Hace poco más de un mes sorprendió la reunión entre el presidente Luis Arce y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). En aquella oportunidad se habló de establecer una agenda abierta de trabajo conjunto para identificar temas de interés común y que sea el espacio para la elaboración de propuestas concretas a problemas comunes. Hay varios temas que unen al sector privado con el público que es bueno de analizarlos.

A muy corto plazo se requiere atender temas que den seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. En abril se conoció de cobros irregulares por algunos pobladores de Colchani a hoteles en el Salar de Uyuni. La cámara hotelera calificó este hecho de ilegal. La Fiscalía rápidamente abrió procesos a los lugareños. Otro tema de preocupación para el empresariado es el constante avasallamiento a predios agrícolas privados como en la zona de Las Londras, donde hubo enfrentamientos hace un mes. El sector privado demandó el respeto a la propiedad privada y que el Estado la garantice. Días después, la Policía y la Fiscalía intervinieron nuevamente.

Otra tarea de corto plazo es la lucha contra el contrabando, para lo cual la Aduana Nacional está coordinando con la Cámara Nacional de Industrias en su fortalecimiento. Asimismo, ante el cierre de fronteras prolongado en el Perú, se trabaja en una reglamentación de tránsito aduanero para acortar los tiempos de tramitación para las importaciones y exportaciones bolivianas. Existe también planillas adeudadas del sector público en todos sus niveles con el sector de la construcción revelados por la Cámara de la Construcción, que desde el nivel central se estaría destrabando con los fideicomisos a la inversión pública subnacional y otras fuentes de recursos.

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La reactivación económica es también una necesidad pública y privada emergente. Por un lado, eleva los ingresos fiscales y por otro, las utilidades privadas. Si el sector público continúa invirtiendo favorecerá al ensanchamiento del mercado interno, cuyo efecto se verá reflejado en las ventas y ganancias de las empresas privadas. Si las compañías exportan y producen contribuirán a la provisión de dólares a la economía y la estabilidad laboral.

Sin duda, una cuestión que preocupa al sector privado es la estabilidad cambiaria y del sistema financiero. En respuesta, el Gobierno ha garantizado que mantendrá el tipo de cambio. La aprobación de la “ley del oro” busca dotar de mayor liquidez a la economía y fue respaldada por el sector empresarial. Al sistema financiero se le ha dotado de una mayor liquidez desde el BCB para atender sus obligaciones de corto plazo.

En el mediano plazo, la participación del sector empresarial en la política de sustitución de importaciones seguramente es otra ventana de oportunidades para reforzar la alianza público privada. El sector privado desea ser partícipe de la cadena de valor de la industrialización liderada por el Gobierno. Hace días, YPFB anunció que incrementará las compras de etanol al sector cañero, de 135,9 millones a 200 millones de litros, lo que permitirá un ahorro en la subvención a los hidrocarburos y mayores utilidades para el sector cañero. El sector privado también tiene un amplio potencial para suministrar insumos vegetales para la planta de biodiésel que se inaugurará a fines de año.

Estas señales recogidas parecieran señalar que los sectores público y privado han comenzado una nueva etapa en sus relaciones económicas. ¿Podría esta nueva ruta ser suficiente para superar sus antagónicas diferencias ideológicas?

La relación viene de ser tensionada por algunos grupos empresariales más conservadores que han cuestionado la efectividad del modelo económico que implementa el Gobierno, y han recibido contraofensivas. Por otro lado, no todos son acuerdos, también existen desencuentros. El Gobierno incrementó el salario mínimo en 5% sin la aquiescencia del sector privado, que propuso no incrementarlo. El Gobierno también encontró resistencia con el sector privado agrícola por la mayor fiscalización a la venta de combustibles al sector productivo.

El fortalecimiento del relacionamiento público-privado requerirá una mayor coordinación entre sus actores de manera sincera y abierta. Los límites a las exportaciones, la posesión de las divisas, los incentivos tributarios, la regulación medioambiental, la industrialización, serán, entre otros, los nuevos retos de la agenda público privada.

(*) Omar Velasco Portillo es economista

Hay un falso debate que trata de instaurarse en la sociedad boliviana sobre si los trabajadores deberían decidir si aportar y recibir su jubilación de una entidad pública o privada. Esta aparente discusión ya fue resuelta hace más de 10 años cuando se aprobó la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) que establece de forma textual que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados” (artículo 45).

La creación de una Gestora Pública en sustitución de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) forma parte de las reformas institucionales que se diseñaron con la refundación del Estado Plurinacional en reemplazo del Estado republicano. Como mandato, es función del nuevo Estado garantizar la seguridad, protección e igual dignidad de las personas (artículo 9). Esta tarea exige, entre otras cosas, que el sistema de protección social deba ser conducido por el Estado, que debe velar por una jubilación digna, una renta mínima y un acceso universal al sistema en condiciones de igualdad. Además, está inscrito que es una competencia exclusiva del nivel central que no puede ser eludida ni transferida (artículo 298).

La inclusión de estos preceptos en el seno mismo de la Constitución, aprobados por la Asamblea Constituyente, supone, por un lado, que el debate sobre ¿si el Estado debería administrar el sistema de pensiones o no?, ya fue resuelto. Por otro lado, el referéndum aprobatorio de la CPE, de enero de 2009, da por sentado que esta decisión goza de un respaldo mayoritario de la población. Que actualmente haya algunos sectores movilizados en su rechazo, no quiere decir que representen a todos los bolivianos.

Asimismo, el rechazo al funcionamiento de la Gestora resulta incoherente y extemporánea, siendo que esta lleva más de cuatro años y medio desde su arranque. Como parte de la administración del sistema no contributivo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), realiza el pago normal y continuo de la Renta Dignidad desde octubre de 2018. En septiembre de 2021, comenzó a afiliar a los nuevos aportantes, que ya suman más de 30.000. El DS 4585 fijó para mayo de 2023 el traspaso total de los sistemas Semi Contributivo y Contributivo establecidos en la Ley 065. Si bien ninguna norma está escrita en piedra y los plazos pueden ser revisables, su negativa conllevaría el incumplimiento a un mandato constitucional.

También se busca generar un clima de desconfianza en la población, al hacerse ver al Estado como un mal administrador de los recursos. Se argumenta que el Estado central mal utilizó los recursos del gas, que se dilapidó las reservas y se creó empresas deficitarias. Estos argumentos son falsos. La mayor parte de la renta petrolera se distribuyó a los gobiernos subnacionales y los fondos que creó la Ley 3058. La disminución de reservas internacionales tiene como origen los déficits comerciales en el sector privado, no en el público. En cuanto a las empresas públicas, en 2021 y 2022 la Gestora reportó utilidades de Bs 7,8 millones y Bs 17,9 millones. Una marcada diferencia del actual sistema de pensiones es que las utilidades que generan las AFP son llevadas afuera. Entre 1997 y 2022 se repatriaron $us 224 millones. En cambio, las utilidades de la Gestora, al ser una empresa pública, contribuyen a la política social mejorando las rentas más bajas del sistema a través de sus aportes al fondo solidario y al fondo de la Renta Universal de Vejez.

También se ha argumentado que el Estado pretende confiscar el dinero de los trabajadores para financiar los déficits del sector público. Actualmente, las AFP invirtieron 30% del fondo de pensiones que maneja $us 23.900 millones, sin que los críticos al financiamiento fiscal lo hayan advertido o refutado. La razón se debe a que los títulos públicos pagan tasas de interés más altas que el sistema financiero u otras alternativas de inversión internas y externas. Con el cambio de administración no se obliga a la Gestora a invertir en papeles públicos como sí ocurrió a principios de siglo, cuando las AFP debían comprar bonos del Tesoro hasta $us 180 millones del Fondo de Capitalización Individual. En realidad, la compra de títulos públicos debe responder a un análisis estrictamente técnico de rentabilidad y riesgo.

En definitiva, más allá de si la administración debería quedar en manos públicas o privadas, lo que realmente importa es que quien administre ofrezca un servicio de calidad y una pensión adecuada.

Omar Velasco Portillo es economista.

DIBUJO LIBRE

La subvención es una ayuda estatal que otorga el gobierno a las empresas para reducir sus costos de producción o para beneficiar a los consumidores en su acceso. La subvención a los hidrocarburos en Bolivia data de hace casi 20 años cuando se congeló el precio del petróleo a 27,1 dólares por barril. Empero, su gasto se ha convertido en una pesada carga que solo en la gestión 2022 representó cerca de 4% del PIB; es decir, cerca de la mitad del déficit fiscal.

¿Es la subvención insostenible? ¿Se debería eliminar la subvención? ¿Qué otros modos pueden permitirse la economía boliviana para garantizar su continuidad? La necesidad de aplicar una subvención a los precios de los carburantes en el país tiene una justificación estratégica y otra social. Habida cuenta que más de 60% de las importaciones de diésel se destina al sector exportador de la agroindustria, su eliminación inmediata podría encarecer los costos de exportación de manera elevada, ocasionando que nuestras ventas al exterior sean menos competitivas en relación a otros países con acceso a infraestructura portuaria. Por tanto, en nuestra condición de país mediterráneo, se hace estratégico mantener lo más barato posible los costos asociados al tránsito de mercancías.

Por otro lado, se debe tener presente que su participación (de la subvención) en el presupuesto de los hogares es sensible, especialmente para los más pobres. A partir de la encuesta sobre presupuestos familiares en 2015 y 2016, se advierte que quienes destinaron una porción mayor de su ingreso al gasto en gas licuado de petróleo, gasolina y transporte público son los hogares de menores ingresos (1,5%, 2,3% y 3,9%). Su participación disminuye a medida que aumenta el nivel de ingreso de los hogares. En el decil superior, la población utiliza el 0,2%, 1,6% y 1,4% de su ingreso por iguales conceptos.

Empero, en términos absolutos, son las familias de ingresos altos las que consumen una mayor cantidad de combustibles y por tanto son los que más se benefician de la subvención.

La razón se debe en que pueden pagarlo, mientras que las familias de ingresos más bajos no pueden hacerlo u optan por un consumo más barato. ¿Es este un argumento suficiente para levantar la subvención? Absolutamente no.

Si bien la población boliviana ha incrementado sus ingresos de manera sostenida desde hace más de una década, gracias a la reducción de la pobreza, y hoy una fracción podría estar en condiciones de pagar un precio más alto por los hidrocarburos, más de dos tercios de la población no lo está, y su eliminación produciría un empeoramiento del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría.

Como alternativa, se ha planteado desde los círculos académicos eliminar únicamente la subvención para los segmentos de ingresos altos y hacerlo de manera gradual. El problema con esto es que en un mercado donde coexisten precios diferentes para un mismo bien, hay la posibilidad de que se produzca arbitrariedad de precios, que haya agentes que traten de comprar en el mercado más barato para luego revenderlo en el más caro. Tampoco se elimina el riesgo de contrabando, porque el diferencial de precios interno con el internacional persiste.

Entendiendo que la eliminación de la subvención a los hidrocarburos podría ser política, social y económicamente poco factible, se debe repensar otros caminos alternos para garantizar su sostenibilidad.

A corto plazo, esta depende de la evolución del precio del petróleo y la capacidad de financiamiento del sector público. El costo de la subvención está altamente ligado al incremento del precio del petróleo que durante 2022 llegó a un máximo de $us 114 el barril y un promedio anual de $us 95.

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Ahora bien, dado que este fue un incremento transitorio, lo que se esperaría es que vaya disminuyendo y, junto con él, el costo de la subvención.

En efecto, durante los dos primeros meses del año su valor se ha reducido en un 18% y la desaceleración de la economía mundial podría precipitar aún más su disminución por debajo de los $us 60 el barril. De ser así, el costo de importación será menor al contemplado en el presupuesto de 2023, que se basó en un estimado de $us 70, lo que implicará un ahorro fiscal.

Cabe señalar que en los últimos cinco años previos a la pandemia su precio fue de $us 52 el barril.

Por otro lado, también debe considerarse la capacidad financiera que tiene el gobierno para sostener esta política de precios regulados. En un horizonte de cerca de 20 años, se advierte que el costo de la subvención fue en promedio de 1,27% del PIB.

Esta cifra resulta ser bastante manejable financieramente, tomando en cuenta que la presión tributaria para el mismo periodo se situó en 19% del PIB y la renta petrolera en 11%.

También se requiere identificar las filtraciones de combustible que se van al contrabando. Es socialmente inadmisible que existan vehículos que consuman 2.000 litros de gasolina en un día, que es el equivalente al consumo particular de un auto en uno o dos meses. La venta de combustible a placas legalmente registradas tiene que ser de cumplimiento obligatorio, así como limitar las compras excesivas en estaciones de puntos fronterizos.

Sin embargo, la solución estructural para reducir el costo fiscal no consiste en eliminar la subvención sino en acelerar el cambio de la matriz energética, que hoy es muy dependiente del consumo de combustibles fósiles. Bolivia es un país rico en energías no renovables y podría sacarles un mayor provecho, para lo cual es necesario transitar de la energía con gas a la hídrica, eólica y la biomasa, así como pasar gradualmente de vehículos a combustión interna a autos eléctricos, aprovechando la industrialización de litio.

Como etapa intermedia, y en línea con la descarbonización de la economía, se debe apostar a la masificación del uso del gas, que es menos contaminante. La sustitución de importaciones ha permitido la masificación de gas para uso doméstico e industrial, la reconversión del parque automotor a gas, la construcción de las plantas de GLP y la producción de gasolina a base de alcohol.

La construcción de las plantas de biodiesel también aportará a la sustitución de importaciones y el recambio de la base energética. A esta iniciativa pública podría también sumarse el sector privado que ha mostrado mucho interés en formar parte de esta política de Estado y su participación activa le daría un dinamismo mucho mayor.

Una estrategia integral debe además buscar una ganancia de eficiencia energética mediante una cultura ciudadana que promueva el uso de ciclovías, el transporte masivo y compartido, la reducción de los congestionamientos viales, de forma que limiten el crecimiento del parque automotor.

(*) Autor del libro La Política Fiscal en Bolivia, Lecciones y Desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. 2022.

(*)Omar Velasco es economista (*)

La sigla MAN será la nueva insignia política que embandere la oposición en las próximas elecciones nacionales. Estará conformada por resentidos políticos, liberales declarados, antimasitas, logieros, líderes espirituales y algunos falsos neokeynesianos. ¿Qué tienen en común, además de su profundo odio al masismo?

El antimasismo tiene varias expresiones y detractores. Para la clase política es su antagónico. Es la respuesta democrática a la amenaza de un régimen totalitarista castro-chavista. En el terreno económico se trata de defender las libertades humanas y empresariales hostigadas por un constante asedio público. En lo social, se manifiesta como un sentimiento de desprecio y hasta discriminación con adjetivos descalificativos que encuentran en el insulto —en redes sociales— cierta complacencia a su sentimiento de frustración ciudadana ante la ineptitud de su propia clase política e intelectual, incapaz de construir una alternativa políticamente persuasible, socialmente incluyente y económicamente viable.

Pero el antimasismo parece haber encontrado un nuevo punto de unidad, tan difícil de lograr en una oposición fragmentada y molecular. Trompetas al viento, es el anuncio apocalíptico de la tan ansiada crisis económica revelada a nuestros magníficos analistas económicos y clarividentes hace nada menos que una década y media atrás. Desterrados por cerca de dos décadas de los espacios de poder y decisión económica, y refugiados laboralmente en círculos elitistas y la academia, inflan el pecho ante la posibilidad de una inminente crisis porque la realidad les daría —por primera vez— la razón.

Los ahora denominados profetas de la salvación desempolvaron sus viejos libros de macroeconomía para recordarnos que todo déficit fiscal conduce a pérdida de reservas internacionales. Que la excesiva burocracia es un cáncer para el aparato productivo y que las subvenciones pueden provocar una miocarditis a la sostenibilidad fiscal. A ojos de los MANistas, el déficit fiscal sería la madre de todos los males y exterminarlo su deber. Cuchillo en mano, es hora de una liposucción.

Cabe recordar que durante la presidencia de Jeanine Áñez hubo un discurso parecido —que luego fue cambiado a causa de la pandemia. En el afán de ajustar las cuentas públicas, recortaron la inversión del Estado y llevaron al TGN a una situación de casi iliquidez. Como resultado, la economía entró en una recesión meses antes de iniciada la pandemia. El ajuste al gasto público no corrigió el déficit fiscal ni la tendencia declinante de las RIN, sino que, por el contrario, los acentuaron.

Frente a la demanda extraordinaria de dólares, hoy se propone como gran idea eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y elevar las tasas de interés en moneda externa. Esta propuesta no es otra que el retorno a la dolarización financiera que ya vivimos en los años 90, cuando el sistema financiero era altamente vulnerable a las corridas bancarias y la política monetaria, poco efectiva. La dolarización no elimina expectativas devaluatorias, más bien las refuerza. Un esquema de dolarización parcial no podría mantener el tipo de cambio fijo por mucho tiempo, a no ser que sea completo. Las expectativas de devaluación arrastrarían a la economía boliviana al antiguo esquema de las minidevaluaciones. La eliminación del ITF puede ser nefasta porque originaría una corrida de depósitos en un contexto de desanclaje de expectativas.

Los MANistas bolivianos hacen esfuerzos de reinventar el neoliberalismo en Bolivia, pero con ideas escasas y poco originales, casi siempre repetidas por otros economistas liberales de la región como Axel Kaiser o Javier Milei. A falta de una propuesta de modelo alternativo serio, los MANistas tratan de defenestrar el actual. Sus anuncios buscan manipular las expectativas de la gente al sembrar un clima de pesimismos y desconfianza sobre las políticas económicas en curso y que pongan en duda el modelo económico actual. Es la construcción de una narrativa de crisis económica en ciernes, electoralmente redituable y políticamente necesaria para reemplazar la antigua agenda del 21F.

El MAN es la expresión gringa de lo individual en contraposición a lo social, lo regional por encima de lo nacional, el mercado por sobre el Estado. El neoliberalismo está tratando de rearticularse en Bolivia y ya tiene sigla.

Omar Velasco Portillo es economista.