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miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 11:28

La nueva normalidad laboral

/ 21 de septiembre de 2021 / 01:39

El INE publica cada mes estadísticas laborales en base a una encuesta nacional urbano-rural que cumple con todos los estándares internacionales. A julio se observa una notoria reducción del desempleo: desde su pico más alto de 11,6% en junio de 2020 a 6,4% en julio de 2021. Conocer las estadísticas de desempleo probablemente no te mantendrá fuera del desempleo, pero al menos entenderás por qué. Analicemos este guarismo laboral con mayor profundidad.

Es importante analizar el indicador de desempleo porque es un fiel reflejo de la actividad económica cuyo cómputo es más complejo en tiempos de pandemia. El vínculo del empleo con el sector real se debe a que cuando una persona pierde su trabajo deja de producir, reduciendo la capacidad productiva de toda la economía.

La tasa de desempleo es un indicador agregado que reúne diversas causas por las que los trabajadores interrumpen su actividad laboral. Por ejemplo, una parte del desempleo se debe al tiempo que demoran las personas en encontrar uno nuevo y la dificultad de las empresas en cubrir sus puestos vacantes. Este tipo de desempleo se conoce como “friccional” porque está en transición a ser absorbido y se lo considera de corto plazo, por lo que prescindiré de su análisis.

El desempleo también se crea cuando una economía entra en recesión y se lo denomina “cíclico” porque una vez superada la fase negativa, disminuye porque las personas recuperan su mismo puesto de trabajo. La tasa de crecimiento de la economía en 2020 fue negativa. La economía boliviana no atravesaba una recesión desde los años 80. La recesión redujo la demanda de bienes finales y obligó a las empresas a despedir trabajadores. Algunos de los sectores más golpeados en 2020 por la pandemia y las medidas de confinamiento fueron el comercio, el transporte y los servicios. Es natural que en 2021 estén entre los de mayor mejoría, aunque con empleos de menor calidad, pero su recuperación no debe ser confundida como un avance de la informalidad porque ya formaban parte de ella.

En 2021 el consumo doméstico se reactivó. Las empresas produjeron más y volvieron a recontratar a su personal cesante. Este comportamiento se reflejó principalmente en la construcción y la industria. En esta última se terciarizó y subcontrató personal. Pese a todo, el empleo formal creció 28%. La recuperación económica también vino del brazo de los hidrocarburos y la minería, destaca esta última por su incidencia en la demanda de trabajo que fue notoriamente alta.

Ahora bien, es posible que no todas las personas recuperen su fuente laboral una vez superada la fase recesiva, allí se produce un desempleo “estructural”. Durante la etapa de cuarentena, algunos empleados perdieron su fuente de ingresos y no volvieron a su puesto original luego de la reapertura económica, como fueron los rubros de turismo, algunos servicios de recreación y cultura, hotelería y restaurantes. Para evitar que el desempleo cíclico se convierta en uno estructural, se requiere que los dueños de los establecimientos afectados se contagien de un espíritu innovador y apoyados con las facilidades financieras del Gobierno, reinventen sus modelos de negocios.

El lado de la oferta de trabajo también se merece algunas consideraciones. El camino de regreso a la fuerza laboral para madres que no tienen con quién dejar a sus hijos puede ser más pedregoso. Es de esperar una gradual normalidad de la participación laboral femenina a medida que los centros educativos retornen a las modalidades presenciales o semipresenciales. La flexibilidad de horarios también forma parte de las nuevas preferencias de los trabajadores que, conscientes de las bondades del teletrabajo, prefieren esperar por puestos más cómodos desde el confort de su hogar. El miedo al contagio también es una fuente de inactividad laboral, que se irá reduciendo conforme avance la vacunación.

En síntesis, la evolución del mercado de trabajo muestra claras señales de recuperación económica que son plenamente consistentes con las estadísticas del IGAE por sector económico. Además del mercado laboral, existen otros indicadores microeconómicos que advierten dicha tendencia. Poner en duda las estadísticas económicas sin argumentos válidos y mellando la integridad técnica de quienes solo se dedican a compilarlas es aventurero y dice poco de la integridad del análisis económico que realizan. En Argentina, un conocido opinador económico ganó mucha fama valiéndose de anuncios de este tipo y hoy es candidato presidencial. En Bolivia parece tener sus imitadores.

Omar Velasco Portillo es economista.

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Pensar a largo plazo

Previsión: invertir abundantemente hoy en educación, conlleva reducir la desigualdad del ingreso en el futuro.

/ 17 de octubre de 2021 / 18:47

DIBUJO LIBRE

Hace poco más de un año, Emmanuel Macron encargó a una comisión de 26 expertos la elaboración de una estrategia de desarrollo para el país galo. Este grupo estuvo encabezado por los franceses Olivier Blanchad, exconsejero y director de estudios en el FMI, y Jean Tirole, premio Nobel en Economía de 2014, y otras figuras internacionales de renombre como Paul Krugman y Peter Diamond, ambos premios Nobel de Economía de 2008 y 2010, Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro norteamericano, y otros académicos influyentes como Philippe Aghion y Dani Rodrik.

La comisión elaboró un documento que pasó a denominase Informe Blanchad-Tirole. El informe identificó tres grandes desafíos económicos, para Francia y sin duda para muchos otros países, relacionados con el cambio climático, las desigualdades socioeconómicas y la transición demográfica. En esta columna voy a exponer algunas de sus principales conclusiones.

Francia se ha fijado como meta adoptar una posición neutral frente a la emisión de carbono hasta el año 2050, para lo cual Tirole recomienda adoptar un impuesto elevado a las emisiones de carbono a nivel europeo. El informe también ha fijado como meta acortar las desigualdades sociales. Según Blanchard, existe tres maneras de reducirlas antes, durante y después del proceso productivo: 1) igualando las oportunidades, sobre todo en el acceso parejo a una educación de calidad, 2) cambiando el proceso de producción que origina estas desigualdades por medio de políticas activas de innovación en el mercado del trabajo, y 3) reparando el daño en la distribución de los ingresos a través de una fiscalidad justa que grave a los más ricos y un régimen de imposición a las herencias y donaciones unificado. Frente al cambio demográfico, han sugerido modernizar el sistema de pensiones y la prevención de enfermedades crónicas. Asimismo, alertan de una encrucijada entre alargar la edad de jubilación o reducir el monto de la pensión.

El informe responsabiliza al cambio tecnológico como parte esencial del problema. La tecnología ha acelerado el consumo de energías fósiles conforme se han diseminado los sistemas de transporte. La inteligencia artificial es una fuente de desigualdad laboral en favor de quienes mejor se han adaptado ella, que por lo general son jóvenes, siendo los trabajadores con edades avanzadas los más reacios y perjudicados. A la par, la tecnología ha alargado la esperanza de vida de la población causando una tensión en el sistema de salud y pensiones.

Paradójicamente, encuentran que la tecnología también puede ser parte de la solución. Gracias al uso de plataformas educativas se podrían desplegar nuevos métodos de enseñanza a distancia y asegurar el acceso a una educación universal de calidad. La automatización y digitalización de los trámites públicos podrían mejorar las tareas de fiscalización y dotar de recursos adicionales al Gobierno para políticas redistributivas. Además, se debe apostar a la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías más amigables con el medio ambiente como una estrategia de crecimiento duradero.

¿Qué podemos aprender los bolivianos de este informe? Si bien el informe Blanchard-Tirole analiza una economía bastante más desarrollada que la nuestra, muchos de los problemas que identifica son comunes, aunque con sus matices. Bolivia, a diferencia de Francia, posee una población joven, pero ello no quiere decir que esté exenta de los efectos del envejecimiento poblacional. Cada año se incorporan a la fuerza laboral más trabajadores a medida que se reduce la población menor de edad, lo que demanda un número creciente de puestos de trabajo, que deberían ser planificados para ser creados en el sector formal donde las ganancias de productividad son mayores. Los desafíos pospandemia en materia de desigualdad social no son muy diferentes a los desafíos prepandemia, pero que a diferencia de los países desarrollados debemos agregarle el reto de erradicar la pobreza. Tampoco debemos esperar a que la problemática ambiental adquiera una mayor conciencia nacional, es oportuno adelantarnos a las futuras políticas climáticas globales.

Es imprescindible invertir hoy en salud preventiva para evitar que a futuro se convierta en una pesada carga presupuestaria en hospitalizaciones costosas. El invertir abundantemente hoy en educación, conlleva reducir la desigualdad del ingreso en el futuro. Las inversiones en investigación y desarrollo son fundamentales para diversificar la economía y romper con el patrón primario exportador dependiente de las tecnologías foráneas.

La planificación medioambiental debe comenzar desde el Estado, porque el sector privado no internaliza los costos de largo plazo, sino solo los beneficios de corto plazo, por lo que no está interesado en invertir en proyectos de energías renovables de baja rentabilidad y elevado riesgo. Los efectos de todas estas inversiones podrían resultar pequeños a corto plazo, pero a largo plazo los beneficios serían enormes.

Por otro lado, el informe Blanchard- Tirole establece un escenario de aquí a 30 años. A cuatro años de cumplirse la Agenda Patriótica 2025, el país habrá logrado avances importantes en la reducción de la pobreza extrema, la universalización de los servicios básicos, de salud y educación, la diversificación productiva, la soberanía alimentaria y el recambio de la matriz energética, aunque los pilares presenten desvíos en algunas metas, causados esencialmente por la pandemia.

Con todo, es ineludible ponerse a pensar en un nuevo horizonte de planificación de más largo aliento, pues la transformación económica y social de la economía boliviana así lo demanda. Tomando como ejemplo la Agenda del Bicentenario que se aprobó en 2015 con una vigencia de 10 años, se debe superar la planificación quinquenal pues la envergadura de las grandes obras públicas generalmente tienden a superar el periodo inicialmente planeado, en algunos casos se pierde tiempo valioso los primeros años en busca de financiamiento, en los procesos de licitaciones o en los ajustes a los cronogramas de ejecución, sin olvidar que en el caso de los proyectos productivos se requieren, a su conclusión, un periodo adicional para su arranque y estabilización.

También es imprescindible construir una visión social de largo plazo que cambie la mentalidad de todos los actores públicos sean éstos autoridades, asambleístas, contratistas y beneficiarios. Se tiene que abandonar la consigna de que solo las generaciones presentes votan, que los retornos políticos tienen que cosecharse en tiempos de campaña, que el gasto público solo es eficiente cuando la autoridad de turno es quien la ejecuta. Durante la transición democrática vimos mucho de esto. Concebir un país en el futuro es sembrar las bases del desarrollo aun a sabiendas de que podrían ser otros quienes cosechen sus resultados, con una total vocación de desprendimiento y servicio a la patria.

Cierro con una de las frases más recordadas del célebre economista inglés John Maynard Keynes que decía que “en el largo plazo todos estaremos muertos”. Yo adaptaría este guion para señalar que, en el largo plazo, solo las sociedades visionarias verán perdurar a sus descendientes.

 (*)Omar Velasco P. es economista

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Un encuentro con Joseph Stiglitz

/ 6 de octubre de 2021 / 00:58

Apropósito de la visita del presidente Luis Arce a los Estados Unidos hace unas semanas, donde se reunió con diferentes personalidades, entre ellas Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, desempolvé del baúl de los recuerdos una foto de mis años mozos como universitario en los que tuve el privilegio de conocerlo en persona, que subí a redes sociales.

El evento se desarrolló el 18 de mayo de 2006 en el paraninfo universitario del Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés. Por aquellos raudos tiempos, formaba parte del Centro de Estudiantes de Economía junto a un gran equipo de amigos que hoy son colegas y que esta publicación en redes me dio una oportunidad inmejorable para saludarlos, algunos de ellos incluso después de una década.

El encuentro con Stiglitz fue un evento organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas en coordinación con la carrera de Economía de la UMSA, que tenía por objeto conocer la percepción del Nobel sobre la economía boliviana y aprovechar para homenajear a nuestro célebre invitado. No podría ser de otra manera, era la primera vez que un Nobel en economía pisaba nuestra casa de estudios superiores y había gran efervescencia. Me tocó hacerle entrega de un charango como recuerdo de nuestra cultura.

Stiglitz accedió a la invitación de las autoridades bolivianas, a pesar de ser una economía pequeña y poco conocida en la arena internacional, porque planteaba una propuesta de modelo económico original y diferente a las clásicas políticas neoliberales que se aplicaban en el resto de países vecinos. Stiglitz apoyó la nacionalización de los hidrocarburos y coincidió con la necesidad de diseñar políticas redistributivas para reducir la pobreza y la desigualdad. A sus entonces 63 años, mostraba una posición crítica al capitalismo globalizante y al rol que las instituciones financieras internacionales habían jugado para acentuar las desigualdades sociales, limitando las posibilidades de desarrollo de los países menos avanzados. Su posición está plasmada en sus libros El malestar en la globalización, Los felices 90: la semilla de la destrucción, Cómo hacer que funcione la globalización.

Su visión con los años no ha cambiado. Durante la crisis financiera internacional recomendó a los países no reducir el déficit fiscal y llamó a una reforma del sistema financiero. En años recientes, recomendó subir los impuestos a las rentas altas, basado en un estudio que realizó para la economía de EEUU en el que encuentra que la participación de los salarios en la renta nacional ha declinado mientras que la remuneración del capital se ha incrementado de manera desproporcional, siendo una fuente importante de desigualdades. A principios de la crisis sanitaria recomendó que se suspenda el pago de la deuda a los países emergentes y en desarrollo porque entendió que tienen menos opciones financieras para enfrentar la pandemia.

Después de 15 años de su visita a Bolivia, el encuentro con el presidente Arce podría no ser tan casual. Stiglitz comparte con Arce la necesidad de una mayor participación del Estado para superar algunos de los problemas globales más importantes como la desigualdad y el subdesarrollo. Stiglitz probablemente haya estado interesado en conocer cómo un país como Bolivia ha alcanzado logros importantes en tan corto tiempo y seguramente para el Presidente fue gratificante exponer el modelo económico social comunitario productivo a un premio Nobel. Es un aliciente saber que economistas de la talla de Stiglitz estén atentos al desempeño de la economía nacional y la puedan incluso analizar como caso de estudio exitoso. La reunión se mostró bastante fructífera ante los medios y redes sociales. Puede ser que ésta traiga al país muchas más luces sobre cómo superar la crisis económica producida por la pandemia, pero eso solo lo sabremos con el transcurrir de los meses.

Omar Velasco Portillo es economista.

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El modelo cruceño

El progreso cruceño comenzó con el apoyo del Estado, pero el excedente económico no se quedó con el Estado.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:34

DIBUJO LIBRE

Desde fines de la década de los 90, Santa Cruz se convirtió en el principal centro económico del país gracias al auge de la agricultura, la ganadería vacuna, la industria de alimentos, los hidrocarburos líquidos y los servicios financieros, lo que, en conjunto, desplazó al viejo modelo minero-occidental. Este pujante progreso situó al departamento en la tercera región con mayor riqueza por habitante y el de menor pobreza, razones por las que sus habitantes tienen mucho que celebrar en su 211 aniversario.

Detrás de estos elogiables resultados surgen algunas preguntas: ¿Cómo se forjó el modelo de crecimiento cruceño? Desde los círculos empresariales más altos del oriente se lo exhibe como un éxito inherente al sector privado, basado en la promoción de las exportaciones no tradicionales. ¿Cuán precisa es esta afirmación? Si es tan exitoso, como aparenta, ¿por qué no fue imitado en otras latitudes del país? Por otro lado, siendo una región económicamente próspera, ¿por qué su influencia en política es menos gravitante? El propósito de esta nota es reflexionar en torno a estos aspectos.

La mayor parte de la independencia, Santa Cruz vivió postergada y condenada al atraso por su lejanía y difícil conectividad con el occidente. El desarrollo de Santa Cruz surgió a partir de las conclusiones de una misión norteamericana en los años 40 del siglo XX, que elaboró un informe conocido como Plan Bohan. Este plan estableció la necesidad de transformar el oriente boliviano mediante el fomento a la producción agropecuaria, el desarrollo de los campos petroleros y la construcción de una red caminera fundamental entre oriente y occidente. En los años 70, la dictatura banzerista propició las mayores inversiones públicas en la región gracias al abundante financiamiento externo. El resto de departamentos no siguió la misma suerte porque la bonanza financiera se agotó luego de la crisis de deuda de los años 80.

El modelo neoliberal también dio un gran impulso al oriente boliviano utilizando el aparato estatal. Se promovió la concentración de tierras en grandes hacendados y contrariamente se prestó poca atención al saneamiento de tierras indígenas. Se otorgó financiamiento bancario subsidiado para algunas familias influyentes en el gobierno. Se aprobó un régimen laboral laxo, que abarataba costos. La apertura de mercados para las nuevas exportaciones fue mérito de los acuerdos de integración regional entre Estados. La subvención a los combustibles líquidos aminoró notoriamente los costos de transporte y que se mantienen en la actualidad.

Estas condiciones óptimas favorecieron el florecimiento de una clase empresarial privada, primero en la agroindustria y luego en la ganadería y la banca. Este sistema propició un sesgo hacia la explotación extensiva que, sin la necesidad de realizar grandes inversiones o la adopción de tecnologías más eficientes, podía obtener retornos aceptables. Dicho esto, no se debe dejar de mencionar algunos esfuerzos privados específicos como en la ganadería, que realizó un cruce selectivo de especies para mejorar la raza, con excelentes resultados y la ardua labor de erradicación de la fiebre aftosa.

Con sus cerca de 2 millones de habitantes, la capital oriental se convirtió desde hace más de una década en la ciudad más poblada de Bolivia. Santa Cruz se nutrió del esfuerzo de muchos bolivianos que migraron a esa región en busca de mejores oportunidades y cuyo suelo y gente los cobijaron gratamente. En los últimos años la construcción experimentó un gran auge de la mano del crecimiento demográfico, que ensanchó la mancha urbana, y del boom inmobiliario que hizo de San Cruz una cuidad cada vez más vertical.

En síntesis, el progreso cruceño comenzó con el apoyo del Estado, con la planificación económica, el financiamiento público, la construcción de infraestructura, las subvenciones y otras concesiones. Empero, el excedente económico no se quedó con el Estado, sino que es apropiado y concentrado para el disfrute de una reducida oligarquía que se beneficia de la inequidad en el acceso a los medios de producción, de las subvenciones estatales y la nueva infraestructura caminera, convirtiéndose éste en un modelo excluyente. Este modelo no proliferó en el occidente y centro del país porque la tenencia de la tierra está menos concentrada y porque las clases dominantes en estas regiones no gozaron de los mismos beneficios iniciales para su despegue.

Para preservar sus privilegios, las élites cruceñas necesitan sostener un eterno discurso que luzca al sector privado como eficiente pero limitado por un Estado que reprime la iniciativa privada a través del cobro de impuestos e incrementos salariales injustificados. También, necesitan tener un rol más activo en las decisiones nacionales. Empero, a pesar de su peso demográfico y económico, Santa Cruz mantiene una baja influencia en el plano político nacional, dominado por alianzas andinovallunas. Esta desproporción la han atribuido a la desigual distribución de escaños, cuando en realidad hay otras razones más profundas.

Las élites cruceñas representadas por sus líderes cívicos se han valido de un discurso regional para influir en el sentimiento ciudadano y producir acciones políticas con bastante efectividad, aunque sea a costa del engaño. La ciudad de Santa cruz ha demostrado tener una gran capacidad de movilización social y de repercusión nacional como ocurrió en el cabildo de 2004, que demandó las autonomías o el paro del 21 de octubre de 2019, que propició un golpe de Estado. Sin embargo, estas demandas no fueron trascendentes por culpa de su clase política. Con el transcurso de los años, el ribete autonomista se deslució al desmontarse como una estrategia política regional ante la baja efectividad de sus acciones competenciales. La lucha pitita también fue traicionada por los propios artífices del golpe, que revelaron sus verdaderas intenciones meses más tarde. En suma, la población resultó engañada.

Los líderes cruceños han apostado por un discurso regionalista y hasta separatista antes que otro de unidad nacional, que les permita construir un proyecto político y económico nacional desde el oriente. La escasa preferencia electoral en occidente por candidatos orientales es la cosecha de años de discursos regionalistas. En la última elección se observa una fragmentación del voto cruceño, en comparación con las mayorías occidentales, cuyas fuerzas políticas regionales son más dominantes.

Santa Cruz está en tránsito a convertirse en una de las ciudades más modernas de Latinoamérica para 2050, pero existen grandes desafíos para sus élites y líderes locales. Deben abandonar el discurso privado autosuficiente y que enarbola el modelo neoliberal como exitoso y buscar mayores canales de complementariedad con el sector público. El pueblo cruceño merece tener mayor gravitación en las decisiones de nacionales, pero para ello sus líderes deben superar su mentalidad cunumí (pequeña) que los ata a su región.

(*)Omar Velasco es economista

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Las asignaciones del FMI

/ 2 de septiembre de 2021 / 01:37

En días recientes, el Gobierno aseguró haber recibido $us 326 millones provenientes de una asignación otorgada por el FMI en su calidad de país signatario. El anuncio desató una gran polémica por el origen de los recursos, puesto que seis meses atrás había devuelto un monto similar contratado durante el gobierno de Jeanine Áñez, bajo el rotulo de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). En realidad, más allá que los mismos se efectuaron en la misma unidad de cuenta conocida como DEG con la que el FMI valoriza sus operaciones de préstamo y la suscripción de capital de sus miembros, ambas fuentes son financiera, económica y procedimentalmente distintas.

La distribución de DEG (Derechos Especiales de Giro) fue ante todo una operación financiera- contable que, por el lado del activo, su tenencia mejoró el nivel de las RIN y por el lado del pasivo, acrecentó la cuenta de asignaciones, de forma que ni la Posición de Inversión Internacional del país ni el resultado del balance del BCB debieron verse alterados. Asimismo, tanto las tenencias como las asignaciones del DEG devengan intereses, en el primer caso el país los recibe y en el segundo los paga, por lo que el efecto financiero neto de la última distribución fue nulo, es decir, su distribución fue gratuita.

El poseedor de los DEG tiene el derecho potencial a convertirlos en divisas de otro país miembro como dólares, empero, si la tenencia es menor a la asignación recibida podría generar un costo financiero, dado por la diferencia entre ambas posiciones, aunque no ha sido la práctica más usual en anteriores distribuciones. El país también podría optar por otras operaciones a término, canje de deuda o acuerdos de permuta.

Según las normas básicas del sistema de crédito público, una operación de crédito público consiste en una transacción con acreedores internos o externos basada en contratos de derecho público, sujeta a su repago. La distribución de DEG no tiene la obligación de reembolso o reconstitución de estos activos, que sí la hay en el IFR que estableció un cronograma de vencimientos y acarreó un pagaré, por lo que ameritaba la aprobación de la Asamblea. El rechazo a la ayuda financiera del FMI en 2020 no fue al organismo como tal, sino ante el incumplimiento de los requisitos para la contratación de deuda externa.

El proceso de aprobación también fue diferente. Para la distribución de DEG, la junta de gobernadores aprobó su otorgación y el país solo dio su anuencia. En contraste, con el IFR el gobierno gestionó su aprobación ante el directorio del FMI, a través de una carta de intenciones en la cual comprometió realizar ajustes macroeconómicos, de ser necesarios, para garantizar su reembolso. El hecho de soslayar esta sutil diferencia tiene una gran implicancia, porque la asignación de DEG a diferencia del IFR no condicionó el curso de las políticas.

Ambos financiamientos también persiguen finalidades distintas. Con el IFR se buscó dotar de liquidez al TGN para financiar los gastos de la pandemia; en cambio, la asignación de DEG tiene como fin fortalecer las RIN y su uso es solo de carácter precautorio para atender necesidades de liquidez, es por ello que son mantenidas en cuentas del BCB y no del TGN, como ocurrió con el IFR.

El propio FMI reconoce sus diferencias. El IFR es una nueva línea de crédito para países de bajos ingresos que enfrenten una urgente necesidad de balanza de pagos como la pandemia. En cambio, las asignaciones se consideran como la creación de activos de reserva internacional que se distribuyen a los países miembros en proporción a su cuota relativa. Es un financiamiento excepcional frente a una necesidad global de inyectar liquidez a gran escala, como se hizo en 2009, y su alcance es mayor al beneficiar a todos sus miembros en comparación al IFR, que es específico a cada país.

También hay una falsa polémica sobre el actuar del Gobierno actual, según la cual con una mano acusa y con la otra pide prestado. En realidad, no fue el Gobierno sino es el FMI el que ha moderado su posición ortodoxa. El Gobierno boliviano ha mantenido la misma línea discursiva de no condicionamientos con ningún organismo internacional. Eso no ha cambiado. Pero más allá de la interpretación al actuar del Gobierno o del Fondo, el éxito de una gestión reside en no dejarse llevar por fundamentalismos ideológicos sino más bien por pragmatismos políticos, más aún en tiempos de crisis. La aquiescencia a las asignaciones muestra que hay maneras más baratas para traer recursos externos al país.

Omar Velasco Portillo es economista.

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La tan esperada devolución de aportes

/ 19 de agosto de 2021 / 01:32

Hace cerca de un año se anunció, dentro de las promesas de campaña, una posible devolución de los aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esta iniciativa busca que los asegurados que están desempleados puedan acceder de manera parcial o total a la devolución de sus aportes para así cubrir sus necesidades resultantes de la pandemia. En este artículo comparto mis impresiones al proyecto de Ley 078.

La posibilidad de retirar voluntariamente una parte de los aportes a la jubilación debe ser comprendida por la población como una decisión ante todo intertemporal y no de carácter coyuntural, motivada por la falta transitoria de ingresos.

Si a usted le propusieran entregarle Bs 1 el día hoy o recibir el doble dentro de 20 años, ¿qué elección realizaría? El sentido común probablemente le incline a tomarlos hoy, finalmente el mundo es incierto y uno no sabe lo que puede pasar mañana. Desde el análisis económico la respuesta es un poco más compleja, pues tiene que confrontarse el hecho de que el valor del dinero cambia en el tiempo y el carácter subjetivo que le otorgan los individuos al consumo a la hora de valorarlo en el tiempo. Por un lado, recibir el dinero hoy vale más porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Por otro lado, los consumidores podrían valorar más el consumo actual que el futuro, lo que reflejaría un cierto grado de impaciencia, pero también es posible que haya consumidores pacientes que no gasten toda su renta para ahorrarla y consumirla en periodos futuros.

Lo más probable es que los trabajadores más jóvenes sean los primeros en retirar sus aportes dado que la tasa de impaciencia es mayor que la de los adultos cercanos a la edad de jubilación; sin embargo, los jóvenes deben tener menores saldos acumulados, lo cual generaría una especie de compensación en términos financieros.

Ahora bien, las familias tienen derecho a reactivar su economía a partir del uso de estos recursos, empero, se debe tomar en cuenta que, a pesar de que cada afiliado es propietario de sus fondos, éstos tienen como finalidad esencial otorgar una pensión de jubilación. La posibilidad de retirar tempranamente una parte de sus ahorros podría comprometer el cálculo final del monto de su jubilación. Para no caer en la miopía del consumidor impaciente, es imprescindible que quienes retiren esos recursos hagan un uso óptimo y sean conscientes de que deberán reponerlos en el futuro o en su defecto volver a cotizar pronto.

Según los datos del Gobierno, esta medida inyectará a la economía cerca de Bs 4.000 millones, que representa aproximadamente 1,4% del PIB y 4,3% del fondo global, y podrá alcanzar hasta el 60% de asegurados, de los cuales solo el 4% tiene cuentas mayores a Bs 100.000, lo que quiere decir que las devoluciones estarán bien focalizadas, al concentrarse en la población de menores aportes.

La norma no implica una descapitalización del fondo como confusamente se ha interpretado. Imagine que usted habría trabajado los últimos 10 años recibiendo un sueldo fijo de Bs 7.000 (omitiendo los incrementos salariales). Tendría en su cuenta individual un monto acumulado de Bs 84.000 más la rentabilidad que le paga la AFP, que para dicho periodo estuvo en 4% promedio, así el monto acumulado en su cuenta ascendería a Bs 103.104. Según el proyecto de ley, usted podría solicitar hasta Bs 15.000. Este somero cálculo muestra que la norma devolverá los intereses mas no el capital. La devolución total para saldos menores a Bs 10.000 podría estar motivada también por una estrategia de optimización de costos administrativos al finiquitar las cuentas menores.

Tampoco se debilita al sistema financiero porque la principal fuente de financiamiento serán recursos frescos y disponibles que no están en la banca. Pero, dado que las inversiones de las AFP son una fuente de recursos de los bancos, se podría pensar en exonerar el encaje legal de las operaciones financieras con las AFP considerando el horizonte de plazos en el que operan; ello ayudaría a aumentar la liquidez del sistema financiero.

Finalmente, si bien el financiamiento para devoluciones no compromete la actual rentabilidad del fondo, tampoco la mejora. Considerando los bajos rendimientos de los últimos años y las menores disponibilidades a corto plazo para inversiones más rentables, se debiera flexibilizar los criterios y límites a las inversiones nacionales e incentivar el diseño de instrumentos financieros alternativos en el sector público y privado que compiten por esos fondos.

Omar Velasco Portillo es economista.

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