En agosto de 2010, cuando hubo el paro de 21 días en Potosí, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc en los departamentos de Oruro y Potosí. Su importancia era clara: se exportan $us 1.500 millones en concentrados de zinc al año y el costo de realización en el exterior absorbe el 50% de este valor, reduciendo al mínimo las utilidades de las empresas mineras en Bolivia; además, más allá de esto existe una fuga de otros metales valiosos que no se declaran: indio, cadmio, galio, germanio y los conocidos: plata, estaño, plomo, cobre, azufre, por un valor de $us 1.200 millones. Tal es la amplitud de la naturaleza de los complejos de zinc.

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Con la urgencia del compromiso se promulgó, el 9 de octubre, la Ley 050, que permitía a la Comibol ejecutar el proyecto sin que esté programado en su presupuesto, condicionado al financiamiento del proponente. Inmediatamente se lanzó la convocatoria en el marco del convenio con la China que disponía de $us 7.000 millones. La convocatoria fue adjudicada en agosto de 2011, pero lamentablemente se anuló por cuanto la empresa ganadora no presentó la documentación requerida. Luego hubo otros tres procesos de contratación, que cayeron por problemas administrativos y legales, mostrando las deficiencias de una empresa que no ha cambiado su estructura, impuesta por el neoliberalismo, dedicada solo a arrendar yacimientos mineros.

En 2014 se inició otro proceso, el cual concluyó con la adjudicación a la empresa Henan Yuguang Internacional por un monto de $us 520 millones para la construcción de dos plantas hidrometalúrgicas con capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc por año. Esta adjudicación no se concretó por cuanto el proponente propuso el 100% de financiamiento, mientras el banco estatal de China solo garantizaba el 85%; la oferta de utilizar la boleta del 15% de seriedad de la propuesta, como garantía del financiamiento, no fue aceptada por la Comibol. También se conoció la denuncia de la empresa Henan Complan Mechanical sobre una suplantación de propiedad en las plantas que visitó la comisión de inspección en China. Este proceso también quedó trunco.

El problema para la Comibol era que estaba amarrada a los financiadores, en este caso el gobierno chino, que exigía el 15% de participación de la parte boliviana, al igual que el pago de la supervisión que significaba otro 10% del monto global, lo que hacía un total de $us 130 millones, cifra que le era imposible financiar. Entonces buscó un proyecto más pequeño y menos costoso, con financiamiento interno. Así se recibió la oferta del proceso Metalox, con un costo de $us 40 millones, con capacidad de 45.000 toneladas de concentrados y la recuperación de la inversión en dos años; la propuesta elevada en 2017 al Ministerio de Minería fue rechazada, para favorecer el proyecto Ausmelt para el zinc, presentado por la fundidora Vinto, que no tenía financiamiento y con grandes observaciones medioambientales.

La importancia de las refinerías de zinc es transcendental, así lo establece la Ley 625 del 14 de diciembre de 2014, la Agenda Patriótica al 2025, el Plan de Desarrollo Nacional y Social 2016-2020. Para su concreción se han manifestado las cumbres productivas de La Paz, Oruro y Potosí. El Gobierno ha buscado dar respuestas a estos pedidos al ofrecer la construcción de una refinería de zinc en Oruro, proceso de adjudicación que comenzó a principios de 2022, cuando el ministro de entonces anunció la tecnología y el financiamiento, y concluyó en octubre de 2023, beneficiando a la empresa ENFI-CRIG Consorcio, por un monto de $us 350 millones. En enero de este año, el Eximbank de China aceptó el financiamiento, sin embargo, el contrato no ha sido remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, ¿por qué? De por medio surge la denuncia que la adjudicación fue incorrecta por cuanto en el pliego de especificaciones se establece que debe usarse la tecnología “Lixiviación a Alta Presión con Oxigeno”, cuya patente la tiene otra empresa, Sinosteel, que participó de la competencia, a la que había que favorecer y fue subestimada. En otras palabras, la licitación estaba direccionada.

Entre la incompetencia y los intereses particulares se va frustrando un anhelo nacional. Dejar de ser exportadores de materias primas y exportar productos con valor agregado es el único camino para la industrialización.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Recientemente, en conferencia, refiriéndose al acuerdo con los empresarios privados nacionales, el presidente Luis Arce declaró: “Si exportan y no traen los dólares al país eso no sirve al país, tienen que traerlos y comprometerse; si no, vamos a tener que sacar alguna medida para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”. Casi inmediatamente, el ministro de Economía anunció la sanción a 22 entidades financieras y lamentó que los empresarios no cumplan su palabra, empeñada en el acuerdo de 10 puntos del 19 de febrero. La fe puesta en el convenio se cayó por los suelos, anteriormente había declarado que “si una de las partes no cumple, no va a funcionar”.

Luego vinieron las aclaraciones. La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) y la Cámara de Exportadores (Cadex) aclararon que el 95% de sus miembros cumple su palabra; el ministro aclaró que “son 25 a 30 grandes exportadores que no han cumplido los términos acordados”, para luego tranquilizar con la afirmación de que el Gobierno “no pretende aplicar una medida de obligatoriedad para el ingreso de divisas al país”. 

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¿Cuáles son esos 30 grandes exportadores? Del análisis de la estructura del sector exportador, la minería es el principal sector de exportación. Sus agentes principales son las transnacionales y las comercializadoras de oro —no forman parte de la Caneb y la Cadex—, ellos hacen sus exportaciones para beneficio de su casa matriz. Pedirles comprensión es caer en la ingenuidad, ellos han venido a ganar y no a hacer beneficencia, y si no hay reglas claras es dar piedra libre para que hagan lo que quieran. La entrega obligatoria de divisas es una vieja consigna del nacionalismo, por eso murieron Busch y Villarroel, y fue la piedra angular del capitalismo de Estado que integró el país, desarrolló la industria liviana y la agroindustria gracias a los dólares baratos, provistos entonces por la Comibol. Otra característica del sector exportador es su carácter primario, lo que se exporta proviene de la naturaleza con que ha sido dotada la nación, como los hidrocarburos, minerales, metales y productos agropecuarios. No se trata de una medida revolucionaria, sino simplemente de la racionalidad. Países como Argentina y Colombia la aplican y la empresa privada acepta porque a cambio el Estado le proporciona infraestructura y le abre mercados.

El sector agroexportador radicado en Bolivia también juega con la oportunidad del mercado: para éste la devolución de los certificados de impuestos (Cedeim) no es un atractivo, por cuanto las facturas por combustible (subvencionado) y bienes de capital (liberados de impuestos) no ingresan en la acreditación para su devolución, por lo que ellos prefieren mantener las divisas en el exterior o introducirlos al mercado negro, donde la ganancia es del 30%, mejor que el 13% que les ofrece el Gobierno por la devolución de impuestos. La misma lógica mueve a los exportadores de concentrados de minerales (zinc, plata, plomo) cuando su declaración del costo de fundición en el exterior supera el 50% de su costo de operación, asegurando que quede afuera lo ganado.

A pesar del alto valor de las exportaciones, $us 13.653 millones, la crisis económica es una realidad, fruto de la concentración de la riqueza por unos cuantos, la incapacidad de transformar las empresas estatales (YPFB y Comibol) en eficientes que dan valor agregado a las materias primas, el ahogamiento a los proyectos en marcha del litio, el avasallamiento de la minería ilegal del oro, la marginalidad del pequeño productor agrícola y el carácter expansivo de la agroindustria. Como se han desatendido los del sector privado de sus responsabilidades frente al Estado, son las empresas públicas —venidas a menos— las que deben responder por las necesidades del país, buscando satisfacer los requerimientos de insumos y bienes de capital que vienen del exterior: combustibles, medicamentos, maquinarias, alimentos… que requieren todos los sectores de la economía, mientras un grupo privilegiado guarda sus divisas en el exterior o especula con éstas en el mercado negro.

La función del Gobierno es hacer realidad el Estado Plurinacional con leyes y normas de cumplimiento obligatorio, y no esperar la buena voluntad de actores que solo siguen a sus propios intereses de lucro y acumulación.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

29/01/2024-El Potosí. Tres trabajadores mineros, uno de 36 años y otros dos de 18, perdieron la vida en el interior de una mina del Cerro Rico de Potosí tras inhalar el gas tóxico que se desprende de los minerales. Según el informe proporcionado por los propios mineros, uno de los trabajadores comenzó a toser dentro de la mina y se desvaneció repentinamente, perdiendo la vida. Otro compañero que presenció la situación intentó auxiliarlo, pero también falleció al inhalar gases tóxicos. Un tercer trabajador acudió en ayuda de sus dos compañeros, pero lamentablemente no logró salir del socavón.

09/02/2024-Erbol. La Policía de Potosí informó este viernes que se han registrado dos muertes de mineros. Uno de los fallecidos era menor de edad y el otro tenía 37 años. En uno de los casos, un joven de 17 años sufrió una caída de unos 20 metros, tras resbalar en la mina Pailaviri de la Cooperativa Unificada. El segundo caso fue reportado en Tupiza, donde el minero de 37 años falleció en la mina Dos Hermanos. La Policía de Tupiza reportó que la causa de la muerte fue asfixia por inhalación de gases tóxicos.

Consulte: Cuando 18 vale más que 160

19/02/2024-El Potosí. El Comando Departamental de Policía de Potosí informó ayer sobre la muerte de tres trabajadores mineros en la mina Santa Cruz de la Cooperativa Porco RL, en el municipio de Porco. La intervención policial permitió el levantamiento del cadáver de G.P.C. (32); C.G.F. (35) y S.P.C. (24); de las tres víctimas, dos habían nacido en Potosí y una era natural de Cochabamba. El diagnóstico médico establece intoxicación por monóxido de carbono.

28/02/2024-Radio Kollasuyo. Lamentable, un trabajador de 37 años perdió la vida tras caer a un abismo en el interior de la mina Blanquita, el minero se precipitó unos 20 metros en el yacimiento.

18/03/2024-El Potosí. La familia de José Luis Bejarano Vicente nuevamente salió a la plaza 10 de noviembre para solicitar ante los medios de comunicación la identificación del posible autor de su desaparición. Desde la semana pasada, los familiares han estado visitando la Policía para denunciar la desaparición del joven minero, padre de dos hijos, que salió a trabajar la madrugada del 2 de marzo. La semana pasada, la familia incluso pensó que el minero habría sido agredido y ofrecido como “sacrificio” al Tío de la mina. Un familiar recordó que el jefe de su sobrino habría ofrecido a la familia la suma de $us 3.000 para no continuar con su búsqueda.

18/03/2024-El Potosí. Tres trabajadores fallecieron en una mina de Porco tras inhalar gas venenoso. Un padre de 45 años, su hijo de 20 y un tercer minero de 38 años perdieron la vida en la mina debido a la inhalación de gas venenoso. Estos trabajadores, originarios del municipio de Llallagua, se habían trasladado en busca de empleo.

21/04/2024-Kollasuyo Digital. Un luctuoso hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril, al interior de la mina Juan Carlos en Porco, donde un hombre de 26 años de edad perdió la vida de manera instantánea luego de ser impactado por un planchón.

30/04/2024-El Potosí. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen confirmó el deceso de cuatro trabajadores en distintas minas el pasado fin de semana en Potosí. El viernes 26 de abril, murieron tres personas, entre ellas una mujer de 41 años y un adolescente de 15, además de un trabajador de 49. La mujer y el hombre de 49 años perdieron la vida tras precipitarse 30 metros en la mina Calamarca, sección San Miguel. Asimismo, se reportó la muerte del menor en la mina de Vilasirca. El muchacho cayó a un rajo, era su primera semana de trabajo en el yacimiento minero. El tercer deceso sucedió el sábado 27 en la mina Imperial, sección San Carlos. Un hombre de 26 años murió por asfixia; es decir que inhaló gas de mina.

02/05/2024-El Potosí. El último deceso fue en la región del sur del departamento, donde un minero fue sorprendido por la caída de un planchón. El accidente laboral sucedió en el yacimiento minero de Hornos.

07/05/2024-Red Uno. La Policía en Potosí reportó la muerte de una mujer minera de 29 años de edad, la cual presuntamente habría sido golpeada por una roca dentro de la mina, cuando ella se disponía a salir; una de sus compañeras la encontró ensangrentada y en el suelo.

Según explicó el jefe policial, en el departamento de Potosí, en los cuatro meses que van de la gestión, ya suman 52 fallecidos en el trabajo minero, de los cuales 48 son varones y cuatro son mujeres.

¡Condiciones coloniales en pleno siglo XXI! ¿A quién le preocupa la vida?

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

La tragedia del litio continúa. Cuando en 2010 se creó la Gerencia de Recursos Evaporíticos en la Comibol, era poco lo que se sabía sobre el litio, más allá de aquella información de su existencia anunciada por una agencia francesa y que llevó a que las transnacionales mostraran su interés. Había que empezar de cero, con empeño y sacrificio; se logró elaborar un proyecto que luego de sucesivas fases: conceptual, laboratorio y pilotaje, mostró su viabilidad técnica y económica, lo que fue demostrado y aprobado en instancias gubernamentales: VIPFE, UDAPE, Conapes y finalmente en el gabinete de gobierno, el que aprobó y dispuso que el Banco Central (BCB) financiara el proyecto, es decir, recursos netamente nacionales.

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El proyecto se convirtió en una estrategia de Estado, por cuanto no se trataba solo de extraer el litio, sino de su industrialización, hasta lograr poner en el mercado baterías made in Bolivia. El proyecto era ambicioso, en La Palca (Potosí) se instaló el Centro de Investigaciones y las plantas piloto de materiales catódicos y de baterías de ion litio. Conscientes de las dificultades, se recurrió a ayuda extranjera para hacer la ingeniería a detalle de las plantas industriales, lo propio para su construcción, se preveía convenios con extranjeros para la fase industrial, que más allá de tecnología, garanticen mercado. En 2018 se entregó en funcionamiento la Planta Industrial de Cloruro de Potasio y se firmó el contrato para la construcción de la Planta de Carbonato de Litio, que preveía su entrega en dos años y medio. Mientras tanto la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos asumía la tarea de garantizar la provisión de energía eléctrica, gas, agua y construir las piscinas de evaporación. Todas las labores estaban financiadas con el BCB, que tenía un tope autorizado de $us 886.271.552: la industrialización es un reto enorme que vale hacerse realidad, y por el cual hay que sacrificarse.

En 2019 se dio el golpe de Estado. La gestión de Áñez se caracterizó por el cierre del proyecto y comenzó a naufragar la utopía: se pretendió anular el contrato para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, se paralizó el proceso productivo dañando las piscinas, las que requieren un proceso continuo para cosechar sales (halita y silvinita), y evacuar las sales complejas a otras piscinas; si no se realizan estos trabajos se las exponen al sol y/o cristalizan en forma sólida. Ésta fue la conducta de la dictadura de Áñez; cuando el Procurador expresa que la planta se encontraba en un estado lamentable y deplorable, no dice quiénes la entregaron; hacía más de un año que Echazú y Montenegro habían sido despedidos. Tampoco señala qué hicieron para rehabilitarlas desde 2021.

Al contrario, en enero de 2021, el ministro de Hidrocarburos declaró que el Gobierno cambió de estrategia para ir por una vía más rápida y eficiente (EDL), y no hizo referencia al proyecto en marcha, que tenía plazos perentorios; así se anunció la conclusión de la planta de carbonato de litio, con un retraso de dos años, ni este tiempo suplementario fue usado para adecuar las piscinas, ni garantizar la provisión de agua y de gas; por estas razones, el acto de inauguración programado para agosto de 2023 se suspendió y, confirmando la molestia, se destituyó al gerente. En diciembre, al inaugurarse la planta, se anunció que su funcionamiento llegaría a 3.000 toneladas, es decir una quinta parte de su capacidad, ¿la razón?: no hay materia prima. Y ahí surge la auditoria de las 18 piscinas, que no funcionaron como muchas otras por falta de mantenimiento. En la gestión Echazú-Montenegro se construyeron 96 piscinas, de las cuales solo funciona la mitad y según el proyecto se requieren 160 para producir a plena capacidad, y no hay más remedio que construirlas.

La acusación es por Bs 140 millones, el proyecto es de 4.971 millones. Pende sobre la cabeza de quienes asumieron la conducción de YLB desde noviembre de 2019 la responsabilidad de concluir el proyecto y mostrar su eficiencia, tal cual fue concebido por quienes fueron echados y nunca convocados ni para aclarar o asumir responsabilidades. La planta piloto de carbonato de litio había costado $us 20 millones y sus ventas hasta hoy superaron 10 veces su valor.

En medio de la consternación del momento, mi homenaje al ingeniero Juan Carlos Montenegro Bravo, boliviano íntegro, luchador contra las dictaduras y por la justicia social, soñador del desarrollo industrial de Bolivia, capaz de correr riesgos en la aventura de plasmar sus ideas, pero incapaz de soportar la humillación de imberbes de último momento.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

La crisis de los hidrocarburos nos golpea a todos, es una preocupación real, la solución no es lamentarse, sino buscar soluciones realistas y factibles. La Ley 3058, dictada el 17 mayo de 2005, tiene propósitos específicos: recuperar un recurso natural en boca de pozo y el uso de su valor en favor del pueblo boliviano. Su promulgación fue mandato de un referéndum, en medio de dudas, que llevaron al presidente de entonces a negarse a firmarlo; estas “dudas” estaban referidas a la capacidad nacional de sustituir a las transnacionales en la parte operativa y a que nos cierren la expansión de la actividad hidrocarburífera, con suspensión de inversiones y transferencia tecnológica. Era un desafío que había que afrontar ante el saqueo y la indignación del pueblo. La tendencia estatista avanzó cuando el 1 de mayo de 2006 se promulgó el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, que subió la participación del Estado de un 50% a 82%; visiones que se consolidan con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional en 2009.

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La rememoración viene como reflexión a la declaración del ministro de Hidrocarburos y Energías que señala que la Ley 3058 se constituye en “una dificultad para avanzar en una mayor exploración hidrocarburífera”, anunciando la socialización de una nueva ley. ¿En qué aspectos perjudica la ley?, no lo dice, sin embargo, suponemos se refiere a la participación del Estado en la renta y la propiedad de los hidrocarburos, elementos que están inscritos en la CPE y no pueden ser modificados por una ley. El cuestionamiento es al carácter del Estado, que dejó de ser neoliberal y asumió un norte de potenciamientos del país con la industrialización de los recursos naturales; sin duda, hay un problema existencial en el ministro. El problema no es nuevo, en la gestión de Evo Morales se trató de dar incentivos como el reconocimiento de un plus sobre los precios internos y los gastos de inversión, sin resultado alguno. Por otro lado, en esta gestión se han firmado siete contratos de operación que han sido mostrados como solución a la sequía del petróleo, empero, no dieron resultados, al igual que 17 contratos que están vigentes. ¿Por qué se mantiene y amplían los contratos si no les interesa? Más allá de la subida de sus acciones en la bolsa, lo hacen las compañías para presionar el cambio de las normas y, al final, el cambio del modelo de Estado y de gobierno.

La misma ley y la CPE establecen que, para ser independientes, debemos fortalecer la empresa estatal YPFB: “es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización”. Esta entidad, convertida en rematadora de contratos en el neoliberalismo, pasaba a ser una empresa productiva, transición nada fácil; surgieron dificultades como los sueldos, elevándolos por encima de lo ganado por el Presidente, se buscó elevar el nivel técnico de los profesionales dando becas en el exterior. Se emprendió procesos de industrialización, como la planta de urea que no tiene el personal ejecutivo para darle continuidad a las operaciones, ni sortear las dificultades cotidianas; no se avanzó en la producción de plásticos. Si bien crece el consumo doméstico del gas, la sustitución energética se ha parado y hay incertidumbre de su provisión al futuro. No tiene rumbo YPFB.

En cuanto a la exploración en el período 2006-2019, YPFB invirtió directamente $us 4.378 millones, cifra nada despreciable, sin los resultados esperados; no es cuestión de suerte, la ingeniería es una labor científica que identifica los problemas y los soluciona, acción que se deriva de un personal capaz, dotado de los instrumentos necesarios. La actual administración programó para la presente gestión cerca de $us 400 millones; la noticia del fracaso de la exploración del pozo Astillero 1, donde se invirtió $us 67 millones, señala que Chaco Exploraciones contrató a una empresa extranjera para realizar el trabajo, es decir, no tiene la capacidad para realizar sus tareas específicas por su cuenta.

Nuestra independencia la lograremos creando nuestras propias capacidades, pero el colonialismo pende sobre nuestras cabezas; en la comprensión de esta realidad buscamos un mundo multipolar, por eso hablamos de integración de los pueblos del sur, de la alianza con los BRICS; pero este discurso se queda en lo declarativo y no se aprovecha para superar nuestro rezago tecnológico y económico.

La urgencia del momento no puede dejarnos extraviar con discusiones parlamentarias. ¡A trabajar, potenciando las capacidades de YPFB, humanas, técnicas y económicas!

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero