Aún no desaparecía el olor a pólvora de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, luego de la masacre de estudiantes ese 2 de octubre de 1968, cuando Annie Pardo y otros militantes de la rebelión juvenil mexicana salieron a las calles a repartir volantes denunciando la represión ordenada por el gobierno. Ella y su marido, Carlos Sheinbaum, habían logrado escapar de las balas del ejército, pero no de las represalias, pues días después les quitaron el trabajo, los expulsaron de la universidad y fueron perseguidos durante varios meses. Claudia, la hija de ambos, tenía entonces seis años de edad. Dentro de cuatro meses, será la primera presidenta en la historia de este país.

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Claudia Sheinbaum Pardo creció oyendo discursos y proclamas desde el desayuno hasta la cena; leyendo periódicos y libros que sus padres le dosificaban: ella, bióloga, maestra y doctora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y él, ingeniero químico de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara. La ideología de izquierda vino en su torrente sanguíneo, pues su abuelo paterno, un judío asquenazi inmigrado, fue un destacado militante del Partido Comunista Mexicano en los años 20.

De la mano, sus padres la llevaban a sus clases de francés y ballet, pero también a la cárcel de Lecumberri a visitar a dirigentes obreros y campesinos presos. Su primaria y secundaria las cursó en una de las llamadas escuelas activas, de esas donde la enseñanza, a diferencia de la escuela tradicional, es horizontal, democrática y donde el alumno aprende a través de la observación, experimentación y pensamiento crítico. En 1977, ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y, cuando no estaba en clases, asistía a marchas sindicales y apoyaba huelgas. Hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordó cómo ayudó a la guerrilla M-19 cuando estaban de clandestinos en México.

En 1986, durante un conflicto en la UNAM y a punto de egresar de la carrera de Licenciatura en Física, conoció al que iba a ser su esposo durante 29 años, Carlos Imaz, un académico con el que procreó una hija y crio a otro solo de él. Juntos, echaron abajo una reforma que las autoridades pretendieron imponer.

En 1992, hizo la maestría en ingeniería energética, en 1995 el doctorado en ingeniería ambiental y se afilió por primera vez a un partido que había sido fundado cinco años antes por un grupo de políticos de izquierda, entre ellos Andrés Manuel López Obrador; un amor ideológico a primera vista y para siempre. Cuando AMLO fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en 2000, la incluyó en su gabinete; después la impulsó a una alcaldía y finalmente a jefa de gobierno de la Ciudad de México, una gigantesca urbe de cerca de 10 millones de habitantes. Recibió varios premios, entre ellos, el Nobel de la Paz en 2007, concedido a un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, del que formó parte.

En 2004, Sheinbaum vivió quizás el peor momento de su vida. Su esposo fue videograbado recibiendo dinero de Carlos Ahumada, un empresario argentino. Según se investigó después, habría sido para apoyar campañas políticas. Los señalamientos de corrupción la mancharon, tanto, que buscó a López Obrador para presentarle su renuncia, pues formaba parte de su gabinete. AMLO no se la  aceptó, porque sabía que ella no tenía nada que ver. Le reafirmó su confianza y la convenció de seguir adelante. Claudia eligió y tiempo después, se divorció. Y así permaneció durante varios años, hasta que por Facebook se reencontró con Jesús María Tarriba, un viejo amor estudiantil con el que se casó en segundas nupcias, en 2023.

El próximo 24 de junio cumplirá 61 años de edad. Se le ve feliz. A primera vista, da la impresión de que es una mujer demasiado seria, fría, hermética; sus opositores la motejaron como «la mujer de hielo», pero los que la conocen dicen que es cautivadora, amable hasta casi la ternura, pero firme y de decisiones indiscutibles. Más racional que emocional; más a la izquierda que el propio AMLO; una científica, que sin embargo y sin decir agua va, agarra un día su guitarra y se pone a cantar canciones de amor, como esa que dice: Gracias a la vida, que me ha dado tanto…

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

Los derechos humanos constituyen un patrimonio común de la humanidad, producto de la lucha de los pueblos. Nadie puede adjudicarse su invención y mucho menos su defensa exclusiva, pero el gobierno de Estados Unidos cree tener la patente y la autoridad moral de decir quién los respeta y quién no, qué está bien y qué está mal. Como si no supiéramos que se trata de un instrumento más de intervención, de presión y chantaje a los países de los que pretende obtener algo. Es un viejo ariete que tiene historia.

Comenzó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. América Latina no tuvo otra alternativa que adscribirse incondicionalmente a la órbita de Estados Unidos y de su doctrina de contención del comunismo, frente a la otra mitad soviética durante la Guerra Fría. La primera artimaña de la nueva potencia fue promover en México la Conferencia de Chapultepec, una reunión de cancilleres de 20 países realizada en marzo de 1945  “para asegurar la paz, seguridad y desarrollo… el hombre debe ser el centro de interés de todos los esfuerzos…” Cinco meses después, en agosto, lanzó sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de 246.000 civiles.

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En abril de 1948, creó la Organización de Estados Americanos (OEA) para “afianzar la paz y seguridad del Continente, asegurar la solución pacífica de las controversias, defender la soberanía…” Siete meses después, en noviembre, apadrinó el golpe de Estado en Venezuela contra del presidente Rómulo Gallegos, que había sido democráticamente elegido. Un mes antes, en Perú, contra José Luis Bustamante. Seis años después, en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala.

En agosto de 1959, la OEA empezó a usar palabras como “tiranía” y “opresión” en sus discursos y creó en Chile su principal órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seis meses después del triunfo de la revolución cubana, en enero de ese año. Dos años más tarde, Cuba fue expulsada de la OEA y sometida al bloqueo económico por parte de Estados Unidos.

En 1979, se creó en Costa Rica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en La Paz, Bolivia, el estatuto actual de la CIDH en una reunión de la OEA, a finales de octubre de ese año, sospechosamente horas antes de que Alberto Natusch Busch perpetrara el golpe de Estado y la masacre de Todos Santos, para evitar un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer, otro dictador apoyado por los norteamericanos durante la campaña de represión y terrorismo llamada Operación Cóndor, ampliamente respaldada por Estados Unidos, que sabía del golpe de Natusch como de todos los golpes en Latinoamérica que orquestó desde los años 50, bajo su Doctrina de Seguridad Nacional.

La CIDH tiene su sede en Washington y como miembros a 20 países de América, menos Canadá y Estados Unidos, principal donante y financiador de las actividades de este organismo, y el que aporta más de la mitad del presupuesto de la OEA. De este modo, dirige y monitorea cada una de las visitas de la CIDH a los países que serán evaluados, juzgados y posteriormente castigados por la Corte. A todos, menos a ellos.

Según la fundación Construir, hasta mayo de 2023 la CIDH había admitido 21 casos en contra del Estado boliviano, promovidos por diversos personajes, desde Manfred Reyes Villa hasta los protagonistas del caso Terrorismo, como Branko Marinkovic y los otros.  Simultáneamente, en su último informe sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos dijo que en Bolivia hay tortura, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, corrupción gubernamental, violencia y mencionó insidiosamente los nombres de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

Estados Unidos, el mayor vendedor de armas en el mundo; el que tiene el mayor porcentaje de su población encarcelada; el que más guerras ha provocado en lo que va del siglo; el que tiene prisioneros sin juicio desde hace más de 20 años en Guantánamo, suelo que le arrebató a Cuba; el mayor instigador de golpes de Estado en Latinoamérica; el ladrón de territorios desde1848, cuando le quitó a México más de la mitad de su territorio; el verdadero terrorista, cómplice del genocidio en Palestina; el que tiene recursos ilimitados para destruir países, como Haití; el único en el planeta en usar bombas atómicas contra civiles… ¿Es el juez de los derechos humanos?

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

1) Hay que doblegarlo. Ante el demoledor triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, sus enemigos que no pudieron frenarlo con un nuevo fraude, se resignaron y buscaron el abrazo, como hacen los boxeadores que están a punto de irse a la lona. Halagándolo, se acercaron sumisos para ver si por las buenas conservaban algunos privilegios, pero no: los empresarios fueron obligados a pagar sus millonarias deudas al fisco, la Iglesia Católica dejó de imponer su agenda, las autoridades electorales que habían fingido imparcialidad durante 36 años fueron desenmascaradas y los dueños de medios y periodistas, acostumbrados a una relación corrupta con el gobierno, dejaron de recibir financiamientos y embutes. Rabiosos, pero con disimulo, recomenzaron su guerra, ahora subterránea. Lo atacaron con tanta saña, a través de la radio, la televisión y los periódicos, que se le comparó con Francisco I. Madero, líder de la Revolución Mexicana (1910). En toda la historia de este país, solo esos dos presidentes fueron injuriados y calumniados con tanta sevicia.

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2) Hay que sabotearlo. Como vieron que ni la pandemia lo tiró, ni la economía se fue a pique, que no hubo devaluación ni fuga de capitales, ni ninguna catástrofe que auguraron, buscaron nuevos aliados y los encontraron en los jueces y fiscales del Poder Judicial. Toda iniciativa del gobierno, cualquiera, encontró un muro de rechazo en el Poder Judicial: empresarios extranjeros que medran con recursos energéticos y que el gobierno quiere someterlos a la Justicia, fueron protegidos, lo mismo que estafadores y defraudadores del Estado; hasta una ley eléctrica que beneficiaría a la población, aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo, fue echada para abajo. Delincuentes que ya estaban encarcelados, fueron liberados con argumentos tan insólitos como que la hora en que fueron detenidos, no era la misma que aparecía en el expediente. Así, salieron narcotraficantes, asesinos confesos, políticos corruptos, violadores y hasta los secuestradores de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En respuesta, el gobierno propuso cambios constitucionales para que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por voto popular.

3) Hay que destruirlo. En esas estaban cuando les llegó el tiempo de las elecciones presidenciales que serán este próximo 2 de junio. Desesperados, los enemigos de AMLO juntaron a tres partidos de distinta ideología e eligieron a una candidata, Xóchitl Gálvez, a quien apuntalaron con millonarios gastos propagandísticos y todo el apoyo de los medios. Pero como un globo que se desinfla, así se desinfló con el tiempo su candidata. A un mes de las elecciones, su adversaria Claudia Sheinbaum, del partido de AMLO, le lleva 30 puntos de ventaja. Entonces, decidieron jugar su última carta: descarrilar la elección, buscar la forma de que sea anulada; relacionar al gobierno con el narcotráfico y desatar la violencia política, con asesinatos incluidos.

Buscaron ayuda en Washington y la obtuvieron: el mismo día y casi a la misma hora, The New York Times, la agencia Deutsche Welle y un medio llamado Propública, emitieron una nota periodística, en febrero de este año, que decía que agentes estadounidenses habían comenzado una investigación sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a las campañas del entonces candidato AMLO en 2006 y 2018. Pero como sus fuentes no eran confiables y no había pruebas, decidieron cerrarla. Fin de la nota. Pero eso bastó para que sus adversarios realizaran una intensa campaña cibernética con el hashtag “AMLOnarcopresidente”, que a la fecha lleva 300 millones de reproducciones, la mayoría de bots y robots, operados desde España, Argentina y Estados Unidos. Según la plataforma Pandemiadigital.net, en marzo se publicaron nuevamente 30 millones de mensajes relacionando a AMLO y la candidata Claudia Sheimbaum con el narcotráfico.

Simultáneamente aumentaron los asesinatos de candidatos a diferentes puestos de elección —55 hasta el momento—, la mayoría del partido de AMLO. Varios más fueron secuestrados y desaparecidos. ¿Hasta dónde llegarán los conspiradores? No se sabe. Pero cuando esos poderes se juntan con los del crimen organizado, todo se puede esperar.

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

Un día de febrero de 1924, hablando de México, pero que podría aplicarse a cualquier país latinoamericano, el exsecretario estadounidense Robert Lansing dijo: «México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente. Debemos abandonar la idea de instalar a un ciudadano estadounidense en la presidencia mexicana, ya que eso solo nos llevaría, una vez más, a la guerra. La solución requiere más tiempo: debemos abrir las puertas de nuestras universidades a mexicanos jóvenes y ambiciosos y hacer el esfuerzo por educarlos en el estilo de vida estadounidense, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y, con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y eventualmente tomarán posesión de la presidencia misma, y sin que Estados Unidos tenga que gastar un solo centavo o disparar un solo tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente de lo que nosotros mismos podríamos haber hecho”.

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La descripción de esos “jóvenes ambiciosos” encaja perfectamente en Daniel Noboa, presidente de Ecuador. No solo porque desde niño se educó en escuelas y universidades estadounidenses, sino porque nació en territorio estadounidense, Miami, hace 36 años. Millonario, hijo y nieto de millonarios y con escasa experiencia política, llegó a la presidencia tras una serie de hechos, un magnicidio incluido que, ahora se ve, no fue producto de accidentes, sino de un manual de operaciones de lo que el ejército de Estados Unidos llama “guerra no convencional”. Una estrategia en la que —para  desestabilizar y dominar a un país— ya no se usan tanques y aviones, sino el caos y el miedo a través de una guerra psicológica, con tecnología cibernética y la intervención de agencias como la CIA y la USAID.

En solo seis años, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a ser el más peligroso del mundo, con “bandas de narcoterroristas”, temor en sus calles y caos en la política. Exactamente como lo planifica el manual de esta guerra. A principios de agosto de 2023, la carrera para la presidencia estaba encabezada por Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, seguida por otros dos candidatos, Fernando Villavicencio en cuarto lugar y en un lejano sexto sitio, Daniel Noboa. Luego del asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto, su cónyuge acusó por radio y televisión a Rafael Correa y a su candidata de ser los autores intelectuales y en las elecciones del 20 de agosto… Noboa brincó del sexto a un segundo lugar. Meses después, ganó en la segunda vuelta.

En sus operaciones clandestinas, la CIA trata de no dejar huellas ni testigos comprometedores. En el asesinato de Villavicencio hay elementos que aún no han sido aclarados: 1) Ya había sido víctima de agresiones y amenazas y por eso tenía guardias y un vehículo blindado. El día del crimen, a plena luz del día, sus custodios no lo rodearon, no usaron el vehículo blindado y lo subieron a una pequeña camioneta que no tenía chofer ni otro guardia que cuidara los flancos. Una vez adentro, le dispararon a la cabeza. 2) Luego de los disparos, un sicario fue herido y, en vez de trasladarlo a un hospital para curarlo y que después declarara, lo llevaron a la Fiscalía, donde murió desangrado. 3) Capturaron a otros siete implicados que, nueve días antes de la segunda vuelta de las elecciones, aparecieron muertos en la cárcel donde estaban recluidos. 4) El teléfono celular de Villavicencio sigue sin aparecer.  

La guerra no convencional estadounidense tiene varios objetivos: el control de un país y de sus recursos naturales, pero también el de una plataforma de operaciones contra otros países. El presidente Noboa solicitó la intervención de Estados Unidos y la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ya estableció en Ecuador su cuartel regional. De ahí salió la orden de invadir la embajada mexicana y dinamitar de ese modo los intentos de integración. De ahí saldrá el golpe final. ¿Se acuerda que hace unos meses Richardson habló de la urgencia estadounidense de tener el dominio sobre el agua dulce, petróleo, gas, litio y otros recursos del área? Pues esa es la siguiente misión del hombre de Washington que, debiera saber, que así como los usan, los desechan cuando ya no les sirven.

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

Lo que desde hace varias décadas ocurre: un grupo de países, con Estados Unidos a la cabeza, invadirá de nuevo el país con tropas para someter a los insurrectos, conformarán un gobierno transitorio y… pondrán a un nuevo gerente que cuide sus intereses. Con el tiempo, este nuevo gerente será repudiado porque los haitianos ya no quieren más intervenciones extranjeras, habrá nuevas revueltas, otras intervenciones, y así.

Siguen haciendo creer al mundo que los haitianos no pueden gobernarse solos. Francia y Estados Unidos, los mayores saqueadores de este país, no les perdonan aún su atrevimiento de llevar a cabo la primera revolución exitosa de esclavos en América, en 1791, y la primera independencia, en 1804. La rebelión de esclavos que echó de su territorio a Francia y cimbró al gobierno esclavista estadounidense que, tras varios intentos de represión, se vio obligado a abolir la esclavitud en 1863. Desde esos tiempos los castigan imponiéndoles títeres que no gobiernan para ellos, sino para los invasores. Francia invadió Haití en 1697 y se quedó casi 100 años; Estados Unidos, cuatro veces: 1915-1934, 1994-1995, 2004-2017 y 2017-2019.

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Haití tuvo 65 gobernantes, la mayoría militares, que llegaron al poder no a través de elecciones, sino mediante golpes de Estado financiados desde el exterior. Por eso, según Jake Johnston, investigador del Center For Económic and Policy Research, Haití, más que un Estado fallido, es un “Estado dependiente”, un Estado separado de la gente, con un contrato social roto que no representa a la población en sí porque no controla la economía, pues un 80 % de los servicios públicos están en manos de organismos privados, la mayoría conectados con empresas extranjeras.

La historia registra a Jean Bertrand Aristide como el único presidente haitiano democráticamente elegido desde 1804. Fue dos veces presidente, en 1991 y 2001. Fue de los pocos que vio por su pueblo y el único que se atrevió a desafiar de nuevo a Francia: le reclamó la devolución de esa millonaria indemnización que le cobró a la nueva república de Haití, luego de su independencia. Y no le pidió todo, solo $us 21.000 millones para ayudar a su empobrecido país. Lo tacharon de loco y lo único que logró fue un golpe de Estado y una nueva invasión estadounidense que lo sacó del gobierno en 2004.

Ese año, Estados Unidos, Francia y Canadá ocuparon la isla con una nueva coartada: la Minustah  (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití),  “para apoyar al Gobierno de Transición a fin de garantizar un entorno seguro y estable…” ¿Le suena la frase? Se quedaron hasta 2017. Después, estos mismos países, volvieron a invadir Haití en 2017 con la Minujusth (Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití) “que busca transitar…” Se quedaron hasta 2019.

¿Qué buscan hoy estos países, cobijados por la ONU y ahora con la complicidad de otras naciones del Caribe? Lo mismo, incluso con las mismas palabras: “Un Consejo Presidencial de transición, integrado por representantes de los diferentes sectores del país, que…”

Pero además de todo, y ya para finalizar con el tema, Estados Unidos, Francia y Canadá tienen otras 20.000 millones de razones para no dejar que los haitianos se gobiernen solos.

En 2012, Dieuseul Anglade, exfuncionario de la agencia minera de Haití, denunció que empresas estadounidenses y canadienses descubrieron nuevas vetas de oro, plata y cobre por unos $us 20.000 millones en colinas que antes no habían sido exploradas. Según una investigación de la organización Haití Grassroots Watch, son las canadienses Eurasian Minerals y Majestor, y las estadounidenses Newmont Mining y VCS Mining que, junto a sus subsidiarias locales, ya habían comprado licencias de explotación y otros permisos, y ya realizaban perforaciones.

En 2023, estudios realizados en otra zona de Haití, conocida como el macizo norte, donde están las localidades de Morne Bossa, Faille B y Grand Bois, descubrieron otros tres grandes yacimientos de oro de unas 26. 800 toneladas, junto a otros de cobre, aluminio, lignito, plata y carbonato de calcio. También petróleo e iridio. Las mineras canadienses y estadounidenses tienen actualmente la concesión de un 15% del territorio haitiano. ¿Se entiende ahora por qué seguirá la intervención extranjera en Haití?

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista