En días pasados, el Banco Central de Bolivia anunció que participaría en el mercado cambiario de manera directa, ofreciendo un tipo de cambio de Bs 6,95 por dólar para los exportadores. Este tipo de cambio no modifica el actual régimen cambiario que ha mantenido el precio del dólar estable por más de una década, ya que su valor se encuentra dentro del rango entre el tipo de cambio oficial de compra y venta.

Por otro lado, en el mercado interbancario todos los días se cotiza los dólares en función a la liquidez de los bancos y otros factores. En algunas ocasiones, los exportadores reciben por sus divisas un mejor tipo de cambio que el oficial y en otras su precio está más pegado a la banda inferior del tipo de cambio oficial. El tipo de cambio de venta también fluctúa dentro de la banda cambiaria y por debajo del límite superior. El Banco Central busca —con esta medida— otorgar un incentivo a los exportadores al pagar un precio más alto en relación al promedio histórico retribuido por el sistema financiero.

Desafortunadamente, el anuncio fue interpretado por algunos malos analistas económicos — y difundida por medios de comunicación y redes sociales— como una supuesta devaluación disfrazada y que apoyándose en la tendencia decreciente de las reservas internacionales han dado a entender que el Banco Central no podría mantener la estabilidad cambiaria por mucho tiempo. En realidad, previo al anuncio, el sistema financiero ya ofrecía un tipo de cambio superior al de compra oficial, al cual el BCB se sumó como participante. En ese sentido, no se ha modificado el régimen cambiario que mantiene la relación fija entre el dólar y el boliviano.

Empero, el deficiente entendimiento de la medida —con o sin mala intención— ha alterado las expectativas del público y aparentemente pretendería infundir miedo en la población. En días recientes, se observó que algunos ciudadanos se han apresurado a ir a los bancos a retirar depósitos en dólares o comprarlos en las casas de cambio. Estas acciones producen una demanda extraordinaria de dólares que son las que dan la sensación de escasez y alimentan la especulación sobre la divisa.

Cuando las reservas internacionales de un país disminuyen, éstas pueden ser susceptibles de recibir ataques especulativos. A medida que un número mayor de personas se suma a este fenómeno acumulando dólares, se reduce su disponibilidad efectiva acelerando la pérdida de reservas hasta un punto en el cual el Banco Central puede verse obligado a romper la paridad de su moneda con la divisa y devaluar —para defender la caída de reservas—. Una vez que esto sucede, el banco ya no puede volver a mantener la paridad cambiaria en el futuro, así que el tipo de cambio comienza a fluctuar. Esta situación es conocida en la literatura económica como crisis de balanza de pagos.

Cuando esto ocurre, los especuladores celebran la devaluación porque luego del ataque especulativo a la moneda doméstica — que termina perdiendo valor— logran obtener un mayor margen de ganancia por la acumulación de dólares. Quienes realizan estos aciagos pronósticos festejan el hecho de haber influido con sus anuncios en el comportamiento de las personas, induciéndolas con sus acciones a que sus profecías se cumplan, a lo que el profesor Roger Farmer lo denomina profecías auto-cumplidas. Paradójicamente, la población en su conjunto se ve envuelta en una crisis profunda, a la cual es arrastrada por sus propias decisiones.

De retorno al contexto boliviano. En el país se advierte un frontal ataque especulativo a la estabilidad cambiaria que busca presionar la caída de las reservas internacionales. Estos anuncios sistemáticos de analistas, políticos, medios de comunicación no puede ser entendido de otra manera que como parte de una estrategia de terrorismo de Estado en el plano económico, que busca sembrar un clima de preocupación e intranquilidad en el país.

Para descargo, se acusa al propio Gobierno de ser responsable de exacerbar las expectativas de la gente, cuando en realidad resulta más que evidente que son los propios anuncios de quienes embusteramente dicen defender la estabilidad los que —con sus hechos— las están promoviendo.

La especulación es un delito que atenta contra la estabilidad económica. La población debe evitar caer en la desinformación.

Omar Velasco Portillo es economista.

La caída de reservas internacionales ha encendido las alertas de viejos opositores y nuevos detractores oportunistas que buscan sembrar un clima de intranquilidad en el mercado financiero, la población y poner en duda la estabilidad económica en el país que se encuentra a pocos años de alcanzar su mayoría de edad.

La posibilidad de realizar compra, venta y otras operaciones financieras con el oro de las reservas —que dispone el BCB— se ha interpretado como la prueba irrefutable del agotamiento del modelo económico. Para estos analistas el oro ha llegado a convertirse en una reliquia, una joya, como topos de mujer de pollera o la corona de la extinta reina Isabel II.

En realidad, el oro es un activo financiero al igual que lo son las divisas porque cumplen las mismas funciones: financiar las operaciones de comercio exterior y las obligaciones financieras de un país con el resto del mundo. Esta función la cumple el oro a cabalidad porque es el activo más líquido del mundo. Pero, además es activo de refugio, es decir, es altamente demandado por gobiernos e inversionistas cuando caen los rendimientos de los otros activos internacionales.

En 2022, por ejemplo, la mayoría de los países redujo sus reservas internacionales como consecuencia del fortalecimiento del dólar que produjo el retorno de los capitales internacionales invertidos en los países emergentes y en desarrollo hacia los países desarrollados. En cambio, el precio del oro, a diferencia de cualquier otro activo internacional, ha mantenido un crecimiento sostenido y presenta menor volatilidad que muchas otras divisas. En consecuencia, aportar por la acumulación de oro es una forma de proteger las reservas internacionales de futuras crisis.

El proyecto de ley sobre el oro que presentó el Ejecutivo tiene como fin esencial fortificar las reservas internacionales mediante la compra de oro en el mercado doméstico. Esta iniciativa legislativa está plenamente justificada en la medida que Bolivia es uno de los principales países exportadores de oro en la región. Solo en 2022 se exportó más de $us 2.700 millones al exterior. El propósito de esta norma es permitir que una fracción de la riqueza aurífera generada en Bolivia pueda quedar en el país.

Apostar por una mayor acumulación de oro es una estrategia prudente, pues rompe con la hegemonía del dólar norteamericano como una estrategia de diversificación del riesgo, al menos hasta que en la economía mundial se defina un nuevo sistema monetario internacional menos volátil y vulnerable a crisis financieras. Sin embargo, estas virtudes del oro no pueden llevarnos a la atolondrada idea de crearle un culto y que prohíba su venta o cualquier otra transacción financiera con su stock. El viejo Marx se refería al fetichismo de la mercancía al hecho de otorgarle un valor que reside a la propia mercancía y no a las relaciones interpersonales que produce la mercancía. En Bolivia, algunos analistas parecieran otorgar el mismo valor a las joyas en oro.

El proyecto de ley también busca despolitizar la administración de las reservas porque es una tarea eminentemente técnica. El Banco Central de Bolivia debe ser el único banco en la región que no tiene la facultad de decidir sobre el uso financiero del oro ya sea para realizar operaciones de intercambio temporal por otras divisas o ponerlas en garantía. Estas operaciones que son normales para cualquier banco central menos en Bolivia, que debe pasar por una autorización de la Asamblea. Este candado legislativo limita la capacidad de administrar óptimamente nuestro oro cuando el precio internacional es alto. Pese a estos potenciales beneficios, se advierte un intento de bloqueo en la Asamblea para dilatar su aprobación que ya lleva cerca de dos años de socialización.

Omar Velasco Portillo es economista.

DIBUJO LIBRE

El camino hacia la igualdad es un proceso complejo, siempre en curso e inacabado (Thomas Piketty, 2021). La lucha por la igualdad está impregnada en la historia de las naciones. Solo con mayor igualdad podría una sociedad como la boliviana alcanzar mayor cohesión social y un sentido de unidad nacional profundo, que permita construir pactos sociales en torno a imaginarios colectivos comunes. La desigualdad, por el contrario, es uno de los riesgos más altos a los que se enfrenta la democracia. Estas son algunas reflexiones del informe La igualdad posible. Alternativas para imaginar la próxima milla en Bolivia que publicó el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM) y fue presentado el 18 de enero en el espacio Simón I. Patiño. En este artículo comento algunas de las cavilaciones más importantes de este informe.

OXFAM denomina “gran salto” a la reducción de la desigualdad que consiguió Bolivia en la década pasada y que fue ampliamente reconocida por organismos internacionales, por ser uno de los países con mayores avances. Esta reducción estuvo marcada por la voluntad política de los actores y su convicción de crear una sociedad más justa, plasmada en la Constitución Política del Estado de 2009, la cual permitió establecer un nuevo pacto social.

También influyó el contexto macroeconómico favorable y la redefinición del papel del Estado, otorgándole un rol redistribuidor y protector de la política fiscal.

Cuando los esfuerzos por reducir la desigualdad del ingreso se hacían cada vez más difíciles, sobrevino la crisis sanitaria. La pandemia reconfiguró las desigualdades acentuándolas. Según OXFAM, 9 de cada 10 bolivianos vieron afectada su situación económica por causa de la pandemia.

El informe identifica distintos tipos de desigualdades, no solo desde el enfoque clásico de la diferencia de ingreso entre segmentos de la población, sino a partir de múltiples miradas al empleo, la educación, al género, la etnia y al lugar de residencia. Actualmente, a pesar de los grandes avances, aún se advierte un gran espacio para las políticas públicas y millas por recorrer para reducirlas. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la brecha digital, la condición urbano-rural, lo público y lo privado o la discriminación por causas diversas, como la condición étnica o la preferencia sexual, son algunas barreras que impiden vivir en igualdad entre bolivianos.

La problemática de la desigualdad no es únicamente una cuestión objetiva, sino que responde a las emociones y las valoraciones subjetivas de quienes las sufren. El informe revela que la percepción de los individuos sobre la desigualdad es diversa y puede diferir de su posición en la distribución del ingreso. En consecuencia, la sensación sobre desigualdad es diferente entre regiones, estratos sociales, niveles de educación y género, entre otras.

El hecho de que algunas desigualdades puedan ser consideradas más injustas para unos que para otros se debe a que cada quien tiene una percepción diferente de ellas, porque parte de contextos específicos distintos y, por tanto, tiene diferentes grados de permisividad o intolerancia. A nivel de la sociedad, se construyen imaginarios colectivos que tienden a dar mayor prioridad a la lucha contra una desigualdad frente a otra. De forma que en cierto momento una sociedad puede tener más interés en buscar mayor igualdad en, por ejemplo, el acceso a la salud, y en otro momento esa misma sociedad inclinarse por la conquista de otra, como el empleo de mejor calidad. Eso muestra que la percepción de igualdad/ desigualdad está arraigada en cada sociedad de forma distinta.

En esencia, lo que el informe comunica es que la cuestión de la igualdad no es un concepto unidireccional, estático, lineal y abstracto, sino que por el contrario tiene un carácter multidimensional, es cambiante en el tiempo, con múltiples trayectorias y se desarrolla sobre realidades concretas distintas.

La aspiración de una sociedad más igual no debe ser confundida con los postulados de los regímenes comunistas. El deseo de mayor igualdad no quiere decir que se la obtenga a costa de reducir el bienestar de quienes mejor posicionados están en la sociedad, sino que algunos grupos menos favorecidos, como los identificados por OXFAM (mujeres, indígenas o informales), mejoren más rápido su bienestar en relación a otros grupos. En la metáfora que utiliza el título del libro, de milla próxima para reducir la desigualdad, se quiere decir que mientras unos viajen en taxi, otros lo harán en teleférico. El camino hacia la igualdad es un tránsito al desarrollo que todo país debe recorrer, solo que algunos lo han hecho más rápido que otros y el desafío como sociedad es encontrar nuestros propios saltos y atajos.

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Para construir estos nuevos puentes, el informe propone algunas alternativas: 1) profundizar y consolidar la redistribución del ingreso, explorando nuevas y más eficaces formas de intervención; 2) atender las exclusiones más graves y aquellas intersecciones (más de una desigualdad a la vez) persistentes; 3) redistribuir la riqueza mediante mecanismos fiscales y otros que frenen la acumulación desmedida de la riqueza; y, 4) la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación es parte de esta agenda. En síntesis, el trabajo muestra la necesidad de mejorar los actuales sistemas de protección social, del mercado laboral y del sistema educativo, como móviles que apuntan a caminar en esa dirección.

Estas acciones no podrían aminorar las desigualdades sin nuevos acuerdos y compromisos políticos y sociales. Podrán darse incluso situaciones en que las desigualdades se mitiguen sin la necesidad de ingentes recursos, sino más bien a través de voluntades políticas y una mayor conciencia social que impulsen estas transformaciones.

El camino hacia la igualdad comienza con el reconocimiento de las desigualdades. El informe propone alternativas, como parte de una agenda crítica en la que se advierte el resurgimiento de antiguas desigualdades y la aparición de nuevas. Este trabajo es como una brújula para marcar el horizonte hacia donde se debe orientar el esfuerzo de las políticas públicas y, seguramente, dará mucho de qué hablar.

(*)Omar Velasco P. es economista.

Han pasado 32 días desde que los cívicos cruceños apostaran por un paro indefinido como medida de presión ante la negativa del Gobierno de modificar la fecha del Censo para 2023. A más de un mes de protestas callejeras, los ciudadanos de a pie comienzan a retomar una vida casi normal, empero, el aire que se respira a los alrededores pareciera estar lleno de intrigas entre sus habitantes sobre ¿qué ganó Santa Cruz con el paro?, ¿qué ganó el pueblo boliviano? o ¿quién verdaderamente se benefició de esta pulseta política?

El día después del paro es igual de difícil que salir de una resaca. Las fábricas encienden nuevamente sus máquinas, las plantas comienzan a recalentar sus hornos, los buses prenden motores, los bancos reabren sus puertas al público, el comercio se reaviva gracias a la movilidad de la gente. La actividad económica comienza a reactivarse.

Desafortunadamente para la economía popular ya es un poco tarde. Muchas familias dejaron de vender el poco capital con el que trabajan día a día. Los expendios de comida, el comercio y otros servicios tienen que enfrentar el cobro de alquileres y otros costos fijos del mes a pesar de no haber trabajado. En el sector agropecuario los campesinos tuvieron que rematar su producción incluso a su costo por miedo a quedarse con la cosecha en manos. Los transportistas deben cuotas mensuales a los bancos que, de no cumplirlas, entrarán en mora. En fin, una gran parte de la población cruceña y boliviana ha sufrido grandes pérdidas.

Esta estrategia no solo buscó desgastar políticamente al Gobierno, sino que apostó por la autodestrucción del propio aparato productivo y el deterioro de los principales indicadores económicos que ostenta el Gobierno. Esta aventura política le ha costado al país más de $us 1.000 millones de su Producto Interno Bruto, limitando su capacidad de expansión inicialmente proyectada en 5,1% a cerca de la mitad (2,6%). La inflación de octubre subió en 0,75%, un valor mensual solo superado por la inflación de noviembre de 2019, coincidentemente en otra protesta ciudadana iniciada en el oriente.

Desde los círculos cívicos, la lectura parece ser otra. Hay un esfuerzo mediático desmedido por magnificar los réditos del paro, cuando en la realidad es evidente que el sacrificio de la población cruceña fue enorme en comparación con los resultados alcanzados. La distribución de recursos ya estaba contemplada en la Ley de Participación Popular 1551. Para la distribución de escaños no se requiere una nueva ley, sino hacer cumplir al Tribunal Supremo Electoral los plazos ya establecidos en la Ley 026. La agenda del federalismo tampoco es nueva. Pareciera correr un sentimiento de desilusión y rabia en algunos segmentos de la población cruceña por sentirse utilizados más que escuchados por su propia clase política.

Lo que corresponde ahora es dar vuelta a la página de los conflictos y retomar la senda del trabajo y la producción. El show mediático se ha trasladado de las calles a la Asamblea Legislativa. Se requiere mucha madurez política de sus actores para destrabar este conflicto y no crear un nuevo campo de batalla. Una señal positiva desde el Gobierno sería que anuncie algunas ayudas para la población más afectada, como facilidades de pago en el cobro de las obligaciones tributarias, extender los plazos para el diferimiento y reprogramación de créditos y una posible ampliación de la fecha límite para el pago del aguinaldo, para dotar un respiro al sector privado.

Santa Cruz ha ganado presencia política más beligerante en las calles que con su representación parlamentaria que ha demostrado ser poco efectiva y que paradójicamente hoy reclama ser más numerosa. La infrarrepresentación cruceña en la vida política nacional no se debe al número de escaños, sino a la falta de capacidad de sus líderes políticos que no han logrado contagiar al resto del país hacia un mismo proyecto político, por falta de una visión integradora de desarrollo nacional. En su lugar, se ha atrincherado en reivindicar casi aisladamente la bandera del regionalismo. El movimiento ciudadano cruceño que está emergiendo de estos cabildos se merece nuevos liderazgos con ideas renovadoras. La actual clase política cruceña debe dar un paso al costado y repensar su estrategia política de cara al futuro, porque ni la población boliviana y ni el propio pueblo cruceño le darán opción a un nuevo paro indefinido.

Omar Velasco Portillo es economista.