DIBUJO LIBRE

Hay teorías de carácter tanto empírico como científico que atribuyen ciclos de aproximadamente 20 años en la historia. Una de ellas es la teoría generacional de Strauss–Howe que trata la historia de Estados Unidos como una serie de relevos generacionales a partir de 1584. Extrapolando a la historia de Bolivia podríamos poner el periodo de postguerra del Chaco, luego la serie de dictaduras militares que empiezan con René Barrientos (1964); la recuperación de la Democracia e inicio del neoliberalismo (1982-2003) y el proceso de cambio que empieza con Evo Morales en 2006, pero que previamente tiene de la caída de Goni, luego de Mesa, y la transición de Eduardo Rodríguez Veltzé. La caída de Morales en 2019, el breve periodo de Jeanine Áñez y la posterior asunción de Luis Arce Catacora nos encuentra este 2023 nuevamente en un punto de inflexión.

El 17 de octubre de 2003 renunciaba el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Varias versiones coinciden en que tuvo la intención de gobernar desde Santa Cruz, donde se encontraba cuando se dio a conocer su renuncia. Desde Viru Viru tomó un avión hacia EEUU donde se encuentra exiliado aún desde entonces.

Sin embargo, pese a que parecía una idea factible, lo cierto es que en tierra cruceña tampoco tenía muchos fans como se pensaría. Cercano estaba el 24 de septiembre, cuando en una sesión de honor de la entonces Prefectura, fue increpado por miembros del embrionario Movimiento Nación Camba. “Autonomía sobre mi cadáver”, fue la frase de Goni que quedó vigente en el imaginario colectivo. Renacía la bandera regionalista de la élite cruceña, con la que después tuvieron que lidiar Carlos Mesa y Evo Morales como mandatarios. Especialmente este segundo.

Con esa bandera surgieron liderazgos cruceños de consideración nacional, pero sin la proyección necesaria para superar el regionalismo camba. Como líderes cívicos, Rubén Costas, Branko Marinkovic, Carlos Dabdoub y Germán Antelo, fueron los que adquirieron mayor notoriedad. Los dos últimos, casualmente destacados neurocirujanos, sucumbieron a sendas candidaturas que terminaron por borrarlos del mapa político.

Marinkovic, el más radical de todos, terminó exiliado luego del llamado Golpe cívico-prefectural, caracterizado por la toma de instituciones y una inusitada violencia que tuvo su pico más alto en la matanza de Porvenir, en Pando, el 11 de septiembre de 2008. Después vino otro episodio violento con el caso Terrorismo o caso Rósza.

A todos ellos sobrevivió Costas y entró en la historia como el primer gobernador electo de Santa Cruz, manteniéndose en el cargo durante 15 años.

En estos 20 años desde la caída de Goni y la asunción de Evo Morales, Costas ha sido el protagonista principal de la política local cruceña, junto con el alcalde dos veces reelecto, Percy Fernández.

También puede leer: Sin mujeres no hay democracia

Uno en la Gobernación y otro en la Alcaldía, fueron consecutivamente reelectos en dos oportunidades, completando 15 años de periodos en sus cargos. La diferencia está en que el alcalde cruceño tuvo como ladera a una figura controversial, que fue Angélica Sosa, exdirectora de Parques y Jardines, presidenta del Concejo y finalmente alcaldesa interina cuando la salud de Fernández fue resentida.

La bandera inicial de la Autonomía tuvo sus logros, como las elecciones de gobernadores y la instalación, aunque sea nominal, de autonomías departamentales, regionales e indígenas. Sin embargo, fue cambiando con el tiempo con consignas destinadas a minar el liderazgo nacional de Evo Morales. Los dos tercios, el IDH, la oposición a la nueva CPE, y finalmente el 21F, que fue el que en definitiva derrocó al líder masista.

Mientras existía un enemigo en común, los frentes internos no eran visibles. Eso acentuó el liderazgo de Costas, que incluso ensayó una proyección nacional con algunas alianzas como las de Ernesto Suárez, en Beni, o José María Leyes en Cochabamba, ambas sin final feliz.

Pero más allá de los nombres, Santa Cruz se convirtió en estos 20 años en un elemento clave de la política nacional. Desde esta región vino el primer golpe duro a los planes de reelección de Evo con la denuncia del caso Zapata, que tuvo como artífice al periodista Carlos Valverde. Esto, claramente, le costó perder el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, luego conocido como 21F.

Y finalmente, la emergencia de Luis Fernando Camacho como líder cívico en 2019 y actual gobernador tuvo su clímax en la caída de Evo Morales.

Camacho surgía como el líder cruceño capaz de jubilar a Rubén Costas. Creó un partido. Protagonizó dos paros cívicos más; el último por el Censo con consecuencias desastrosas y resultados dudosos. Hoy se encuentra detenido y pese a las protestas iniciales de sus seguidores, sigue en Chonchocoro, demostrando, entre otras cosas que su liderazgo se fue desgastando y no terminó de consolidarse.

A dos años de las elecciones generales y tres de las subnacionales, el tablero comienza a moverse y en el caso de Santa Cruz, si bien sigue siendo un capital político importante, vive un momento de transición en el que no se ve un liderazgo claro.

El alcalde Johnny Fernández se quiere proyectar, pero tras su apuesta contra el último paro por el Censo, le dejó una imagen muy desgastada ante las clases medias, aunque mantiene su ascendencia en las clases populares.

Rubén Costas ha decidido no jubilarse y ha empezado a salir a la palestra. Sus allegados dicen que aspira a la Alcaldía, ya no a la Gobernación.

Lo de Camacho es una incógnita en cuanto siga preso. Una eventual condena lo podría dejar definitivamente fuera del juego.

En el MAS, los liderazgos son básicamente internos. Quizás el de mayor protección es el del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, igualmente muy resistido por las clases medias.

Antiguos líderes masistas siguen dando vuelta en la egida, pero sin un horizonte claro.

De todas maneras, el capital político está ahí. Un departamento capaz de parar más de un mes sin verse resentido económicamente, aunque sí socialmente. Una clase media cada vez más reaccionaria, pero que en el cotidiano la política pasa a un segundo plano.

Un votante fiel a su conservadurismo, que muy pocas veces cambia de parecer a la hora de sufragar. Que sigue al líder de turno mientras esté vigente y sea opositor al masismo.

¿Quién capitalizará ese voto o esa adhesión? Es una pregunta abierta. Pero más allá de eso… ¿Quién tiene un proyecto para administrar el peso que ha adquirido Santa Cruz en la política nacional? No se ve a nadie en el horizonte cercano. Pero puede que aparezcan cisnes negros o para decirlo en gringo ‘outsiders’. Incluso, el panorama da para que algunos considerados ‘cadáveres políticos´, resuciten.

(*)Gerson Rivero Parada es periodista

DIBUJO LIBRE

Santa cruz está de fiesta porque es su mes aniversario. Esta fecha es la ocasión ideal para reflexionar sobre sus progresos económicos y sociales. Los líderes cívicos y otras personalidades orientales, aprovechan estas fechas para hacer alarde de sus logros económicos. Santa Cruz creció en promedio medio punto porcentual por encima del promedio nacional por más de tres décadas continuas. Ello le permitió alcanzar uno de los ingresos per cápita más altos de Bolivia a pesar de la mayor inmigración interna y convertirse en el departamento con mayor fuerza laboral del país. También es reconocida por su soporte a las exportaciones que representa un tercio del nacional y su contribución en el pago de impuestos en la misma proporción. Pero Santa Cruz aspira a más y quiere convertirse en el centro financiero, gastronómico y turístico del país.

A pesar de su diversidad productiva, más de un tercio de su actividad económica depende del sector agrícola y alimentos. La participación de la agricultura en el PIB nacional se incrementó en los últimos años y lo hizo gracias a Santa Cruz. Es así que analizar al sector agrícola cruceño es esencial para entender a todo el departamento.

El oriente boliviano vive su tercer ciclo de auge agrícola después de los iniciados en las décadas de los años 50 y 90. Conviene recordar que el surgimiento y posterior auge de la agricultura cruceña dependió esencialmente de las migraciones collas y menonitas, la apertura de la carretera que conecta el occidente con el oriente, de la dotación de tierras fiscales, los créditos convencionales que otorgaron los gobiernos a las familias terratenientes, la apertura de los mercados de la Comunidad Andina de Nacionales y los subsidios a los combustibles.

Hoy coexiste un dualismo productivo en la agricultura cruceña. Por un lado, domina aquella empresarial que está caracterizada por su mecanización, un uso intenso de agroquímicos y fertilizantes, la concentración de la tierra y su orientación al mercado externo. Del otro lado, coexiste la otra, campesina, que a diferencia de la agricultura del occidente está parcialmente mecanizada, cuenta con financiamiento bancario pero su área cultivable es de pequeña escala en relación a los grandes exportadores.

Este dualismo productivo esta explicado porque la estructura agraria es extremadamente desigual. El 80% de las unidades agropecuarias comparten el 3% de las tierras cultivadas, mientras que el 20% restante usufructúa el 97% de las mismas. El problema de este dualismo es que la renta agrícola también está desigualmente distribuida. Mientras algunos grupos empresariales controlan la mayor parte de la renta agrícola, la mayoría de los productores pequeños y medianos se quedan al margen de estas ganancias extra normales.

Santa Cruz, vive desde hace unos años un tercer auge proveniente del sector agrícola. Este ciclo podría ser entendido como un proceso de “reprimarización de materias primas” (Jenkins, 2011) o de extractivismo (Gudinas, 2015). El extractivismo es un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, de los cuales la mayor proporción se destina a la exportación sin incorporar valor agregado. Al analizar el desempeño del sector agrícola desde la perspectiva de los capitales territoriales: físico, humano, social, cultural y natural (Berkes y Folke, 1992), se advierte que el desarrollo económico cruceño poco ha avanzado.

Con relación al capital físico, el acceso y uso de tractores ha sido un factor esencial para mejorar la productividad agrícola en los cultivos de Santa Cruz no necesariamente exclusivos a la soya. Al contrario, el acceso a la maquinaria pesada pareciera tener una importancia creciente en la agricultura tradicional que para la agroindustria. La agricultura industrial a pesar de generar mayores excedentes que la campesina, no se muestra que sean invertidos en tecnología en la misma cuantía en el sector, sino que por el contrario se sospecha que son desviados a otros sectores económicos con menos riesgo, asociados al clima, o repatriados fuera del país.

Para medir el aporte del capital humano se puede analizar la educación y la experiencia laboral. Sin embargo, la participación del empleo agrícola en Santa Cruz ha caído notablemente del 16% al 11% de la población económicamente activa en los últimos 8 años. La agricultura es una actividad que absorbe trabajadores que tienen en promedio menos años de educación y por tanto es una mano de obra menos calificada en comparación a otros sectores económicos, con lo cual no fomenta una mayor acumulación del capital humano como podrían suponer sus defensores.

Lo que es llamativo es la destrucción de capital social que provoca la actividad agroindustrial. El extractivismo agrícola no promueve relaciones sociales productivas sino por el contrario las destruyen. Los empresarios extranjeros no están interesados en promover redes sociales entre agricultores y la comunidad. A medida que la frontera agrícola avanza, desplaza campesinos e incluso comunidades enteras a cambio del alquiler de sus tierras, mercado que es ilegal y no está regulado. La extranjerización de las tierras ha hecho que se pierda el vínculo entre la posesión y la explotación de los recursos naturales.

También puede leer: La invención del modelo cruceño

Las prácticas de la minka y el ayni cuyo origen es la agricltura del occidente resultan ser poco practicadas en cultivos olegainosos al igual que las prácticas culturales relacionadas a los procesos de siembra y cosecha que son cada vez menos realizados. En su lugar, las elites cruceñas tratan de incultar principios occidentales capitalistas como el espíritu empresarial, el individualismo, la liberad y la compettiividad como valores societales. El capital cultural se manifiesta en la violencia simbólica con la actuan los medios de comunicación que se encargan de reproducir estas lecciones y contribuir al adoctrinamiento de la sociedad cruceña como parte de un proceso de aculturalización.

La sobreexplotación del capital natural que se expresa en la expansión de la frontera agrícola y el uso de los sistemas bióticos está conspirando con los equilibrios biofísicos y es un riesgo para el cuidado del medio ambiente.

En suma, la combinación deficiente y limitada de los capitales físico, humano, social, cultural y natural explican la baja productividad del sector agrícola cruceño. En los últimos 40 años la productividad de la soya está estancada entre 1,5 a 2,5 ton. De continuar, este modelo de desarrollo terminará condicionando su proceso de acumulación y el desarrollo económico.

Entrar en el extractivismo agrícola es traspasar las fronteras del desarrollo y la sostenibilidad ambiental para sumergirse en una especie de capitalismo medieval angurriento de rentas. El modelo cruceño propuesto por las élites pensantes del oriente boliviano parece confundir el crecimiento económico con desarrollo. Este artículo toca un punto central del Iibro “El extractivsmo agrícola y la invención del modelo cruceño” a publicarse pronto.

(*)Omar Velasco Portillo es economista

DIBUJO LIBRE

A medida que nos acercamos al año 2025, cuando Bolivia debe realizar nuevamente elecciones nacionales, se acrecienta la inquietud sobre los posibles candidatos presidenciales de esa contienda. De entre los nombres que se mencionan como alternativas, al menos alguno proviene del departamento de Santa Cruz. Para gobernar el país, un candidato cruceño enfrenta distintos desafíos que debe vencer, pero también tiene oportunidades diferentes. Se trata de elementos que tienen que ver con la fortaleza de la democracia boliviana, y que también la ponen a prueba; estos son los temas que se discuten en este artículo.

Ya es de Perogrullo decir que Santa Cruz es el motor económico de Bolivia. La dinamicidad de la actividad económica de esa región proviene de una combinación de factores naturales, sociales y políticos, que la convierten en un polo de atracción para migrantes nacionales e internacionales, como muestra la encuesta más reciente del Foro Regional de Ciudadanía y CERES, en la que la mitad de los bolivianos que viven en otras regiones dicen que, si pudieran, les gustaría irse a vivir a Santa Cruz. Gracias a esta tendencia migratoria Santa Cruz es el departamento más poblado del país desde hace más de una década, según datos oficiales, cobijando a tres de cada diez bolivianos.

Llama la atención que, en esas condiciones, Santa Cruz no haya producido hasta ahora un liderazgo nacional ni tampoco un proyecto político capaz de seducir al resto del país. En la larga lista de presidentes que tuvo el país durante los últimos 50 años, el único cruceño es Hugo Banzer, y de él se puede decir que es más producto de lo que Guillermo O’Donnell nombró como autoritarismo burocrático que de un proyecto político nacional genuinamente cruceño. El resto de los esfuerzos por proyectar un candidato cruceño a la presidencia han sido ahogados por la misma dinámica regional, como en el caso de Luis Fernando Camacho (víctima además del uso abusivo de aparato de justicia del país), por la falta de una identidad distintiva o simplemente por no lograr suficiente tracción entre los votantes.

Una de las oportunidades que un candidato cruceño puede aprovechar es la urbanización y modernización del país. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es el principal centro urbano de un país en el que siete de cada diez habitantes viven en una ciudad. Buena parte de los habitantes de las ciudades son sectores medios emergentes y muchos son jóvenes, conectados al mundo global, y tienen preocupaciones que rebasan el marco de las disputas tradicionales entre izquierda y derecha (como el medio ambiente o la equidad de género, por ejemplo). En esta Bolivia más urbana y moderna el 80% de los votantes dice que no le importa si es que un candidato ideal es o no es indígena, y una proporción similar dice que tampoco importa si es de derecha o de izquierda, según datos de la misma encuesta del Foro Regional.

Pese a estas tendencias mayoritarias, persisten algunos grupos con visiones del país andinocentristas, que exhiben actitudes a menudo discriminatorias en contra de la población oriental y muy particularmente en contra de bolivianos que no llevan un apellido español o aymara. Su candidato ideal es algún dirigente sindical de las organizaciones sociales articuladas al MAS, cuyas filiales en el departamento de Santa Cruz no parecen tener la fuerza suficiente para proponer un candidato. Es importante tener en cuenta que estas tendencias no responden a una dinámica puramente ideológica, sino que son el sustento simbólico de la estructura prebendal y clientelista que define la relación actual entre Estado y sociedad civil en Bolivia y que implica el control del aparato estatal y el acceso a fuentes de trabajo para los miembros de las organizaciones sociales vinculadas al partido gobernante.

También puede leer: Tras polémica en un acto, cambian y activan proceso contra el director de Educación de Santa Cruz

Si bien lo anterior es un desafío importante que cualquier candidato cruceño debe enfrentar, no son menores los riesgos que surgen desde la misma región de Santa Cruz. El primero y quizás más importante tiene que ver con la necesidad de generar una propuesta y un discurso que superen lo regional y que generen entusiasmo en el resto del país; esto implica traducir en propuesta política lo que cientos de miles de bolivianos que migraron a Santa Cruz entienden y sienten con claridad. También será un desafío enfrentar las estructuras de poder todavía vigentes en Santa Cruz, que condicionan de manera muy importante el accionar de los líderes locales. Y desbancar definitivamente de la identidad cruceña las posturas excluyentes de corte racista y separatista que persisten entre algunos grupos y que de alguna manera explican la infertilidad de los liderazgos cruceños a nivel nacional.

Con todo, la posibilidad que un cruceño (mucho más una cruceña) sea presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es un desafío no solo para los actores políticos del departamento oriental, sino para la democracia boliviana en general. Si la democracia es incertidumbre institucionalizada, como plantea Adam Przeworski, las elecciones de 2025 deberían poder generar un resultado posible pero imprevisto sin causar el derrumbe de la institucionalidad que lo permita. Es evidente que esto requiere de niveles altos de confianza y legitimidad de las instituciones democráticas, los que a su vez dependen de su funcionamiento transparente y efectivo. También necesita actores políticos leales al proceso democrático (buenos ganadores y buenos perdedores), principalmente a nivel de las élites políticas y los liderazgos intermedios. No todos estos elementos están garantizados. Lo que sí es evidente es que la proyección a nivel nacional de un candidato cruceño será una prueba de fuego para la democracia boliviana.

(*)Daniel E. Moreno es sociólogo y politólogo

El punto sobre la i

La presencia de la mujer boliviana en la política ha sido relevante desde siempre. Queda la memoria de Bartolina Sisa, luchando junto a su esposo Julián Apaza, Tupac Katari, durante la colonia. Juana Azurduy, liderando combates en las lides independentistas. Adela Zamudio, poeta y adelantada feminista, en cuyo honor se celebra el Día de la Mujer en Bolivia. Ignacia Zeballos, la Tabaco, enfermera y heroína por virtud propia en la Guerra del Chaco. María Barzola, mártir del sindicalismo minero. Lidia Gueiler, la primera presidenta del país. La lista es interminable.

Hoy en día, la organización de mujeres Bartolina Sisa encarna, en buena medida, el largo periplo de las reivindicaciones y luchas de las mujeres que buscan participar en la política y decidir ellas cómo es el país. Piedra sobre piedra, vida tras vida, esta es una construcción que fue, es y seguirá siendo.

Mucho hubo de avances, sin ninguna duda, en cuanto al rol y la participación de las mujeres en la política nacional. No todo son buenas noticias, porque también se observan algunos retrocesos. Conversamos sobre estos temas con la socióloga cochabambina María Teresa Zegada y con la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesantez.

“Cuando uno mira el contexto internacional vemos que hemos andado un tanto de la mano con los países de la región. La primera conquista de la participación de las mujeres en las elecciones data de 1945. A veces pensamos que fue con el voto universal, luego de la Revolución de 1952, pero se logró antes, en una convención. Sólo podían participar las mujeres en elecciones municipales, esa fue la limitación. Con todo, a partir de eso ya tenemos algunas mujeres en la política. A nivel legislativo, eso se da después de 1952. Después viene todo este proceso donde, a nivel normativo, hemos dado saltos muy importantes”, dice Zegada.

En relación al último punto mencionado por la socióloga, la representante de ONU Mujeres en el país destaca que “Bolivia tiene algunos elementos bien importantes que han marcado el rumbo para el resto de América Latina. Por ejemplo, la Ley 243, aprobada en 2012, fue la primera ley para erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres. Después de esta ley, años después, el resto de países fueron asumiendo un marco jurídico muy similar. Algunos países hicieron también normas y otros países incluyeron el tema en sus códigos de la democracia o en sus códigos de erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero, quien marcó la ruta fue Bolivia y fueron las mujeres bolivianas”.

Pesantez afirma que “hay un agradecimiento de la región y del mundo para América Latina, para Bolivia y para el movimiento de mujeres de Bolivia que fue quien puso el tema en mesa y que después del Estado lo tomó. Eso permitió, por otro lado, el mandato de la paridad y de la interculturalidad en la democracia, que está en la Constitución Política del Estado”.

Ahora bien, ¿hasta qué punto lo normativo se llega a moldear la realidad concreta? Sí, se tiene una importante participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa plurinacional. Zegada señala que “a nivel de candidaturas en los legislativos departamentales casi el 50% son mujeres, a nivel de consejos municipales también, aunque han accedido un menos. Se diría que a nivel legislativo nacional y subnacional, hemos logrado el objetivo. Donde se pone complicado el asunto, quizás sea más la realidad, porque no hay la obligatoriedad de una ley, es a nivel de los cargos ejecutivos. Por ejemplo, para ser gobernador o gobernadora, el año 2021, apenas el 8% de las candidaturas fueron mujeres. Ninguna ha llegó al cargo. En las alcaldías, solo un 14% de los candidatos a ejecutivos han sido mujeres y las que han llegado son aún menos. Entonces, ahí se revela en buena medida el lugar donde está la mujer todavía en términos de apoyo electoral y también de selección, o sea, de cómo no las priorizan para llevarlas en las candidaturas, sino en fórmulas, a veces combinadas, acompañando un varón”.

Quizás es bastante decidor el hecho de que necesitemos leyes para obligarnos, como sociedad, a garantizar el lugar equitativo que es propio para las mujeres. Más aún, quizás las leyes no sean por sí suficientes. “Hay problemas muy serios en el momento del ejercicio, de la función. Justo por eso se aprobó esta famosa ley contra el acoso político que, de alguna manera, ha intentado resolver este tema.

Tenemos la ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, y la 348, que es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia. Ambas amparan a la mujer en el ejercicio, pero hay muchos estudios que muestran que las concejalas, por ejemplo, sobre todo del área rural, son objeto permanentemente de discriminación, de rechazo por sus pares varones”, explica Zegada.

“Todavía hay mucho camino por andar. No se trata solamente de tener la ley, sino ver qué está pasando detrás de su aplicación”, añade.

Por su parte, Pesantez considera que “si fuera sólo el Senado, Bolivia se lleva la medalla de oro porque tiene 20 mujeres y 16 varones, pero en el resto no pasa eso. No pasa lo mismo con los cargos de elección que son unipersonales. Ahí sí Bolivia ya tiene una caída muy grande. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, Bolivia es el país número 24 de 29 países en cuanto a participación de mujeres. Eso da cuenta de que algo está pasando, pero no solamente en alcaldías. Cuando hablamos de los gabinetes, Bolivia también está bastante atrás. Está en el puesto 28 de 39 países iberoamericanos que han reportado su información. Entonces, también tenemos 27 países que tienen muchas más mujeres en sus gabinetes”.

La titular de ONU Mujeres prosigue indicando que “hay dos elementos que son claves para garantizar los derechos políticos de las mujeres y para que estos además tengan un impacto en la sociedad. El primero es el número. Necesitamos que haya más mujeres, porque mientras más mujeres existan, hay más posibilidades de generar una masa crítica. Y ahí viene toda la discusión de qué mujeres deben llegar. Así como deben llegar las mujeres más probas, deben llegar los hombres más probos. Si una persona sale de la pobreza, eso ayuda a que el entorno salga de la pobreza porque genera movilidad económica. Lo mismo pasa en la política. Si una mujer ejerce su derecho, tenemos para empezar nuevos modelos, nuevas figuras en la política que ayudan a nuestros niños y a nuestras niñas a tener una visión más clara de la vida que está hecha de por lo menos estas dos partes, hombres y mujeres en toda su diversidad. El otro elemento es si esas mujeres que llegan a los espacios de poder, además llegan con una agenda clara de igualdad de género, en el caso de Bolivia, con una idea clara de la despatriarcalización de la sociedad. Entonces impactamos positivamente, porque la toma de decisiones en la política pública, la definición de los presupuestos, las prioridades del gobierno cambiarían también su eje”.

Ahora bien, las más de las veces lo que se idealiza encuentra sus límites al cotejarse con la dureza de las realidades fácticas. La socióloga cochabambina ilustra este punto cuando recuerda que “una vez, en un trabajo que hice sobre organizaciones sociales y la participación de la mujer, ellas nos decían que existe algo así como una triple jornada que deben enfrentar si quieren hacer política. Primero, deben cumplir con las labores domésticas, que eso es inexcusable en su medio cultural. Segundo, tiene que trabajar, porque hay mujeres comerciantes, agricultoras, que están igual en la labor de aportar a la familia. Así, involucrarse en política sería una triple jornada. Si se dedicaran a formarse políticamente o ser dirigentes en alguna organización social o política, es mucha carga, porque no pueden dispensarlas o dispensarse a sí mismas de sus otras obligaciones. Es muy complicado. Además, están sometidas a esta cultura del acoso, de la descalificación, de la instrumentalización de las mujeres, que se hace en las propias organizaciones. Esta idea de que ellas, si están interviniendo en política, deben ser divorciadas o incluso insinuando que son marimacho. Hay un lenguaje muy discriminador, muy complejo, con el que las mujeres todavía tienen que lidiar si es que participan en estos ámbitos”.

Con todo lo vivido a cuestas, cabe preguntarse por los aprendizajes alcanzados y por dónde trascurre la cuestión en las organizaciones. “Las mujeres siempre han estado muy metidas en la lucha social, pero invisibilizadas porque estaban junto con los varones en las luchas mineras, campesinas y otras. Ellas estaban a la par que los hombres en la brega, como María Barzola y otras que han dado su vida también, pero nunca han tenido un espacio. Entonces surgen las Bartolinas. Ellas decían que formaron su organización porque si están en la de varones no son escuchadas. Siempre somos, decían ellas, portaestandartes u ocupamos las secretarías más domésticas, casi tenemos que cocinar para ellos. Así, crean sus organizaciones de mujeres para darse un lugar. Y eso ha funcionado, porque de pronto, como organización, las Bartolinas están al frente, buscando y encontrando su propio espacio, generando sus propias demandas, etcétera. Hay algo muy parecido en el caso del oriente, donde, por ejemplo, está la Confederación de Pueblo Indígenas de Bolivia (CIDOB), pero las mujeres han tenido que crear también propia organización, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Sentían que, dentro de la CIDOB, si bien aportaban, estaban ahí, pero no tenían una propia voz, ni podían ser escuchadas. Desde su propia organización es que han logrado, de alguna manera, hacerse de espacios, En el ámbito urbano se repite. Por ejemplo, con las mujeres constructoras, es un escenario increíble. Son mujeres muy valientes, que se desempeñ a n como albañiles. Ellas decían, cuando teníamos organización de trabajadores constructores, siempre éramos como invisibilizadas por los hombres y además replegadas a muchos trabajos que no estábamos a la par. Fue cuando crearon su sindicato de trabajadoras de la construcción que lograron apoyo de ONG’s, cursos de formación y muchas cosas que no lograban desde la otra organización”.

También puede leer: La electoralización anticipada sacude la política nacional

Al levantar la mirada hacia el horizonte, es razonable preguntarse qué viene después de las leyes, de las formas actuales de las organizaciones de mujeres. Cómo sigue el camino por delante. Pesantez señala que entre los desafíos pendientes hacia 2050 “lo más fuerte es generar cambios en el corazón del patriarcado. Estos se expresan en dos elementos básicos. Uno, el tiempo de las mujeres. Las mujeres no son dueñas de su tiempo. Las mujeres trabajan fuera de casa, dentro de casa, trabajan en la comunidad. trabajan en el barrio, todo el tiempo están haciendo cosas para que sus hijos, sus hijas, su esposo, su padre, su madre, su suegra, estén bien. Cuidan a los enfermos, cuidan a las personas, a los adultos mayores, en fin. Todo esto hace que las mujeres tengan menos posibilidades de formarse, especializarse, aceptar cargos de promoción. Muchas mujeres prefieren no aceptar promoción en sus puestos de trabajo porque esa promoción implica más horas de trabajo dentro de las oficinas, sean estas públicas o privadas, y las mujeres no pueden darse ese lujo, entre comillas, porque tienen toda una responsabilidad en casa que no ha sido compartida, no ha sido dividida, redistribuida dentro de las personas que forman el hogar”.

El segundo reto que observa la representante de ONU Mujeres “tiene que ver con él la subordinación del cuerpo de las mujeres. Ahí está la violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, todos los tipos de violencia. Es decir, el poder sobre el cuerpo de las mujeres, la imposibilidad de que las mujeres puedan decidir el número de hijos que quisieran tener, la imposibilidad de que las mujeres tengan acceso a salud, a salud especializada para las mujeres, porque evidentemente mujeres y hombres somos diferentes, pero esa diferencia no puede ser pretexto para la desigualdad en el acceso y el ejercicio de derechos”.

“El tiempo de las mujeres debe ser un tiempo que se redistribuya para que las ellas tengan posibilidades de mejora y así mejorar su entorno; y el cuerpo de las mujeres, para que estén sanas y puedan decidir sobre su cuerpo, su vida”, concluye Pesantez.

 (*)Pablo Deheza es editor de Animal Político