroristas”.

Ciertamente no podemos esperar que aquellas personas, tanto los uniformados que jalaron del gatillo como los que dieron las órdenes e incluso aquellos que aplaudieron el crimen, desarrollen escrúpulos de un día para otro, sobre todo cuando después de consumado el derrocamiento de Morales dieron rienda suelta a sus más atrasados prejuicios racistas. Recordemos, no tienen sentido común, porque no tienen comunidad a la cual referirse, o no consideran a los asesinados como personas pertenecientes a su comunidad; o, en el peor de los casos, ni siquiera les importa aquella sentencia socrática de “prefiero estar en desacuerdo con el mundo a que estarlo conmigo mismo”. No hay culpa, eso es claro, pero sí hay crimen: una veintena de muertos.

Lo que sí podemos esperar son actos de justicia, concepto fundamental para toda convivencia civilizada, a veces resumido por los griegos como “dar a cada quien lo que se merece”. Si los Juicios de Núremberg no se hubieran dado, categorías jurídicas como Crimen de Lesa Humanidad no existirían, dejándonos más vulnerables ante la arbitrariedad de la violencia. Dejar las masacres de Senkata y Sacaba en la impunidad equivale a legitimarlas, y aquello acarrea el peligro de repetirlas. Ningún proceso de “reconciliación nacional” puede pasar por encima de ello, pues solo corresponde a las víctimas perdonar, y ellas ya no están acá.

Aquel pueblo que puso el pecho a las balas hoy demanda reivindicar el Derecho Humano más fundamental: el derecho a la vida. Muchos de ellos marchan hoy todavía con los proyectiles de noviembre alojados en sus cuerpos: quieren Justicia, es solo sentido común.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Escepticismo diplomático

/ 6 de noviembre de 2020 / 03:47

Sostuve anteriormente que una restauración oligárquica en Bolivia era imposible bajo condiciones democráticas, dado que nuestro país es mayoritariamente reacio a la aplicación de recetas neoliberales en lo económico, y a la imposición descarada de políticas discriminatorias en lo político, sin mencionar la represión que sería necesaria para efectivizar tales medidas; observar a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala demandando un golpe de Estado a las Fuerzas Armadas y a la Policía frente a las cámaras de todo el mundo refuerza mi punto.

Por el momento, se puede decir que el mayor desafío que enfrenta la derecha boliviana para estos tiempos es conciliar su visión del mundo con los preceptos básicos de la democracia liberal, que son: respeto a las elecciones como método exclusivo de acceso al poder; respeto a los derechos políticos y libertades civiles de todos los ciudadanos; y respeto a la idea de que todos somos iguales política y jurídicamente.

Ahora, me gustaría recordar cómo es que fueron posibles las dictaduras militares que tan primitivamente reclamaban hasta hace poco estos sectores de la población boliviana, dado su desprecio por el Estado de Derecho en general y por los Derechos Humanos en particular.

En su obra Minas, balas y gringos: Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy, el académico Thomas Field Jr. da cuenta de cómo es que un programa de cooperación económica del Gobierno de los Estados Unidos para con Latinoamérica durante los años 60, cuyo objetivo inicial era excluir a la revolución cubana de todo apoyo regional, terminó sentando las bases para la irrupción de las dictaduras militares que azotarían el continente por casi dos décadas:

Como condición para recibir su asistencia económica, la ya corrompida Revolución Nacional dirigida por el MNR debía disciplinar a la clase obrera, entonces agitada por la vanguardia minera y, al mismo tiempo, fortalecer logística y doctrinariamente a las Fuerzas Armadas. El resultado: una hipertrofia de los órganos represivos del Estado que luego se convertirían en actores políticos de primer orden, guiados por una lógica pretoriana cuyos resultados ya conocemos todos, o al menos deberíamos conocer: miles de muertos y de desaparecidos, con sus respectivas familias destrozadas.

Mucho después, los EEUU se deslindarían de aquellos autoritarismos de uniforme y abrazarían la democracia representativa como proyecto para Latinoamérica, impulsados por la resistencia a las dictaduras de nuestras sociedades, así como por un cálculo estratégico en su competencia con la Unión Soviética. Vendrían luego unas democracias tuteladas y condicionadas fuertemente por la cooperación internacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bolivia pasó a ser, como la llamó en algún momento Antonio Rodríguez Carmona, un “Proyectorado”, dependiente de la limosna extranjera y sin soberanía suficiente como para decidir su propio modelo económico, además de uno de los países más pobres del hemisferio.

Es importante considerar todo esto, sea cual sea el resultado de las elecciones que al momento de escribir esta columna se sostienen en aquel país, para determinar bajo qué condiciones se guiarán nuestras relaciones diplomáticas con su gobierno, que ha demostrado ser merecedor de por lo menos un poco de escepticismo diplomático: desconfianza, en buen romance.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Refundación imposible

/ 9 de octubre de 2020 / 04:26

Carl Schmitt consideraba que todo Estado de Excepción era en sí mismo una dictadura orientada hacia dos posibilidades mutuamente excluyentes: la preservación de un orden constitucional o su derribamiento. En Bolivia, la dictadura de Áñez apuntaba claramente a lo segundo, el fin del Estado Plurinacional, para lo cual era necesario, como primera condición, la eliminación física y legal del masismo, propósito en el cual ha fracasado hasta el momento.

El Estado Plurinacional nunca fue más que un proyecto, muchas veces contradictorio en esencia, pero innegablemente irritante para los sectores acomodados de nuestra sociedad. Desmontar sus bases no era posible, sin embargo, sin desplazar del poder al bloque formalmente popular que gobernaba desde 2006. El golpe de Estado lo reemplazó por otro de carácter empresarial y clasemediero, que rápidamente comenzó a emprender la construcción de un programa difuso en su forma, pero claro en sus contenidos:

Primero: restauración de una república oligárquica que se situaría en las antípodas del proyecto plurinacional: la desvalorización de la identidad indígena originario campesina y la revalorización de un capital étnico específico: los ojos verdes y la tez clara de cierto exministro. Un efecto rebote por todos los últimos años de empoderamiento popular.

Segundo: relanzamiento de un modelo económico fundamentado en la concentración privada de la riqueza a partir de la reducción del Estado en lo económico, a través de medios lícitos e ilícitos. En este esquema de cosas, la epidémica corrupción de este Gobierno sería en realidad una forma “a la boliviana” de acumulación originaria de capital donde ganarían determinadas élites de “caras conocidas”.

Tercero: reincorporación del país dentro de la órbita de países que giran alrededor de Washington en medio de un contexto geopolítico notablemente competitivo entre Estados Unidos, China y Rusia, y donde Latinoamérica juega un rol fundamental en la estrategia de la hasta ahora primera potencia mundial.

Ninguno de los ejes descritos es aplicable en democracia, donde el programa cuente con, por lo menos, la aquiescencia de la mayor parte de la ciudadanía y no se reprima una inevitable reacción popular. ¿Pueden imaginar un partido que proponga neoliberalismo y gane las elecciones? El Estado de Excepción es la condición de este proyecto gestado por la burguesía agroexportadora asentada hoy en el departamento de Santa Cruz, que por otra parte no cuenta con una opción electoral viable.

Alguna vez el orden anhelado por esta oligarquía fue posible sin mucha sangre, a finales de los años 80 del siglo pasado. En aquel entonces no existían, efectivamente, alternativas al modelo económico neoliberal ni posibilidad de resistencia al proyecto hegemónico estadounidense, dada la desaparición del polo soviético en el contexto mundial. Y lo más importante, la promoción de la democracia liberal era un componente sustantivo en la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, desde los tiempos de Carter. Hoy, Trump no parece comprometido ni con la democracia en general ni con los derechos humanos en particular.

Esto no quiere decir que la refundación conservadora de Bolivia sea imposible. Todo lo contrario, es muy probable, si es que se logra suspender nuevamente la democracia, solo que esta vez de forma más decidida y radical que en noviembre pasado. Los próximos días lo dirán.

Carlos Moldiz es politólogo.

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De la excepción al desenfreno

/ 9 de septiembre de 2020 / 00:38

En mi artículo anterior enumeré cinco derechos y libertades que fueron anulados total o parcialmente por el Estado de Excepción impuesto en Bolivia desde noviembre pasado, y endurecido por la pandemia, haciendo de nuestro país actualmente uno de los menos democráticos de la región. Pero autoritarismo descarnado no es lo único que obtuvimos durante los últimos meses, sino múltiples escándalos de corrupción y despilfarro de recursos públicos que nos obligan a considerar que la represión de muchos es la condición necesaria para el desenfreno de unos pocos.

Vista desde una perspectiva liberal o marxista, cualquiera puede reconocer que Bolivia es una sociedad rentista. Es decir, reproduce sus condiciones económicas por medio de la captura de excedente proveniente de la explotación de los recursos naturales a través de las diferentes instancias de nuestro Estado, tales como gobernaciones, municipios, universidades, bonificaciones y aparato público en general. El Estado es, entonces, una fuente de enriquecimiento, que exacerba la competencia política entre las diferentes facciones de la sociedad que buscan capturar sus rentas.

Dicho orden de cosas influye al mismo tiempo en la mentalidad de los bolivianos, que establecen instituciones informales como el patrimonialismo (uso privado de recursos públicos), el clientelismo (intercambio de favores económicos a cambio de apoyo político) y, sobre todo, la corrupción (uso indebido de recursos públicos para el enriquecimiento personal) para capturar más eficientemente dicho excedente. Podría decirse que estas reglas de juego son parte de la cultura política boliviana. Tanto así que, durante la gestión de la pandemia, se visibilizaron varios casos de enriquecimiento ilícito a expensas del Estado y otros alarmantes delitos en la gestión pública, sin que ello provocara el más ligero rubor en el rostro de nuestras impuestas autoridades.

Así, mientras la mayoría de los bolivianos debían racionar su alimentación y gastos debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, el hijo de una diputada se trasladaba desde Tarija a La Paz para asistir a una fiesta, así como la hija de la presidenta de facto ¡Fiesta en medio de una pandemia! Poco después, el ministro Núñez le hizo el mismo favor a una joven modelo, sin que ello significara un juicio por uso indebido de los recursos del Estado. En todo caso, el patrimonialismo de este gobierno recuerda un poco aquello que dijo René Zavaleta sobre la oligarquía boliviana: “El país era para ellos del tamaño de su hacienda”.

La posesión de Branko Marinkovic como ministro de Planificación del Desarrollo es solo un ejemplo abierto, de entre muchos seguramente no tan visibles, de otorgación de cargos y favores concedidos desde el Estado a diferentes sectores del mundo empresarial, del cual se espera obtener apoyo político para las próximas elecciones. Clientelismo: cargos y pegas a cambio de apoyo político. La lógica es bien conocida. El MAS no fue la excepción, y naturalmente el gobierno de Áñez tampoco.

La arbitrariedad, sin embargo, no termina ahí. Poco después de la cuarentena rígida, poco a poco, se hicieron públicas diferentes denuncias de actos de corrupción contra autoridades del actual Gobierno, donde resaltan compras con sobreprecios en YPFB, Energías, Gobierno y Defensa; y otorgación de cargos a amigos y familiares de jerarcas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Minería, entre otros. Destacó entre todos, sin embargo, la compra de 170 respiradores con sobreprecio que a la postre ni siquiera eran útiles para enfrentar la pandemia. Dicho acto de corrupción fue cometido justo cuando los efectos del coronavirus comenzaban a hacerse visibles en nuestra sociedad, por lo que aquellos 170 respiradores timados equivaldrían, de alguna manera, a 170 muertes, si no es que más. Y como muchos crímenes, hoy no se sabe a ciencia cierta dónde es que se encuentra una considerable parte de la evidencia.

Bolivia pasa, entonces, del Estado de Excepción al Reino del Desenfreno. Recuerdo en este momento aquella tesis sobre el capitalismo de caras conocidas que oí hace algunos años y me pregunto a qué camarillas estará enriqueciendo ahora el dinero de los bolivianos, cuya fortuna no es la misma que la de antes. Valdría la pena investigar.

Carlos Moldiz es politólogo.

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