La Gaceta Jurídica

Referéndum y Ley Marco de Autonomías

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 24 de agosto de 2012

Una asamblea popular, por llamarle así, realizada en el estadio principal de la ciudad de Santa Cruz ha acabado “resolviendo”, entre varios puntos, pedir la realización de un referéndum destinado a conseguir modificaciones en la denominada Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Se ha destacado la necesidad de que en esa modificación se consagre una normativa destinada al respeto de los periodos de mandato que corresponden a las autoridades cuyo origen es la elección popular y, particularmente, la que corresponde a la función de gobernadores.

El primer detalle que debemos anotar al respecto es el referido a la validez jurídica de las llamadas “asambleas” o “reuniones populares”, que en nuestro país han venido proliferando hasta convertirse en una inagotable fuente de decisiones definitivas. Dígase sino de dónde nace la mayoría de las huelgas, paros, bloqueos, marchas y otras innumerables muestras de protesta por todos los motivos habidos y por haber.

La Constitución Política de 1967 no consagraba la existencia o, sí se quiere, el funcionamiento de las “asambleas” como tales. Se limitaba, en el artículo 4 a hablar de la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum.

La actual Constitución Política del Estado (cpe), en su artículo 11, nos habla de las formas de ejercer la “democracia participativa”. Entre estas, además de las ya citadas, añade la revocatoria de mandato, la consulta previa, la asamblea y el cabildo. Y en la parte final del punto II-1, añade: “Las Asambleas y Cabildos, tendrán carácter deliberativo, conforme a ley”.

Difícil distinguir entre asamblea y cabildo, porque en última instancia este último no deja de ser una asamblea popular. El añadido del texto constitucional significa que las asambleas, fundamentalmente, pueden deliberar, o sea, debatir sobre un tema para luego adoptar acuerdos o decisiones. La Asamblea Legislativa Plurinacional queda comprendida en el acápite del ejercicio de la “democracia representativa” (inciso II-2 del mismo artículo 11).

Por tanto, aunque no exista en este momento una Ley Reglamentaria para el ejercicio de la función de las asambleas, éstas han quedado “constitucionalizadas” con todo lo que esto supone. Por otra parte, la falta de reglamentación expresa, no impide la aplicación de normas constitucionales.

Estamos de esta manera frente a un campo inmenso como posible fuente normativa que no prevé el artículo 410 de la misma Constitución. Pero lo cierto es que, en adelante, las decisiones de las muchas asambleas y cabildos, en su caso, tienen pleno respaldo jurídico, como lo han tenido desde la promulgación de la cpe. Vayamos ahora al tema concreto: reforma y modificaciones en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Se ha dicho además, que se obtendría un millón de firmas que respalden la respectiva convocatoria al referéndum.

Respecto a este último requisito, la Ley del Referéndum del 6 de julio del 2004 señala que cuando aquél pretende originarse en una iniciativa popular, se requerirá un total de firmas equivalente al 6 por ciento del padrón nacional electoral. Esto último supondría algo más de 300.000 firmas, para un referéndum de alcance nacional como el que se pretende. Un millón, es demasiado.

No acaba de comprenderse la utilización de un instrumento como el referéndum para una modificación de ciertos artículos de una Ley vigente. En qué quedaría como consecuencia la función primordial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es precisamente la de legislar.

¿Se explica de otra forma? Claro que sí. Sería poco más o menos que pedir peras al olmo que la actual Asamblea modifique los artículos irritantes que se refieren  a la suspensión de asambleístas departamentales, gobernadores, concejales y alcaldes.

Aquellos, fueron añadidos ex profeso al texto de la Ley Marco de Autonomías para su indiscriminada utilización contra determinados adversarios políticos regionales o locales. Se trataría entonces de lograr mediante el referéndum una decisión a nivel nacional que, teniendo carácter vinculante, obligue al Congreso a efectuar las respectivas modificaciones.

Pero hagamos la respectiva distinción. Una cosa es un referéndum que podría eventualmente originarse en una iniciativa legislativa ciudadana, señalada por la ley especial ya citada, y otra es la referida en forma concreta y específica a la figura de la democracia directa y participativa, llamada iniciativa legislativa ciudadana, que el artículo 11 de la actual CPE destaca, como nos hemos permitido señalar. Pero lo hace en forma separada y distinta del referéndum, y por algo tiene que ser.

En efecto, la figura de la iniciativa legislativa ciudadana, entendemos que para el caso que se analiza, es sin duda la más idónea. Sencillamente porque aquella implica el planteamiento concreto no de una ley nueva, como sería lo habitual o lo corriente, pero si la modificación específica del texto de una ley en vigencia. Argumentos para la modificación de la Ley Marco de Autonomías, en lo relativo a la suspensión de autoridades departamentales y locales elegidas por el voto popular, existen en enorme cantidad. En realidad, sobran.

Pero es necesario, por otra parte, aclarar y dejar establecido que no se trata, como parece pretenderse, de establecer una especie de resguardo jurídico intocable a aquellas autoridades sólo por el hecho de que su origen sea una elección popular. Estas últimas no pueden, en ningún caso, ser “irresponsables” en el ejercicio de sus funciones, pues se someten también a la Ley. Otra cosa es que a ésta, en este momento, se trate de forzarla, acomodándola a ciertos intereses políticos y partidistas.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia