Voces

Friday 12 Aug 2022 | Actualizado a 00:56 AM

Retrocesos

/ 2 de julio de 2022 / 02:05

La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revocar la protección federal al derecho del aborto es otra demostración de que ningún avance social está escrito en piedra. Son siempre posibles retrocesos significativos en los derechos que se fueron conquistando durante decenios, dependiendo de los contextos, que son naturalmente cambiantes, y la capacidad de los actores políticos para influir sobre ellos.

Se suele decir que en política toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria para recordarnos que cualquier proyecto o decisión pública estará siempre sometida a las aleas de la contingencia. Esta es, de igual modo, una advertencia contra la comodidad y el engreimiento que, a veces, se instalan entre las dirigencias y militancias que sienten que ya lograron sus objetivos y que éstos son y serán incuestionables hasta el fin de los tiempos.

Ya se sabía que la expansión de los derechos de las personas para que puedan ejercer su autonomía y libertad suele ser siempre un combate con resultado incierto, ahora sabemos también que la preservación de lo logrado exige similar nivel de preocupación, atención y movimiento.

Durante el primer decenio de este siglo se instaló cierto sentimiento, errado, de que el avance hacia una sociedad más igualitaria, tolerante y respetuosa de las diferencias era casi una cuestión de tiempo. Sus detractores eran, desde esa perspectiva, personajes a la defensiva, resabios de un mundo que estaba destinado a una paulatina desaparición, incapaces de conectar con una sociedad que casi obviamente iba a ser más progresista.

Pero ese fin de la historia nunca llegó, al contrario, las visiones conservadoras y reaccionarias no solo ganaron fuerza, sino renovaron sus discursos, instrumentos y capacidades de hacer política. Aún peor, muchas de ellas son ahora capaces de conectar de manera efectiva con las emociones y pasiones de grandes segmentos de la sociedad, en tiempos de grandes turbulencias, miedos e incertidumbres. En muchos países, la dinámica y la iniciativa política están del lado de los populismos de derecha.

El retroceso del tribunal supremo estadounidense no es, por tanto, un accidente, es el resultado de un sistemático trabajo político de largo aliento de las fuerzas neoconservadoras de ese país que se inició a fines del siglo pasado y que reconfiguró no únicamente la correlación de fuerzas en esa instancia, sino en el ámbito partidario, comunicacional y sobre todo social de ese gran país. Hoy las posiciones reaccionarias sobre los derechos de las mujeres o de las diversidades sexuales cuentan con sólidos apoyos sociales y electorales en los EEUU, mucho más transversales de los que se desea a veces admitir desde las visiones ancladas en un “deber ser” irrealista.

Y tampoco creamos que esa ofensiva ahora victoriosa se detendrá ahí y en las fronteras de ese país, tendrá impactos en todo el planeta, incentivando estrategias, alianzas y movilizaciones políticas con esas mismas orientaciones que nos seguirán sorprendiendo, buscando revertir legislaciones y decisiones favorables a los derechos de mujeres, diversidades sexuales y minorías donde ya fueron aprobadas, o detenerlas allá donde están en consideración.

Así pues, el movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las diversidades está ante un enorme reto político, por si fuera necesario recordarlo. Se trata de (re)construir mayorías sociales y político-electorales que protejan y amplíen esos derechos. Tarea, por las razones anteriormente mencionadas, nada obvia en contextos donde sus adversarios renovaron sus discursos, instrumentos y estrategias.

La cuestión, me parece, no consiste únicamente en reforzar el compromiso y el militantismo de los segmentos más convencidos, lo más desafiante es ampliar las fronteras, volver a hablar a las mayorías, entender a sus contradictores, que cambiaron mucho, para luego rebatirlos, explicar, persuadir y tomar en cuenta la propia diversidad del campo progresista, abandonar la ilusión de que sus causas deben ser entendidas y asumidas por todos y todas sin discusiones.

En suma, menos sectarismo, más política democrática. La lucha por los derechos será siempre un combate, no hay que olvidarlo ni bajar la guardia. Urge, porque el retroceso no se puede descartar en ningún caso.  

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Los impasses de Camacho

/ 30 de julio de 2022 / 02:56

La política identitaria exacerbada puede servir para consolidar nichos electorales y una masa de fieles decididos, pero se transforma en un callejón sin salida si se dedica únicamente a alentar expectativas imposibles de satisfacer y sobre todo si no tiene una estrategia para constituirse en una mayoría. Su desgracia es que cada vez precisará de mayor radicalización para mantener su legitimidad y al hacerlo podría terminar inviabilizando su futuro.

Cuando las dirigencias cruceñas se han enfrentado a una debacle política nacional, suelen recurrir a la receta regionalista para equilibrar el escenario. En 2003-2007, sobre los escombros del proyecto neoliberal erigieron el artificio de la “media luna”, que acabó en los delirios confederales de Branko y sus muchachos en La Torre. Las inconsistencias de ese ensayo terminaron contribuyendo a la consolidación del Estado Plurinacional.

El colapso sorpresivo en un semestre de la experiencia restauradora de Áñez en 2020, impulsada por lo más preclaro de esa dirigencia regional, les obligó, otra vez, a desempolvar el viejo regionalismo a la cabeza de un caudillo joven, vigoroso y deslenguado.

El renovado cruceñismo fue, al final, efectivo para ganar un par de elecciones en el departamento y forzar un brutal recambio de las dirigencias locales. Pero de yapa dinamitó las posibilidades de las fuerzas centroderechistas a nivel nacional. Sin embargo, incluso en ese momento de auge, el experimento ya mostraba sus límites: Luis Fernando Camacho solo replicó el desempeño electoral histórico de Costas, el viejo líder repudiado por los jóvenes radicales.

Ya en su rol de gestor y líder instalado en la institucionalidad, es muy evidente su incomodidad para mantener la iniciativa política y consolidar sus posiciones no solo en Santa Cruz, pero sobre todo en la esfera nacional. Transformarse en el opositor más intransigente del MAS puede servir para alimentar la fe de los convencidos, pero sin resultados contundentes, la apelación permanente a la movilización puede frustrar a sus fuerzas. Al mismo tiempo, solo prometiendo futuras grandes victorias contra el “diablo” masista puede sostener su liderazgo en la ausencia de otros recursos políticos.

Para ello, se ha ensayado de todo, al ritmo frenético de esos realities que están obligados a mantener la atención del espectador para mantenerse de moda: el federalismo, ¿alguien se acuerda en qué quedó eso?, una semana de paro para que Francisco Figueroa sobreviva como dirigente gremial y ahora una lucha a muerte para adelantar seis meses un censo.

Mientras más el personaje se encierra en sus particularismo y excesos, más se debilita en el resto del país y aumentan sus problemas para construir alianzas más allá de la solidaridad de algunos segmentos de la derecha más jailona de las ciudades del Occidente. En el mediano plazo, su popularidad regional dopada por su retórica no parece que será suficiente para compensar el abismo político que significa haberse convertido en el político más rechazado en el resto del país. ¿Está complicado construir algo si el 90% de los ciudadanos del resto de Bolivia no tienen buena opinión de ti?

Pero, el problema no es solo la inmadurez del joven gobernador, la cuestión de fondo es la gran dificultad de la élite empresarial y política cruceña para asumirse como un factor de poder nacional y su incapacidad para descifrar al Occidente, a las clases populares y dar un salto hacia una política de equilibrios regionales más sofisticada que la simplista convicción de que los intereses de Santa Cruz son los que expresan a todas las regiones por fuera del centro.

Dirigencias regionales desorientadas que no ven que Santa Cruz está quizás ya en la vanguardia de una Bolivia popular en rápida transformación, con una dinámica sociedad multicultural que está cada vez influyendo más en los estilos de vida de todos los bolivianos. Es decir, su ilusión particularista resulta tremendamente incongruente con el protagonismo y gran interrelación real y cotidiana que ya tiene esa región con las otras dinámicas nacionales: ¿Cuándo la élite cruceña se animará a asumirse como dirigencia nacional, para lo cual tendría que transgredir sus ataduras regionalistas y proponer un proyecto inclusivo a toda la nación?

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Heterodoxias

/ 16 de julio de 2022 / 02:23

Estamos viviendo un momento de gran incertidumbre económica en el planeta. La novedad e imprevisibilidad de los fenómenos que motivan esta crisis están presionando a todos los gobiernos. Las respuestas ortodoxas parecen insuficientes e incluso podrían ser contraproducentes. Son tiempos de adaptación y sobre todo de una gestión sociopolítica inteligente de la economía.

La inflación y el estancamiento económico a escala global se están perfilando como los escenarios más probables para los próximos meses. En América Latina, las alzas de precios están tensionando la estabilidad macroeconómica de la mayoría de los países y provocando conflictos y movilizaciones sociales de gran magnitud.

Hace unas semanas, el Gobierno de Ecuador tuvo que reducir el precio de los combustibles después de varias semanas de agudo conflicto. En estos días, la agitación se trasladó a Panamá, donde se desencadenaron movilizaciones, cortes de ruta y manifestaciones, inéditas en la historia de esa nación centroamericana, relacionadas con el aumento del costo de vida. Al igual que en el país andino la situación obligó al Gobierno a establecer subvenciones para bajar el costo de la gasolina, presionado por las calles. Esos eventos dejaron además como saldo a gobiernos debilitados y una situación política aún más inestable.

En ambos casos, las orientaciones de la política económica tuvieron que ser modificadas casi a la fuerza, en medio de convulsiones sociales y políticas, y las autoridades tuvieron que alejarse de la receta de austeridad fiscal y de no intervención en los precios que les sugería el enfoque ortodoxo liberal de tratamiento de la inflación.

En otro frente, la propuesta peronista en Argentina está enfrentando una nueva ola de inestabilidad macroeconómica, ligada a la crisis de precios mundial pero también a un nivel de gasto público y endeudamiento externo que complican la disponibilidad de divisas para el funcionamiento normal de la economía. Ahí la pregunta es la sostenibilidad y capacidad de financiar una política de subvenciones de gran escala y al mismo tiempo pagarles a los acreedores externos. Difícil ecuación.

Estos sucesos son una nueva demostración de la estrecha interrelación entre economía, política y humor social que hace que las decisiones estrictamente tecnocráticas o únicamente justificadas por sesgos ideológicos tengan grandes dificultades para ser implementadas si no toman en cuenta la dinámica política y las expectativas y temores de los ciudadanos. En crisis de las características que estamos experimentando, las élites dirigentes están, en cierto modo, obligadas a la heterodoxia, es decir a liberarse de los dogmas y las directrices rígidas sobre la política económica más adecuada.

Por supuesto, este realismo vale también para el atrincheramiento en políticas de subvención o de controles de precios generalizados, que, tarde o temprano, pueden tener serios impactos sobre la estabilidad fiscal o los incentivos para la producción futura. Por tanto, hay que evaluar seriamente sus costos, tiempos y modalidades de implementación. Hay límites en ese camino que no se deben olvidar.

Así pues, ser heterodoxo en tiempos de crisis implica una gran dosis de pragmatismo, objetividad y capacidad de autocrítica. Hay que calibrar las respuestas a los desequilibrios día a día, pensar en sus implicaciones políticas y sociales, articular un discurso adecuado para acompañarlas y prever los escenarios que podrían violentarla. Es una tarea casi permanente y que requiere de gran flexibilidad y adaptabilidad.

Por lo pronto, no sabemos cuánto más durará la crisis global ni sus derivaciones. Y eso es clave pues el entorno externo es determinante en esta coyuntura para cualquier respuesta interna. Bolivia parece haber encontrado un espacio de mayor estabilidad en el frente de los precios, viendo las inquietudes de muchas de las naciones vecinas, pero no es aún el momento de cantar victoria, aún pueden pasar muchas cosas en el mundo. Tampoco es aconsejable transformar los instrumentos que actualmente están funcionando en dogmas y nuevas camisas de fuerza ideológicas.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

La viabilidad política del litio

/ 18 de junio de 2022 / 02:27

Los tiempos se están acelerando, estamos ad portas de un momento de rápida expansión del mercado del litio y de grandes inversiones para satisfacer una demanda mundial de ese mineral que podría quintuplicarse en el horizonte de 2030. Hay pues una ventana de oportunidad para el país. Los retos tecnológicos, financieros y ambientales para lograr ese objetivo son enormes, pero lo esencial se jugará en el ámbito de la política.

Quizás no suene muy virtuoso, pero siempre será preferible el escenario económico en el que contemos con alguna renta de recursos naturales que nos permita financiar nuestro desarrollo o al menos evitar la crisis. De hecho, las orientaciones del actual Gobierno son transparentes: la ecuación de superación de la coyuntura económica actual tiene que ver con sostener la estabilidad por un par de años a la espera de un nuevo boom de exportaciones, ingresos fiscales y redistribución impulsadas por esa industria extractiva en la segunda mitad de esta década.

Para aclararnos aún más el escenario, la decisión esta semana del Parlamento Europeo de prohibir la venta de vehículos con motores térmicos en la Unión Europea a partir de 2035 acelera la histórica transición que emprenderán la industria automovilística y energética mundial en los próximos años. Y uno de sus cuellos de botella, según los especialistas, es la disponibilidad de baterías que, por lo pronto, precisan de litio para su fabricación.

Con esas perspectivas, las grandes maniobras políticas y económicas ya se están desplegando en todo el planeta para asegurar aprovisionamientos y esquemas de producción estables de esos dispositivos y sus componentes. Mientras tanto, los mercados financieros se emocionan, apostando al crecimiento futuro del sector, aumentando el precio de los bonos y acciones de las empresas que ya tienen operaciones o que las están desarrollando.

Pero, la cuestión no escapa a la política. Por eso, Biden declara a esa actividad como estratégica para Estados Unidos otorgándole facilidades e incentivos, China sigue haciendo lo posible para consolidarse como el primer productor global de baterías y los europeos se apuran en definir una estrategia para recuperar su retraso.

Hasta ahí todo bien: ésta es obviamente una gran oportunidad para un país, como Bolivia, que cuenta con importantes reservas de ese mineral. Pero, no hay que perder de vista que ese recurso sin inversiones, mercados estables y tecnologías competitivas podría quedarse en eso, en una reserva, es decir en una ilusión sobre un potencial beneficio que se concretará solo si se toman decisiones inteligentes, concretas y oportunas. Y esa es la tarea esencial de la política, por supuesto bien orientada por criterios económicos y técnicos.

Por otra parte, la dimensión del negocio y de sus múltiples implicaciones sugiere que cualquiera sea la decisión que se tome, ésta no podrá eludir definiciones acerca de nuestro posicionamiento en los escenarios geopolíticos que se están configurando en torno a esta cuestión y menos aún sobre las articulaciones y consensos sociales, políticos y territoriales que tendrán que sostener su despliegue y crecimiento interno.

Nuestra historia reciente es elocuente sobre las cien maneras en que nuestros conflictos políticos nacionales y hasta locales pueden sabotear o postergar las mejores decisiones tecno-económicas. Por tanto, las autoridades tendrían que ya darle algo de atención a esos riesgos internos desde ahora.

Dicho todo lo anterior, sería, no obstante, un grosero error pensar que el voluntarismo político es suficiente para avanzar. Por la naturaleza de la transición energética-tecnológica que está en la base, la expansión de la industria del litio, su desarrollo parece que tendrá inevitablemente interacciones fuertes con los mercados financieros, con la evolución de ciertas cadenas globales de producción tecnológica y con la disponibilidad de montos apreciables de inversión privada extranjera.

Es decir, se trata de una actividad influenciada por factores exógenos potentes y en la que operan actores privados y estatales diversos, y, en consecuencia, en la cual habrá que construir interdependencias inteligentes, flexibles, pragmáticas y beneficiosas para el país y sus ciudadanos.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

La madre de las batallas

/ 4 de junio de 2022 / 02:02

El karma del gobierno de Arce es la crisis, su manejo será determinante en los futuros escenarios de la política. Esa es la madre de las batallas. No hay mucho que discutir políticamente sobre las orientaciones gruesas de los instrumentos para su gestión, pero el diablo estará en su adaptación y renovación en un entorno, interno y externo, más complejo e incierto que 2008/2009.

Desde hace tres años venimos de crisis en crisis, ahora nos toca enfrentar el gran desajuste económico global que está provocando alzas de precios y costos en todo el planeta. Y las perspectivas no son halagüeñas, la inflación mundial seguirá elevada, al menos hasta inicios del próximo año, y el precio de las energías se mantendría alto en el mediano plazo, no solo por la guerra sino porque recién nos damos cuenta de que la transición hacia una matriz energética verde cuesta y mucho. El riesgo es que las grandes economías experimenten un escenario de alta inflación y estancamiento del crecimiento.

Bolivia no es inmune a ese zafarrancho, sobre todo porque sus impactos más concretos tienen que ver con la evolución de los precios de alimentos y combustible, aspectos extremadamente sensibles para los bolsillos de cualquier ciudadano. Y la política tiene bastante internalizada esa realidad social: la cuestión precios-dólar siempre estuvo asociada a momentos políticos decisivos desde el retorno de la democracia.

Si hay un consenso casi transversal es sobre la “estabilidad de precios”, entendida como que no deben subir en ningún caso, y la posibilidad de tener un dólar barato y cuando uno lo necesite. Quizás es una herencia de nuestra experiencia hiperinflacionaria y posterior ajuste brutal, pero así se sigue entendiendo la cosa hasta ahora. Por esa razón es un poco ocioso, en este momento, discutir sobre otra política cambiaria o de precios, sabiendo que no hay casi espacio político para grandes rupturas en ese ámbito. De hecho, la oposición no dice ni pío en estos temas, es entendible.

Por tanto, el diseño básico de las políticas para enfrentar los actuales desequilibrios es nomás la regulación y el control de precios a cargo del Estado. Esa orientación está en el ADN de la economía política del masismo y es el mantra de su creador y gestor, que es justamente el actual Presidente. Y es, además, de una rentabilidad política monumental, cuando funciona por supuesto.

No hay que ser pitonisos para entender que si Arce logra superar la actual tormenta sin grandes daños, hay masismo para mucho rato. Al final, la mayoría de la gente necesita ciertas estabilidades básicas, los grandes relatos abstractos y las ilusiones ideológicas son complementarias.

Por tanto, la pregunta del millón es sobre la capacidad y recursos del Gobierno para hacer que ese esquema funcione. Tarea nada obvia porque no todo está bajo su control, el contexto externo importa, nada es gratis, todo tiene costo y hay que tener posibilidades de pagarlo.

Estamos en medio de la tormenta, la vieja casa cruje, hay ya alguna gotera. Sería medio desubicado querer empezar una gran renovación, es más bien el tiempo de los fontaneros, de los que conocen las grietas, el aguante de los pilares y las mil maneras de evacuar el agua en emergencia. Es el tiempo del constructor, del que conoce los secretos de su arquitectura, incluso los inconfesables. En eso, Arce parecería ser el hombre de la situación.

Pero el tiempo será el gran adversario, una lluvia que se alarga demasiado, un chaparrón demás, un pilar demasiado erosionado, un temblor imprevisto y la situación se puede complicar. Frente a los avatares del destino, no es suficiente la coherencia de la orientación y el voluntarismo ante la adversidad, hay que saber también adaptarse, encontrar y aprovechar recursos nuevos, leer el contexto que tiene sus novedades y oportunidades.

Es decir, no hay que quedar atrapados en el corto plazo, cuya gestión obviamente es vital en una crisis, ni en las certezas absolutas, hay que levantar de tiempo en tiempo la cabeza para ver alrededor y más adelante, ahí están también algunas de las respuestas a los dilemas y retos de la emergencia.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Incentivos y método

/ 21 de mayo de 2022 / 01:27

A esta hora, la elección del nuevo Defensor del Pueblo parece estancada por un largo tiempo. Esta frustración es un ejemplo de que no basta con buenos deseos para lograr acuerdos políticos, hay que pensar en los incentivos que los faciliten y, cuestión no menor, en la necesidad de pensar la manera de concretarlos. Hay mucho de método o, mejor dicho, de su ausencia en este tipo de situaciones.

Pensaba que este proceso legislativo tenía visos de concluir exitosamente, es decir con el nombramiento de una persona, más o menos solvente y sobre todo honesta, por una mayoría de parlamentarios oficialistas y opositores. Por su rol en la garantía de derechos humanos para todos, es una mala noticia que no haya capacidad de ponerse de acuerdo en una autoridad que cumpla plenamente ese mandato.

Al inicio, tampoco la cosa pintaba tan mal con la excepción del pintoresco pugilato inicial en la discusión de su reglamento. Por varias semanas, unos y otros jugaron el partido en la comisión y se hizo una preselección razonable, que quizás no fue óptima no tanto por las controversias partidarias sino por la notable falta de candidatos con trayectoria. Esto último, señal preocupante del desinterés o temor de muchos ciudadanos para meterse en esos embrollos.

Teniendo una lista corta, la cuestión no era muy complicada teóricamente si los grupos parlamentarios tenían claras las premisas que viabilizaban el acuerdo. En simple, la persona elegida tenía que dar garantías mínimas de no parcialización tanto a oficialistas como opositores. Había pues que sacar del juego a los que eran vistos, justa o injustamente, como alineados claramente con uno u otro bando. Conste que, en eso, la subjetividad iba a necesariamente ser la norma. Quedarían, por tanto, algunos personajes no perfectos, pero a los que se les podía atribuir una duda razonable de comportamiento equilibrado, entre esos estaría la buena o el bueno.

Ese procedimiento implicaba una negociación, es decir hablar, poner nombres en la mesa, decir con claridad lo que molesta de algunos de ellos, entender las razones del otro o al menos darse cuenta de que en algún caso no había margen para seguir jalando la cuerda y poco a poco ceder en algunas cosas y acordar un “mal menor” que no sea demasiado resistido ni por moros ni por cristianos.

Ciertamente, visto de esa manera, no parece una labor muy exaltante, pero así se hace en cualquier proceso decisorio parlamentario con actores plurales que tienen poder de veto, lo cual es el caso en Bolivia para los nombramientos por dos tercios en la Asamblea. Y no hay que escandalizarse, eso es buena política y si además está inspirada en otros valores morales, fantástico.

Lo cierto es que el fracaso de este primer intento no es del todo malo. Por una parte, le debería quedar claro al oficialismo que en ciertas decisiones la aritmética manda y que no puede ser ingenuo creyendo que va a pasar un milagro y logrará reunir los votos sin negociar con los opositores. Y a los otros que, si bien tienen poder de veto, tampoco pueden imponer a quien sea o dedicarse ad eternumal bloqueo, pues su minoría parlamentaria tiene que servir para algo positivo de tiempo en tiempo o al menos parecerlo.

En caso contrario, los que ganaran algo en estos episodios son los que, por un lado, tienen definida su estrategia de profundizar las contradicciones del sistema para que así se acelere el advenimiento de un cambio violento, es decir la versión derechosa camachista de cierta vieja cultura extremista de izquierda. Y en el otro, los que piensan que se puede gobernar desde el atrincheramiento, sin tomar en cuenta la complejidad de escenarios sociales e internacionales que, hoy en día, son determinantes para la viabilidad a largo plazo de cualquier proyecto político progresista.

No hay que desesperar, asumo que estos retrocesos deben ser asumidos como aprendizajes. Tal vez se precisa mayor convencimiento en los dos actores clave de este escenario, MAS y Comunidad Ciudadana, de que podrían ganar bastante con algunos acuerdos que sean bien percibidos por la mayoría de los ciudadanos cansados de la pelea chiquita, el odio y la falta de propuestas constructivas. Pero, eso implica también que se los concrete luego mediante un método decisorio eficaz. Es que las cosas no caen del cielo porque Dios es grande, hay que laburar y ponerle ganas y algo de practicidad y realismo a la tarea.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina: