Censo de calidad y no de comodidad
La realización de un censo es la actividad estadística más importante de un país. La esencia de un proceso censal es conocer cuántos somos, cómo vivimos y qué necesitamos. Se trata de averiguar acerca de la realidad sociodemográfica de cada rincón del país, de forma que la política pública pueda actuar adecuadamente para cubrir las necesidades insatisfechas identificadas.
El anuncio de postergación del Censo ha reabierto un nuevo frente de batalla entre el Gobierno y algunos líderes políticos regionales. Desde el oriente se ha construido un discurso que busca politizar el proceso censal. El cambio de fecha se ha interpretado como un intento de prorroguismo ante la inevitable reconfiguración del mapa electoral y como un perjuicio para las regiones con mayor ritmo de crecimiento de sus habitantes, quienes reciben menos recursos y, en consecuencia, un menor desarrollo nacional. En suma, la actividad censal ha sido reducida a la mera redistribución de la renta fiscal y el cuoteo político.
Este cálculo político lacónico y mezquino, que exige adelantar la fecha del Censo, desconoce que el proceso censal es un conjunto de etapas sistemáticamente organizadas y que las actividades precensales son igual de importantes que el día del empadronamiento. De la buena preparación del Censo dependerá la calidad de las estadísticas de población y vivienda sobre las cuales las propias entidades territoriales deberán ejercer sus políticas competenciales.
En el contexto actual, la etapa precensal está siendo perjudicada por el avance de la pandemia, que impide la movilización del personal y dificulta su socialización masiva. La guerra en Europa ha limitado la disponibilidad de dispositivos electrónicos como la compra de tablets, que son fundamentales para las tareas previstas. Estos inconvenientes afectan el normal avance de la cartografía y podrían condicionar las pruebas posteriores (piloto y censo experimental), como se ha advertido en otros procesos censales en el mundo.
La elección oportuna del día del Censo es una tarea eminentemente técnica que deberá tomar en cuenta, por ejemplo, el ciclo de desplazamientos poblacionales estacionales durante el año por factores climáticos, la zafra o aquellos vinculados al inicio y conclusión del año escolar. Pretender acelerar estos procedimientos es una muestra de desconocimiento de los estándares internacionales que avalan los procesos censales y un capricho político para quienes buscan su comodidad antes que la calidad del proceso censal. Se debe dejar de politizar la fecha del Censo como si se tratara de fijar el día de un clásico o un concierto.
Por otro lado, se ha creado una excesiva expectativa respecto a los réditos económicos y políticos a partir de los resultados del próximo Censo que es necesario desmitificar. Con base a las proyecciones de población del INE, se advierte que el número de escaños parlamentarios en Santa Cruz asociados al criterio de proporcionalidad podría incrementarse de 28 a 31 con una consecuente disminución en el occidente; sin embargo, es muy difícil que la recomposición de curules incida en el poder político gobernado por las alianzas andino vallunas, que continuarán siendo mayoría.
Santa Cruz pasará de representar el 26,8% de la población, según el Censo 2012, a cerca del 28,6%. De haberse realizado el Censo en 2020, los municipios en ese departamento habrían recibido cerca de Bs 100 millones adicionales, es decir, un 5% más de transferencias. Ello habría implicado que a otras regiones del país se les reste esa misma cuantía. Si bien la redistribución de la renta fiscal debe tener un correlato proporcional al tamaño de la población, no refleja estrictamente sus necesidades, ya que no es menos cierto que los municipios cruceños son los menos pobres en Bolivia y que esa redistribución acentuará las desigualdades entre regiones. Parecería que los gobernantes en el oriente aspiraran a subir sus ingresos fiscales a costa de otras regiones y aumentar su dependencia fiscal con el nivel central, en lugar de pensar en cómo generar sus propios ingresos. Es la autonomía reducida a la repartija de fondos estatales.
Todos estos elementos deberían ser analizados con antelación a la nueva redistribución fiscal; pero con independencia de ello, se debe dejar trabajar a la entidad que tiene a su cargo la importante tarea del proceso censal. La población debería exigir ante todo un censo de calidad, antes que otro de comodidad (de unos cuantos).
Omar Velasco Portillo es economista.