Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista.

“Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

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El pasado sábado, el ala evista del MAS celebró un ampliado en el que se trataron diversos temas. Entre ellos, se ratificó a Morales como único candidato del partido. Además, se exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que apruebe la convocatoria para el congreso evista, fijado para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Pese al pedido de las bases que apoyan a Morales, se decidió que Arce y Choquehuanca todavía son militantes del MAS.

‘Aprobación de créditos’

“Asimismo, dar continuidad a la aprobación de créditos con la debida fiscalización e interpelación”, pidió adicionalmente Morales a sus legisladores.

El lunes, en conferencia de prensa, el exmandatario pidió que los créditos pendientes sean aprobados para no perjudicar a la población.

Ocho proyectos de ley fueron aprobados en la Cámara de Diputados, pero el Senado no los sancionó. Pese a que el presidente de esta instancia, el evista Andrónico Rodríguez, sostuvo que la no aprobación se debía a detalles técnicos, los senadores evistas y de oposición afirmaron que no aprobarán ningún crédito hasta que no se traten los proyectos de ley 073 y 075, respecto a los plazos de los magistrados prorrogados.

Los proyectos suman un total de $us 645 millones que deben ser destinados a áreas que beneficiarán a la población. Como la infraestructura, salud o electrificación.

Inicialmente, en el ampliado, Morales ratificó la no aprobación de créditos. Sin embargo, desde el lunes cambió de postura y ahora pide aprobar créditos, pero controlando lo que se hace con los mismos.

Conocido el Tribunal que se encargará del caso en contra del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez denunció que existió “manipulación informática” para que el caso sea sorteado a la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

«Tenemos certeza de que hubo manipulación informática para una vez más dirigir este caso a conocimiento de esta funesta Sala; la Sala Constitucional Primera (de La Paz)», afirmó. Adicionalmente, advirtió que no dudarán en presentar acciones penales en contra de los presuntos responsables.

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que criticó Torrez.

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Sala Constitucional Primera

La Sala Constitucional Primera fue la que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso arcista del MAS, pese a que el TSE había ratificado que el evento era contrario al estatuto orgánico del partido.

Desde entonces, en el evismo existe la susceptibilidad de que los tribunales intervienen en el funcionamiento de los demás órganos del Estado.

Torrez informó que se realizó una solicitud de excusa contra el vocal Israel Campero, para que se mantenga alejado del proceso en contra de Choquehuanca.

“Estoy convencido de que Israel Campero es totalmente funcional al Gobierno. Es operador del ministro de Justicia, Iván Lima”, afirmó el senador y le pidió que “por un mínimo de respeto” a la democracia se allane a la petición de excusa.

Choquehuanca

El pasado 6 de mayo, Torrez y la senadora Lucy Escobar interpusieron una acción contra Choquehuanca por incumplir con sus deberes de convocar al pleno de la Asamblea. Denunciaron que cinco meses pasaron desde la última sesión del pleno. En todo ese tiempo, critican, la Asamblea no trato los proyectos de ley 073 y 075, respecto al plazo de los magistrados y consejeros prorrogados.

Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz informó que la audiencia contra Choquehuanca está programada para las 16.00 de este miércoles.

Luego que la Procuraduría General del Estado ratificara que la reelección no es un derecho humano, Leonardo Loza, senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que no existe un documento en el que figure que Evo Morales está inhabilitado para las presidenciales de 2025.

“Es totalmente falso (la inhabilitación de Morales), no hay un documento expreso que nos diga que Evo Morales esté inhabilitado (…), en nuestro país no deciden fallos internacionales qué es lo que debemos hacer internamente”, indicó, en conferencia de prensa.

Convención Americana

Las declaraciones del senador van en sentido contrario a lo que expresó el procurador César Siles. Ratificó la postura que su entidad dio a conocer el lunes. En esa oportunidad, presentó y explicó el Análisis Especializado 04/2024, que enfatiza en que la reelección no es un derecho protegido por la Convención Americana.

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A través de la Opinión Consultiva 28/21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

De esta manera, la CIDH dio respuesta al polémico artículo 23 de la Convención Americana. Éste se reinterpretó como un reconocimiento del “derecho a la repostulación”.

Inclusive, a raíz de este artículo, Morales logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la Sentencia Constitucional 084/2017, con la que fue a una tercera repostulación en 2019, contrariamente a los dos mandatos que establece la Constitución.

“Pueden sugerir, pueden plantear, pero no toman una decisión expresa”, criticó el legislador evista.

Sin embargo, la Procuraduría recalcó que Bolivia ratificó la Convención Americana, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Sentencia 1010/2023

“Yo no he visto ninguna sentencia, recalco, que pueda expresamente inhabilitarlo a Evo. Posiblemente alguna sentencia en la parte considerativa, en la parte declarativa. Pero no en la parte resolutiva y eso está de conocimiento”, respondió Loza, cuando le preguntaron sobre la Sentencia Constitucional 1010/23.

Efectivamente, dicha sentencia no falla expresamente sobre una inhabilitación a Morales, pese a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce y la oposición lo hayan interpretado de esa manera.

La 1010/23 se trata de un fallo del TCP para que se realice una nueva convocatoria de candidatos a las elecciones judiciales. Sin embargo, el dictamen enfatiza, en su parte considerativa, que algunos magistrados no podían ser reelectos o continuar en sus funciones, porque la CIDH dictaminó que la reelección no es un derecho humano.

El lunes, la Procuraduría explicó que como el TCP emitió la sentencia 1010/23, eso la convierte en un “control de convencionalidad”, reconociendo lo establecido por la CIDH, por lo que su cumplimiento es obligatorio y vinculante, aunque se trate de otros actores y de otra materia.

Por ello, Siles consideró que la discusión en relación al tema de la repostulación de Morales “está cerrada”. Ante esas palabras, Loza pidió al procurador “proteger la democracia” y no opinar sobre Morales

Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa.

La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la relección indefinida.

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El subprocurador presentó el Análisis Jurídico Especializado 04/2024, a través del cual enfatizó en que no existe en la Convención Americana ningún derecho a la reelección.

Sentencia 1010/23

“Con la Sentencia Constitucional 1010/23 se ha realizado el control de convencionalidad, que no es otra cosa que compatibilizar la Convención Americana de Derechos Humanos con las normas internas de nuestro país”, afirmó.

La Sentencia Constitucional 1010/23 se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales. En su parte resolutiva, concluye que es necesaria una nueva convocatoria para elegir a los altos cargos del Órgano Judicial.

Si bien la sentencia aborda teorías y derecho comparado sobre la reelección indefinida, no emite ningún fallo respecto de la materia.

Morales

Morales ganó las elecciones, bajo el Estado Plurinacional, en 2009 y 2014. En 2019 se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos. Lo hizo al amparo de una sentencia del TCP de 2017 que reivindicó la reelección como un derecho humano.

Aunque ganó las elecciones, la oposición denunció esos comicios como fraudulentos y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política que se vivía.

Uno de los argumentos que utilizó Morales para su repostulación fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo con Medina, se interpretó que el artículo promovía un “derecho humano a la repostulación”. Entonces, a través de un fallo del TCP, Morales se presentó como candidato a las elecciones del 2019.

“Con la Sentencia 084/2017 se disponía la inaplicabilidad de una parte de la Constitución. Con el argumento de que la Convención Americana, en su artículo 23, reconocía la relección indefinida”, criticó Medina.

Sin embargo, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretaría este artículo, ante su ambigüedad y el pedido de otros países.

Reelección

Es así que emitió la Opinión Consultiva 28/21. En ella, la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

Medina enfatizó en el cumplimiento obligatorio de lo que establece la Convención.

“Nuestro país, al haber ratificado, mediante una ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, este instrumento internacional ya forma parte de nuestra normativa interna y es de cumplimiento obligatorio y vinculante”, insistió.

Pese a que la Sentencia 1010/2023 falla sobre las elecciones judiciales y no explícitamente sobre la reelección, toma en consideración la Opinión Consultiva de la CIDH. Por lo tanto, al haber sido emitida por el TCP, se reconoce como legítima la postura de la Corte-IDH respecto a la reelección, dijo.

Debido a que, en criterio de Medina, se podría interpretar que el rechazo a la reelección indefinida solo aplica para cargos de magistrados, el Análisis Especializado 04/2024 señala que la prohibición de la reelección es “contra todos o referente a todos”.

Tras el fracaso de la reunión en la Asamblea Legislativa, en la que se debían lograr consensos para avanzar en las elecciones judiciales, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, aseguró que hay una coalición en la oposición que le da la espalda a las judiciales.

“La oposición, lamentablemente, ha dado una vez más muestras de que solo les interesa las judiciales para un discurso político, porque ayer, una vez más, le han dado la espalda a la elección judicial”, criticó la mañana del viernes en entrevista con BTV.

Reunión

El jueves, David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocó a una reunión entre las tres fuerzas políticas, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y los presidentes de las comisiones mixtas. El objetivo era reencaminar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

Sin embargo, en la reunión no se llegó a ningún acuerdo y la oposición y el ala evista del MAS la calificaron de “fracaso”.

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De acuerdo con Mercado, en la reunión del jueves, Choquehuanca pidió a la oposición respaldar el pedido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que agilice la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Pando que paralizó todo el proceso. Sin embargo, en criterio del legislador, la respuesta de la oposición fue ‘darle la espalda a las judiciales’.

‘Coalición’

El jefe de bancada del MAS denunció que existe una coalición que ‘sistemáticamente’ se opone a cualquier idea de sacar adelante las judiciales.

“Esa nefasta coalición, alianza, que hay entre Chapare, Chonchocoro y Zona Sur no nos escucharon el 11 de marzo cuando alertamos que, antes de abrir los sobres, la cantidad de mujeres y autodefinidos como indígenas eran muy poco (sic)”, afirmó.

El Chapare es en referencia al ala evista de su partido que responde al expresidente Evo Morales. Chonchocoro a Creemos, alianza de Luis Fernando Camacho, detenido en este penal desde 2022. Y zona Sur, de la ciudad de La Paz, en referencia a la alianza Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa.

Preselección detenida

El proceso de preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial se detuvo cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia dejó inaplicable la Ley 1549 y todo el proceso avanzado, el pasado 30 de abril.

Justamente, Mercado propuso ampliar los plazos, en marzo, para que más mujeres e identificados como indígenas pudieran postularse. Sin embargo, su propuesta no fue sustentada.

La Sala de Pando concluyó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no consideraba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas, por lo que debe emitirse una nueva ley.

Revisión del TCP

“Tiene que revocar la resolución de la Sala Constitucional de Pando (…), en esas condiciones las elecciones tienen que llevarse a cabo este año y por supuesto el tiempo muerto tiene que ser repuesto (…), no tenemos que volver a foja cero, no tenemos que sacar una nueva ley”, sugirió Mercado, en relación a una respuesta positiva del TCP.

De acuerdo con el diputado, de 9.000 casos en espera, el TCP priorizará la revisión del fallo. Consideró que ésa es la prueba de la urgencia con la que el oficialismo actúa para viabilizar las judiciales.

“Tenemos la firme voluntad de que este año se lleven las elecciones. Lamentamos que algunas salas constitucionales se han excedido en sus funciones. Lamentamos que la oposición le dé la espalda a las elecciones (…), pero nosotros vamos a hacer todo lo posible”, insistió.

Pese a las palabras del legislador, las elecciones judiciales y su realización se encuentra en vilo. Existe la posibilidad de que coincidan en calendario electoral con las elecciones primarias. En ese caso, no se realizarían las judiciales este año, debido a que no se pueden realizar dos procesos electorales en simultáneo.